Alternativa Laica saluda y valora de forma muy positiva la aprobación definitiva por el Senado de la nueva ley del aborto.Consideramos que es un triunfo de la democracia y de los derechos de las mujeres.
Toledo, 28 Febrero 2010
A pesar de todas las campañas y presiones ajenas al Parlamento puestas en marcha por los sectores mas conservadores y, muy especialmente, por la jerarquía católica, con la Conferencia Episcopal al frente, por fin, va a ver la luz una ley que amplía los derechos de las mujeres, que establece garantías jurídicas y despenaliza el aborto dentro de los plazos establecidos en la misma, a la vez que establece su ejercicio dentro del catálogo de prestaciones del sistema sanitario público. La ley recién aprobada regula una serie de derechos que conforman una visión integral de la salud sexual y reproductiva en todos sus aspectos como un elemento principal de la formación de la persona.
Con este cambio legislativo España se asemeja a los países de su entorno en esta materia, a pesar de hacerlo con un notable retraso.
Desde el punto de vista de la defensa de los derechos civiles, Alternativa Laica se felicita y felicita especialmente a las mujeres, que, a partir de ahora, podrán decidir sobre su maternidad y la interrupción de su embarazo con garantías jurídicas plenas y desde la consideración de sujetos con derechos, que no requieren de la tutela de instituciones o de supuestos expertos y que no tienen que estar sometidas a los dictados morales de nadie, excepto los propios de cada una.
Es, por tanto, un triunfo de la democracia y de los derechos, que a nadie obliga, y que sitúa el debate en la decisión libre de cada persona a pesar de aquellos que con anatemas y condenas morales ya están pidiendo su derogación.
En torno a la ley del aborto se han sucedido reiteradamente campañas malintencionadas y demagógicas que ponen de manifiesto la pretensión de imponer a todos y, fundamentalmente, a todas, formas de actuar y de pensar basadas en unas creencias que ni todos ni todas compartimos negando la libertad de actuar según las convicciones morales de cada persona, sin respetar, como si hacemos una mayoría de la sociedad, la libertad y el derecho a decidir de cada uno.
Pretenden que se legisle de acuerdo a su moral y según sus concepciones, olvidando interesadamente que el legislador se debe sólo y exclusivamente a los ciudadanos y que la función de legislar corresponde únicamente al Parlamento, cuyos diputados se han elegido democráticamente en las urnas. Se trata, sin duda, de una injerencia intolerable en la vida política, además de una evidencia de la falta de respeto a la obligada separación de las creencias religiosas de las funciones legislativas en un estado aconfesional o laico como el español. No existe nada por encima de la soberanía popular de la cual emanan todos los poderes del Estado, según la Constitución Española.
Por otra parte, las declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal amenazando con la excomunión de aquellos diputados que hayan votado la ley, a la vez que exculpan al Rey que debe estampar obligatoriamente su firma para que entre en vigor la misma, no son más que otra muestra de la hipocresía y de la doble moral de la que la iglesia hace gala en su pretendido magisterio moral y que nos retrotraen al lenguaje y las prácticas de otros tiempos en los que el poder de la iglesia era y tenía efectos en este mundo.
La ley de salud sexual y reproductiva, o ley del aborto, es el resultado de la acción de un parlamento democrático. Pero algunos no pueden soportar que las personas tengan capacidad de decisión, sobre todo, si esas personas son mujeres, que para la iglesia siempre serán ciudadanas de segunda categoría.