Portadas de revistas, series de ficción, programas de humor y tuits han protagonizado sonados casos judiciales, algunos este mismo año, que dibujan un complejo mapa de los límites del humor en España
Parece una premisa de ficción y lo es, en concreto de la serie Dos años y un día (Atresplayer Premium), estrenada durante el verano de 2022, pero la noticia de que un cómico se sienta en el banquillo de los acusados por un chiste aparece cada vez con mayor frecuencia en las páginas de los periódicos en España. Por chistes ideológicos, referentes a minorías, a colectivos más o menos agrupados en asociaciones y a individuos que creen ver injuriado su nombre. Los que ofenden o molestan a unos no suelen molestar u ofender a otros, hay quien se molesta por todo y hay quien no se molesta por nada. El baremo, pues, no es al peso. ¿Cuál es, entonces? Un repaso a los casos más sonados contados por sus protagonistas puede ayudarnos a dibujar el mapa del humor a juicio en España.
Las acciones legales propiciadas por un tuit son hoy una noticia habitual, pero el humor se sentó en el banquillo de los acusados en España mucho antes de que el pájaro azul anidara en todas las pantallas. Si tomamos como inicio de los intentos de ponerle coto a la sátira el inicio de las libertades en España, tenemos que empezar este repaso por la Transición. El paquete explosivo que estalló el 20 de septiembre de 1977 en manos del conserje del edificio donde se elaboraba la revista satírica El Papus (1973-1986), reivindicado por Triple A, fue la primera señal que demostró que las reglas del juego de la España democrática no iban a ser toleradas por todos.
“Muchas publicaciones aperturistas de la época padecieron secuestros, suspensiones, multas y expedientes y, especialmente, la prensa satírica, como fueron sobre todo los casos de Hermano Lobo (1972-1976), El Papus (1973-1987) y Por Favor (1974-1978). Incluso La Codorniz (1941-1978), revista humorística nacida y tolerada durante la dictadura, tuvo entonces un secuestro gubernativo el 4 de abril de 1975″, como bien relata El humor frente al poder. Prensa humorística, cultura política y poderes fácticos en España (1927-1987). Las publicaciones humorísticas del momento debían tener mucho cuidado en lo que respectaba a sus retratos del ejército, la Iglesia y la monarquía, los tres asuntos que en virtud a la legalidad vigente les podían meter en más problemas.
Aquella portada de El Jueves
Con la Transición finalizada, cualquiera podría pensar que los reparos a la crítica desde el humor a ciertas instituciones estaban superados, pero entonces llegó aquella portada de El Jueves secuestrada legalmente en 2007 y que llevó a sus responsables al banquillo. En ella se retrataba al por entonces todavía príncipe de Asturias Felipe de Borbón y su esposa Letizia Ortiz manteniendo relaciones sexuales. El chiste aludía al cheque bebé que por aquel entonces aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero: los príncipes estaban poniéndose las pilas para tratar de optar a la ayuda estatal. El juez del Olmo pidió que se secuestrara la portada, algo que a la revista le ocurría por tercera vez (las otras dos ocasiones tuvieron lugar en 1977, en su primer número y en el séptimo). Finalmente, Manel Fontdevila y Guillermo Torres, responsables de la portada, fueron condenados por un delito de injurias al Príncipe Heredero, previsto en el artículo 491.1 del Código Penal, por el juez José María Vázquez Honrubia, quien condenó a cada uno de los caricaturistas a pagar una multa de 3.000 euros.
“Poco ha cambiado la cosa cuando la portada sigue estando prohibida [solo se permite su reproducción como elemento informativo] y cuestionar a la Monarquía puede seguir dando problemas”, reflexiona hoy Fontdevila. “Lo que ocurrió entonces sirvió para demostrar que la Monarquía es criticable y que hay un problema de libertad de expresión ahí, pero también que hay una clase política, de uno u otro signo, con muy pocas ganas de hacer estos deberes. Entiendo que mis viñetas son humor, pero también son opinión, y mi opinión sobre la Casa Real es la que es. Mi profesión roza lo precario y meterse en juicios, los ganes o los pierdas, es un gasto y de esto se aprovechan partidos y asociaciones con abogados en nómina”.
Fontdevila también distingue entre el humor que cae en desuso porque la norma social lo va abandonando y el que acaba en los tribunales: “El debate sobre los límites del humor ha añadido confusión a todo. En pocos años hay temas que han cambiado mucho a nivel de género, feminismo, homosexualidad… y esto provoca que gran parte del humor que se ha hecho en las últimas décadas se vea rancio, anticuado y una parte de la profesión se levante contra la dictadura de lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación cuando no es más que un proceso natural. Me sorprende que haya quien reivindique el derecho a hacer chistes de rubias tontas y de mariquitas, como en los setenta, y siga sin ver problemático el lío en que te puedes meter por hacer chistes del Rey, del Ejército o de la Iglesia”.
La estocada a Mongolia
Edu Galán, cofundador de la revista Mongolia, aborda el asunto desde una perspectiva diferente de la de Fontdevila. Cuando se le pregunta si hay que temer más la censura conservadora, que en líneas generales suele tirar con mayor facilidad del Código Penal, que la supuesta censura woke promovida por la llamada cultura de la cancelación, él lo tiene claro: “Ambos son autoritarios, pero los iliberales conservadores, como los Abogados Cristianos, son más peligrosos. Eso sí: a mí los meapilas no me asustan, son la misma bazofia que llevo sufriendo desde que nací, aunque ahora algunos se disfracen de progres. Me asustan más los que me increpan desde la izquierda y acusan de violencias u odios que solo existen en su cabeza”.
En 2016, el cartel satírico de una actuación de la revista Mongolia, de la que él formaba parte, contenía la imagen de la cara de Ortega Cano en el cuerpo de un extraterrestre en primer plano, seguido de una nave espacial estrellada con el texto “Viernes de dolores… sábados de resaca”. El extraterrestre sostiene un cartel en el que puede leerse: “Antes riojanos que murcianos”. En 2018, el torero los llevó a juicio por vulnerar su honor y utilizar su imagen con fin publicitario, y ganó en primera instancia. Los editores recurrieron y en 2020 el Supremo confirmó la condena a la revista, hasta ahora el último paso judicial de uno de los casos más sonados que han enfrentado al humor con la ley.
Cuando Galán recibió la citación para declarar como testigo en el juicio su primera reacción fue de incredulidad: “Pensé que era absurdo: por supuesto que era con fin publicitario, ¡las revistas satíricas se publicitan satirizando! Y con ánimo de ridiculizar y señalar una contradicción, como cualquier medio satírico. Lo penable sería que Mongolia hubiese anunciado coches con la cara de Ortega Cano o que le hubiésemos perseguido con una alcachofa diariamente preguntando sobre su vida privada, pero eso él jamás lo denunciará porque vive de ello. Ahí le va la penitencia: han condenado al único medio que jamás le ha perseguido de verdad”. A comienzos de este mismo mes, la revista recibía una nueva denuncia, por parte de la asociación Abogados Cristianos, por un delito de ofensa a sentimientos religiosos a raíz de una portada en la que el niño Jesús aparecía, representado en un Belén, como un excremento.
La televisión es un Cristo
No solo la prensa escrita ha pasado por el juzgado. Diciembre de 2004. Javier Krahe es entrevistado en Lo + Plus. De fondo, se utilizan como recurso unas imágenes de un cortometraje rodado por el propio Krahe junto a Enrique Seseña en 1977 sobre cómo cocinar un Cristo. Las imágenes formaban parte de 10 comentarios, una obra de Krahe y Seseña, y aparecían en la película Esta no es la vida privada de Javier Krahe. El vídeo del programa acabó en la Audiencia Provincial de Madrid, debido a una querella interpuesta por el Centro Jurídico Tomás Moro por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos.
Krahe recordó entonces en EL PAÍS que el caso fue archivado en dos ocasiones. “Pero ahí sigue: vivo ocho años después. Resucitado por un juez. Es un disparate. ¿Cómo se demuestra que se han herido unos sentimientos religiosos?”, se preguntaba. En esa ocasión, Krahe fue absuelto gracias a una sentencia que señalaba que el cantautor no tuvo intención de “menoscabar, humillar o herir los sentimientos religiosos”.
La ficción televisiva de corte humorístico raras veces se ha tenido que enfrentar a la justicia por sus chistes. Tal vez uno de los ejemplos más conocidos en su momento fue la demanda de la fundación Alpe a Globomedia y a Telecinco por un episodio de Aída titulado El enano oscuro del corazón. Según manifestó a Efe el portavoz de la Fundación Alpe, José Ayala, “atenta contra los derechos fundamentales de la persona”. Entre las frases textuales que la fundación aseguró que se escucharon en el capítulo figuran: “¡Los enanos no son de fiar!”; “¿Tú le has visto? ¡Si parece un repuesto del futbolín!”, y “Te estoy guardando los fascículos de las Casas de Muñecas. Lo digo por si tu hijo alguna vez quiere independizarse”. No hay mención alguna a qué personajes dicen las frases, ni en qué contexto, ni con qué intención, solo se exponen desde su literalidad.
La demanda de conciliación fue presentada en febrero de 2007 en el juzgado de primera instancia de Alcobendas y consideraba a la cadena de televisión, la productora y el guionista del episodio responsables directos del daño producido según la Fundación Alpe. “No se puede tolerar que con la excusa del humor se permita que las personas con acondroplasia sean objeto de bromas”. Como compensación, la Fundación Alpe pidió a Telecinco una solicitud pública de disculpas y la emisión de un debate sobre discapacidad y medios de comunicación en la hora inmediatamente anterior a la emisión del capítulo correspondiente de la serie Aída. Desde entonces, el capítulo no se ha vuelto a emitir.
La familia televisiva que sí ha recibido más andanadas judiciales es la de los programas. Una de las más virulentas tuvo lugar en los días sucesivos al 31 de octubre de 2018, cuando Dani Mateo protagonizó un sketch en el que se sonaba la nariz con la bandera de España en El intermedio. El programa pidió disculpas días después, por boca de El gran Wyoming —si “la broma no ha funcionado” al generar “crispación social en vez de provocar risa” es evidente que se trata de un “gag fallido. Por eso, no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a las personas que se hayan sentido ofendidas”—, pero poco importó. Jaime Rubio Hancock, autor del recientemente publicado El gran libro del humor en España (Arpa), recuerda que además el sketch era ficción y Mateo solo simulaba sonarse la nariz: “Es como llevar a juicio a Keanu Reeves por asesinar a tanta gente en las películas de John Wick”, señala. Añade que, por ejemplo, un artículo de opinión en el que se comparara una bandera con un trapo no habría acabado en los tribunales: “Se identifica el humor con la burla de manera casi automática, cuando a menudo solo pretende mostrar un comportamiento disparatado y exagerado”. A finales de noviembre de 2018, menos de un mes después de aquello, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió a trámite una denuncia contra Mateo, interpuesta por la organización Alternativa Sindical de Policía, al que se le atribuyó la supuesta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España. La causa fue archivada en enero de 2019, tras la petición de la fiscalía de sobreseer el caso.
La radio tampoco se salva. Y ha sido noticia por ello este verano. Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, cómico presentador de Hora Ventipico en la cadena SER (espacio satírico que se incluye semanalmente en Hora 25) ha recibido críticas por sus chistes sobre el Valle de los Caídos, en concreto sobre uno en el que proponía dinamitarlo: “Es una puta mierda. ¿Por qué no lo volamos todo?”. Después de la campaña de Abogados Cristianos contra el programa Hora Veintipico, Vox ha ido un paso más allá y ha anunciado una querella contra la empresa que ampara, bajo su juicio, comentarios que “atacan y dañan los sentimientos religiosos de muchos ciudadanos”, por delito de odio y contra los sentimientos religiosos.
En los dominios del Pájaro Loco
Aunque hoy se han normalizado las acciones legales contra tuits de corte humorístico, hubo una primera vez. En España tuvo lugar en 2015 y su protagonista, además de no provenir de la comedia —había ejercido como guionista de drama desde hacía más de una década y tenía varios libros en su haber— acababa de ser nombrado concejal de cultura del ayuntamiento de Madrid. Cuatro años antes y en el contexto de un debate sobre el humor, Guillermo Zapata tuiteó varios chistes antisemitas y otros relacionados con víctimas del terrorismo. El escándalo mediático fue tal que apenas 48 horas después dimitió de su cargo. La Asociación Dignidad y Justicia solicitó para el concejal un año y 8 meses de prisión por el delito de humillación a las víctimas del terrorismo (tipificado en el Código Penal, artículos 578 y 579.2). Dos años después, la Audiencia Nacional lo absolvió.
“Hubo gente que pudo odiarlos de manera instrumental, pero hubo otro montón de gente a la que le parecieron muy mal, muy crueles y entendían que había falta de empatía”, recuerda hoy Zapata. “Hay algo de eso que me interesa bastante y que me parece muy legítimo en un contexto en el que las redes se están convirtiendo en un lugar de difícil habitabilidad donde el ataque al otro y la falta de empatía se estaban convirtiendo en una norma. Yo sentí que de alguna manera había jugado a ese juego, produciendo una imagen del otro sin tenerle en cuenta, como si no estuviera, y creo que esto, por ejemplo en el caso de las víctimas del terrorismo, es algo que debemos evitar o tratar con un cuidado extremo. No con la ligereza con la que yo lo hice, aunque fuera para defender la libertad de expresión”.
“También creo que hay una tendencia a resolver estos asuntos por la vía judicial, una mala herramienta de la que se aprende poco a la hora de pensar cómo abordar la libertad de expresión en redes”, continúa Zapata. “Además, creo que hay una tercera vertiente en este asunto: cuando expresiones de intolerancia o de violencia (de racismo, de homofobia, de racismo, de LGTBIfobia) que han estado soterradas se empiezan a expresar a través de la ofensa, del ataque o del humor de manera directa”.
Zapata fue el primero de un cada vez más nutrido club al que se fueron sumando anónimos como Casandra Vera, condenada por la Audiencia Nacional y absuelta por el Supremo por unos chistes en Twitter sobre Carrero Blanco, y artistas que se ganan la vida con la comedia como César Strawberry, que no es un cómico stricto sensu, pero sí ha hecho de la sátira, la parodia y la mordacidad la bandera de muchas de las canciones de Def con Dos, el grupo que lidera. César Strawberry fue condenado a un año de cárcel y seis de inhabilitación en enero de 2017 tras ser considerado culpable del delito de enaltecimiento del terrorismo por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA y sobre la muerte de Carrero Blanco. Tres años después, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia por considerar que vulneraba el derecho del cantante a la libertad de expresión.
Uno de los casos más sorprendentes a esta orilla de Twitter es el de la cómica Raquel Sastre. Cuando ya nos hemos acostumbrado a que se denuncie a cómicos por sus propios chistes, resulta que también se les puede denunciar por chistes que no son suyos. Sastre ha sido absuelta, según comunicó su abogado David Bravo en Twitter, tras haber recibido hace años una querella de 106 folios en la que la demandante la acusaba de haber hecho chistes antisemitas. El documento contenía chistes que no había hecho Sastre sino una persona anónima, pero que en Twitter figuraban intercalados entre tuits suyos. La causa se archivó el pasado julio cuando se dio con la identidad de la persona que sí había hecho esos chistes.
¿Cree Sastre que la amenaza de llevar a los tribunales a cómicos por chistes aunque luego los tribunales desestimen, se ha convertido en un arma para obligar a los cómicos a autocensurarse? “Creo que una puede ser esa, pero no tiene porque ser la única. Por ejemplo, aquel caso del padre de una niña con síndrome de Down que denunció a David Suárez por aquel chiste, eso no es ni para hacer que se calle ni para probablemente sacar dinero. Muchas veces uno denuncia porque tiene algo que no ha conseguido superar, está enfadado con algo y muchas veces un chiste le remueve esa frustración que tiene y la canaliza por ahí, intentando castigar a alguien que ha dicho algo que le ha molestado”.
David Bravo, abogado de Sastre y especializado, entre otros campos, en libertad de expresión, considera que hay “determinados grupos de presión de ciertos ámbitos religiosos y políticos que abusan de la vía penal para judicializar hechos totalmente ajenos al ámbito penal. Ese sector es curiosamente el que suele quejarse de la cantidad de ofendidos de ideología progresista que pueblan las redes sociales. La única razón por la que a esos grupos de presión no se les llama ‘ofendiditos’ es porque tienen el dinero suficiente como para que se les llame querellantes”.
Sastre nombra el caso del cómico David Suárez, uno de los últimos tuiteros a juicio a instancias de la Fiscalía de Madrid y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por el mensaje “de contenido humillante y vejatorio”, según el fiscal, que difundió en su cuenta de Twitter el 18 de abril de 2019. Decía: “El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down”.
“Mi trabajo consiste en contar chistes sobre cuestiones sensibles que evidentemente no van a gustarle a todo el mundo”, explica Suárez. “Así que esperas que alguna gente se enfade, o que esté en contra de lo que haces. Incluso entiendes que haya gente dispuesta a denunciarte. Lo que no esperas es descubrir que vives en un país en el que dicha denuncia pueda llegar a prosperar”.
La abogada de Suárez, Isabel Elba, introdujo en su defensa un elemento novedoso: no solo la intención del cómico de distinguir entre su persona y el personaje de ficción que representa sobre el escenario, sino también la distinción entre atacar la dignidad, lo cual le parece punible, y atacar los sentimientos, lo cual no le parece punible. Para David Suárez “la dignidad es un derecho humano. Pero no existe el derecho a no sentirse ofendido. Y menos mal. Además, los sentimientos dependen en gran parte de cómo tú recibas las cosas. Si percibes que tus sentimientos han sido dañados, no es responsabilidad del que ofende, sino también tuya por dejarte ofender. Vivir en un mundo con libertad de expresión implica que puedes gozar de libertad para decir lo que quieras, pero también de la responsabilidad para asumir que existan cosas que choquen con lo que dices. Y eso es sano y está bien”.
“No me arrepiento [de haber publicado ese tuit] porque es mi trabajo. Hay una gran diferencia entre mi yo del escenario y mi yo persona. Y ambos tienen que poder existir. Se trata de jugar a ser el villano en la ficción. Y eso no tiene nada de malo. Me alegro de haber ganado el juicio, porque imagino, o espero, que sentará jurisprudencia para que a ningún otro cómico le pase y que los chistes no sean sospechosos de constituir delito en este país”.
