Un tribunal ha decidido este martes mantener la suspensión cautelar de la eutanasia de Noelia a petición de su padre, rechazando así el recurso de la Generalitat para levantarla.
La asociación Derecho a Morir Dignamente exige una reforma legal urgente para agilizar los recursos contra la eutanasia y que no se alargue el sufrimiento de los solicitantes.
Noelia tiene 24 años, vive en un centro sociosanitario de Catalunya y sufre una paraplejia irreversible -tras un intento de suicidio- que le impide moverse de cintura para abajo, le provoca fuertes dolores neuropáticos e incontinencia. Su vida, marcada por el dolor tras su enfermedad, le ha llevado a pedir la eutanasia. Aunque la ley le ampare, los tribunales aún no la dejan ir. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Y con él, su sufrimiento.
En abril de 2024, Noelia solicitó acogerse a la ley de eutanasia. La Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya le dio la razón y fijó la fecha para el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, la ejecución del proceso sigue paralizada casi un año después. El Juzgado de lo Contencioso número 12 de Barcelona ha acordado este martes mantener la suspensión cautelar del procedimiento tras rechazar un recurso de la Generalitat para levantarla. La jueza argumenta que la ley obliga a conservar esas medidas «hasta que exista una sentencia firme».
Noelia quedó parapléjica tras arrojarse desde un quinto piso con intención de quitarse la vida en octubre de 2022, después de vivir una infancia entre centros de menores, sin una red familiar y tras sufrir una violación múltiple. Casi dos años después, pidió acogerse a la ley de eutanasia. A pesar de los informes médicos que acreditan su deterioro y el sufrimiento crónico, su padre (con el respaldo de la asociación Abogados Cristianos) recurrió la decisión alegando que su hija no está en condiciones psicológicas de tomar esa decisión ya que presentaría una ideación suicida, delirios paranoides y un presunto trastorno bipolar. Sin embargo, la Generalitat sostiene que la joven cuenta con una situación funcional «permanente e irreversible», con un sufrimiento físico y emocional «exacerbado» desde la suspensión de la eutanasia. Ahora, el proceso está paralizado, sin fecha concreta, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya lo estudie a fondo y emita una sentencia firme.
La asociación Derecho a Morir Dignamente ha alzado la voz ante el caso de Noelia, denunciando lo que consideran una vulneración grave de derechos fundamentales. Subrayan, en declaraciones a Público, que muchas de las personas que solicitan la eutanasia lo hacen porque «su vida es solo dolor» y se encuentran en un «contexto eutanásico, con un sufrimiento físico y emocional grave, permanente e irreversible». Desde la entidad advierten con contundencia que «obligarles a seguir viviendo es, sencillamente, imponerles un trato inhumano y degradante. Es equivalente a una forma de tortura».
Además, reclaman una mejora urgente en el marco legal que regula estos procesos. Proponen una reforma específica en la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa que permita agilizar los recursos relacionados con la eutanasia. «Lo que hace falta es una pequeña reforma en la ley que establezca la tramitación preferente para los recursos contra la eutanasia. No puede ser que tenga el mismo ritmo que un litigio fiscal o urbanístico», explican. Y recuerdan que «los jueces y fiscales deben entender que este no es un procedimiento como cualquier otro. Aquí hay una persona sufriendo mientras se tramita el caso. Eso requiere una respuesta más ágil y más urgente».
En el caso concreto de Noelia, subrayan que «desde el momento en que su padre recurrió, el juez dictó medidas cautelares que suspenden la resolución favorable a su eutanasia.No se ha levantado esa suspensión en ningún momento. Mientras tanto, su sufrimiento se ha agravado. Y eso no debería pasar».
En la demanda, el padre de Noelia presentó una nota manuscrita como prueba de que su hija dudaba sobre su decisión, pero la joven explicó que la escribió medio dormida y bajo presión, dictada por dos personas vinculadas a una comunidad religiosa que se colaban en su habitación sin permiso. Aseguró ante notario que no sabía lo que estaba escribiendo y que solo quería que se fueran. La directora del centro confirmó que estas intrusiones eran habituales. En el juicio celebrado el pasado marzo, Noelia denunció haber sufrido coacciones, como la colocación de símbolos religiosos en su habitación, y reafirmó su voluntad de recibir la eutanasia. Tras la evaluación de un médico forense, el juez determinó que Noelia mantiene sus capacidades cognitivas intactas.
Además, durante el juicio siete especialistas -entre médicos y forenses- coincidieron en que Noelia conserva plenamente sus competencias y no presenta ninguna alteración mental que comprometa su capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida.
La oposición del padre
Uno de los aspectos más delicados del caso es determinar si el padre tiene legitimación para presentar una demanda que influye directamente en una decisión tan trascendental como la vida o la muerte de su hija. En marzo pasado, una jueza autorizó la eutanasia y rechazó que el padre tuviera capacidad legal para oponerse. No obstante, aunque la Fiscalía respaldó el derecho de Noelia a morir dignamente, consideró que su familia sí tenía derecho a presentar un recurso.
«En general, la familia tiene un interés legítimo para intervenir si dudan de la capacidad de decisión de su hija, y por tanto pueden acudir a la justicia. Sin embargo, en este caso concreto, ese interés no está acreditado. Noelia vive en un centro social y ha vivido en un centro de menores, prácticamente abandonada y sin red familiar. El interés legítimo no basta con haber sido padre biológico, también implica haber cuidado, educado y querido, y eso aquí no se ve», señala a Público Eugenia Palop, jurista y experta en derechos humanos,
Un caso similar al de Noelia es el de Francesc Augé, de 55 años, que padece secuelas de dos ictus y tres infartos, y obtuvo el año pasado la aprobación para acceder a la eutanasia. Sin embargo, su padre, de 94 años, se ha opuesto legalmente al proceso. Aunque en noviembre un juzgado autorizó la muerte asistida, al considerar que la relación familiar no era causa válida para impedirla, el TSJC ha revocado esa decisión tras admitir recursos del padre y de la Fiscalía. Aunque en el caso de Augé comprende la postura de su padre, él defiende su derecho a morir dignamente. Por ahora, el proceso está paralizado a la espera de una nueva resolución judicial.
Abogados Cristianos
Organizaciones ultras como Abogados Cristianos, que acuden a los tribunales para impedir la aplicación de la ley de eutanasia, lo hacen -según denuncian colectivos defensores del derecho a decidir- movidas por convicciones morales que no deberían interferir en la libertad individual. «Hay que respetar la libertad individual de cada persona para decidir aquello que solo le afecta a ella y no perjudica a nadie más. La libertad individual no vale solo, como decía la presidenta de Madrid, para poderse tomar una caña en una terraza. La libertad individual sirve para cosas mucho más importantes. Por ejemplo, para decidir si quieres seguir viviendo o no cuando tu vida es un solo dolor», sostienen desde Derecho a Morir Dignamente.
Para Eugenia Palop, las dudas sobre la voluntad de Noelia no son neutras ni objetivas, sino que responden a prejuicios ideológicos. Señala que «la razón por la cual se duda de la voluntad de Noelia es, en primer lugar, claramente un prejuicio que sostiene una asociación llamada Abogados Cristianos, que quiere imponer un modelo de vida y un proyecto de vida a los demás, de acuerdo a sus propios criterios morales, que son completamente privados y personales». A su juicio, esto resulta «absolutamente inadmisible» en un Estado de derecho.
«Pensar que nadie en su sano juicio puede querer morir voluntariamente es una idea profundamente errónea. Si no penalizamos la tentativa de suicidio, ¿por qué estamos dispuestos a castigar a alguien que no puede quitarse la vida por sus propios medios? Negarle esa posibilidad es, en ciertos contextos, una forma de tortura. Existen razones legítimas para decidir sobre la propia muerte, y ni el Estado ni ninguna organización religiosa pueden sustituir esa decisión personal. A eso lo llamamos principio de autonomía», concluye.
