El Alto Tribunal no admite a trámite un recurso del Gobierno balear contra la sentencia que le obligaba a ofertar la asignatura en 2º de Bachillerato
El obispado de Mallorca ha informado este martes de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de Baleares contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que obligaba a la Consejería de Educación a ofertar la asignatura de Religión en el segundo curso de Bachillerato.
En su auto, el Alto Tribunal explica que la legislación educativa obliga a los poderes públicos a ofertarla a los alumnos, que son los que luego deciden si elegirla o no. Con esta resolución, contra la que ya no cabe recurso, se confirma plenamente la sentencia del TSJ balear del pasado mes de enero tras el recurso del obispado mallorquín.
En esa sentencia, el tribunal considera que la omisión de la oferta obligatoria de 2º de Bachillerato vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución –derecho de los padres a elegir la educación religiosa para sus hijos y el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto– y, de igual modo, infringe el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.
Y añade, sobre los citados derechos fundamentales: «Debe destacarse que en ambos preceptos no solo se recoge el derecho de los padres a elegir la educación religiosa que deseen para sus hijos y la liberta ideológica, religiosa y de culto, sino que exigen que los poderes públicos deben imperativamente garantizar los mismos, les imponen una actuación encaminada a tutelar la existencia y goce material y efectivo de tales derechos y libertades a favor de los ciudadanos».
En este caso, el obispado de Mallorca se congratula de esta resolución y espera que en el futuro no sea necesario acudir a los tribunales para que sean reconocidos los derechos de los padres y los alumnos.
Esta no es la primera batalla sobre la clase de Religión que la Iglesia gana en los tribunales, a donde ha acudido tras el desarrollo legislativo de la Lomce sobre la materia a nivel autonómico. Se han producido casos en Aragón, Asturias, Andalucía y Extremadura, donde los Gobiernos regionales –todos en manos del PSOE con apoyos de otras formaciones de izquierda– han intentado vía decretos u órdenes autonómicas reducir el peso de la asignatura.
