En España no hay justicia ni reparación ni verdad para los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura, y ahora hemos sabido que en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tampoco. Este órgano internacional, entre otros, había venido exigiendo de forma reiterada a España que debe investigar todas las violaciones a los derechos humanos que se perpetraron a partir de la Guerra Civil y la dictadura, y velar por que se identifique a los responsables, se los enjuicie y sancione apropiadamente, y se repare a las víctimas.
Lo había dicho también refiriéndose a lo que había concluido el Comité contra la Desaparición Forzada en 2013 recordando que una desaparición forzada no ocurre en un momento determinado, sino que sigue cometiéndose hasta que «la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad» y señalando que España estaba incumpliendo su obligación de buscar y esclarecer la suerte de las personas sometidas a desaparición forzada en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura. Estas obligaciones, estos incumplimientos, no son abstracciones, tecnicismos. Suponen la violación de los más esenciales derechos humanos de concretas personas. Derechos cuya última salvaguardia corresponde a estos órganos internacionales.
Así las cosas, dos de estas personas acudieron hace algo más de dos años al Comité de Derechos Humanos para demandar sus derechos. Para que tras años de lucha y después de todos los incumplimientos que el mismo Comité había constatado por parte de las autoridades españolas, este órgano mandatase a España a cumplir con sus obligaciones internacionales, ya no en general, sino para con ellas. La respuesta que hace unos días han recibido de la mayoría del actual Comité es que entienden que no tienen competencia para hacerlo. Dicen ahora que se sienten incompetentes para abordar «desapariciones forzadas que ocurrieron en un pasado muy lejano» y que estas dos personas no habían presentado «quejas» suficientes ante las autoridades españolas.
Hay decisiones de órganos de derechos de humanos para enmarcar, y otras, como ésta, que rayan en lo incomprensible y causan una gran decepción. Alguno incluso sentirá vergüenza. Pero no es el momento de rebatirla técnicamente, lo importante ahora es no olvidar que con esta decisión se vuelve a privar a varios seres humanos de sus derechos más básicos.
En concreto, a Francisca Alomar Jaume y Tolita Riera Alomar, hija y nieta, respectivamente, de Antoni Alomar y Margalida Jaume, desaparecidos en Mallorca en 1936 durante la Guerra Civil. La denuncia se refería a las violaciones de derechos humanos padecidas por el matrimonio Alomar-Jaume pero también por sus dos hijas (de 11 y 8 años de edad, una de ellas ya fallecida) y sus descendientes. La desaparición cambió drásticamente la vida de sus dos hijas durante la guerra y toda la posguerra, y nunca fueron reparadas por el Estado, ni durante la dictadura ni tampoco en democracia hasta el día de hoy, pese a todos sus intentos.
El hecho de ser niñas e «hijas de rojos» incrementó su situación de vulnerabilidad en una sociedad profundamente patriarcal. Pasaron de tener una vida apacible a tener que vivir en casa de distintos familiares, separadas, y ponerse a trabajar sin poder acudir a la escuela. Mientras, siguieron esperando el regreso de sus padres pues no fueron conscientes de lo ocurrido hasta años después. El temor, el desamparo y el silencio en torno a su desaparición, en plena dictadura y aún después, el miedo a molestar a los familiares, la incomprensión ante su sufrimiento y la indiferencia de la sociedad en general y de las instituciones ante los crímenes del franquismo, les impidieron cualquier opción real de demandar verdad, justicia y reparación.
El primer día en que se creó en Mallorca la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en 2006, acudieron a ella las dos hijas de Antoni Alomar y Margalida Jaume preguntando por sus padres. Representadas por esta Asociación, ese mismo año denunciaron su desaparición ante la Audiencia Nacional, que se inhibió a favor del Juzgado de Palma, donde el procedimiento fue archivado; el archivo fue confirmado por la Audiencia Provincial de Mallorca y el Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo.
Posteriormente, a raíz de la apertura de una fosa cerca de Manacor (municipio en donde fueron detenidos los desaparecidos), acudieron al Juzgado de Manacor, sin resultado. Todas las denuncias han sido y siguen siendo archivadas en aplicación de los argumentos del Tribunal Supremo de 2012. Ya los hemos criticado en otras ocasiones, como lo han hecho los mismos órganos internacionales que decíamos al inicio. En resumen, se dijo y dice que en España no procede la investigación penal por desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura dado que estarían prescritas, los presuntos responsables estarían muertos, el carácter permanente de las desapariciones sería una ficción inaceptable jurídicamente, etc., y, en todo caso, que les sería aplicable la Ley de Amnistía de 1977.
Con la misma Asociación, están personadas en la querella argentina y solo gracias a ella han sido escuchadas en sede judicial, y eso a pesar de la falta de cooperación judicial de las autoridades españolas. Han realizado también trámites administrativos ante la Comisión Técnica sobre Personas Desaparecidas y Fosas del Gobierno de las Illes Balears (creada por la Ley balear 10/2016 para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo) para poder exhumar los restos de sus familiares, así como para poder obtener una reparación integral por los daños sufridos.
Ante todo lo resumido, el Comité en esta decisión literalmente «reconoce el profundo sufrimiento, angustia y estrés causados por la desaparición forzada de sus familiares y por la actitud de indiferencia mostrada por el Estado parte frente a las reiteradas solicitudes de las autoras durante diversas décadas por la verdad y la justicia». Para tras ello, construir una tan restrictiva como casi telegráfica argumentación que le lleva a concluir que, como ya dijimos, nada puede hacer. Es lamentable, muy lamentable. Algunos de sus extremos nos parecen singularmente deplorables, aunque no solo a nosotros: en uno de los votos en contra, cuatro de los dieciocho integrantes del actual Comité apuntan que parecen diseñados para poder no condenar a España
La inacción e indiferencia de los órganos de la Administración Central, y especialmente de los judiciales, no han impedido que gracias al empeño de la familia y de la asociación, a una legislación y gobierno autonómicos comprometidos, a un historiador incansable y a un equipo forense extraordinario, hace unos días se hayan podido encontrar los restos de Antoni Alomar en una fosa común exhumada por el Gobierno balear por cuya existencia y viabilidad pocos apostaban. De su mujer, aún no se sabe nada, solo que estaba embarazada de siete meses y que fue violada antes de su muerte, como los fascistas hicieron saber a todo el pueblo.
La identificación de Antoni Alomar es una gran e inesperada noticia. Un primer paso para restituir sus derechos y los de sus familiares. Un primer descanso para su hija, que ahora tiene 92 años, de quien una evaluación psicológica concluyó que ha estado siempre enferma de tristeza. Un logro para el que la mayoría del actual Comité de Derechos Humanos no ha querido estar a la altura. Su decisión, con todo, al no pronunciarse sobre el fondo, no impide que se examinen otros casos. Esto es una lucha por los derechos esenciales de todos los seres humanos, y también contra el paso del tiempo, que se cierne sin compasión sobre los familiares de desaparecidos. Seguiremos.
