Anoche conocíamos que la Educación concertada también recibirá ayudas frente al COVID-19. Así lo quieren PSOE, Podemos y ERC, que han enmendado el punto del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Cada euro que se escapa de la pública a la concertada es una traición al Estado de Bienestar y contribuye a a la desigualdad, que avanza en nuestro país a pasos agigantados.
La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha sido un escenario de negociación y, como tal, todas las partes habrán tenido que ceder. Esta traición a la necesitada Educación pública, seguramente, es una de esas cesiones, toda vez que nuestro Estado aconfesional no consigue sacudirse de una vez por todas la mala influencia de la Iglesia Católica.
Asumida la necesidad de hacer concesiones, ¿por qué soy tan crítico? Porque la Educación concertada vive privilegiada. Tan sólo se trata por igual a la pública y a la privada para la recepción incondicional de las ayudas, salvo que en nuestro Gobierno se ponga las pilas. En cualquier negociación se precisan cesiones -lo hemos visto con el Fondo de Recuperación europeo– con pero, ¿qué cesión hace la concertada? Ninguna.
¿Quieren ayudas? Muy bien, pero con condiciones. Ningún centro que reciba ayudas estatales debería segregar al alumnado por sexo: si lo hacen, no hay dinero. Del mismo modo, la contratación del profesorado ya no sería libre como hasta ahora, sino que debería salir de la bolsa de empleo del ministerio de Educación. Hasta la fecha, esta libre contratación abre la puerta a que estos centros hagan y deshagan a su antojo, abusando de los profesores y profesoras so pena de despido. Del mismo modo, aquellos centros con bachillerato no concertado no podrán utilizar al mismo profesorado ‘subvencionado’ para impartir esas clases… como hacen ahora.
Otra condición que los colegios concertados tendrían que aceptar si quieren ayudas públicas es dejar de seleccionar al alumnado que aceptan. Este tipo de centros acostumbra a rechazar a alumnos o alumnas que precisan una atención especial para fomentar su integración, como es el caso de l@s menores con Síndrome de Down. Este alumnado puede seguir perfectamente el ritmo de una clase, tan sólo precisa de un pequeño apoyo. Sin embargo, la Educación concertada les cierra las puertas.
En esta misma línea, deberían quedar automáticamente excluidos de las ayudas estatales aquellos centros concertados que cobren cuota no voluntarias a los padres y madres. Eso, sencillamente, es ilegal. Por ley, ni siquiera las cuotas por servicios complementarios (comedor) o actividades extraescolares pueden lucrar a los dueños o dueñas de estos centros. Y lo hacen.
Vemos, pues, que hay un amplio margen para establecer una condicionalidad al cobro de ayudas estatales por parte de la Educación concertada. En mano del Gobierno está hacerlo y acabar con los privilegios de quien mercantiliza con la Educación, con los auténticos atropellos sufridos en Comunidades como la de Madrid, que ya en el pasado miró para otro lado sin imponer sanciones pese a detectar cobros irregulares a las familias por 167 colegios concertados. Otra traición a la Educación Pública.
David Bollero
