47 diputados de los seis partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa repudiaron este jueves los atropellos contra la Iglesia católica de Nicaragua de parte del régimen de Daniel Ortega, hechos ocurridos desde que en ese país estalló la crisis de abril del 2018.
Sin ninguna objeción, los legisladores aprobaron una moción de orden presentada por la fracción del Partido Nueva República (PNR). El texto rechaza las violaciones del régimen a la libertad de conciencia, de religión y de asociación de los nicaragüenses, particularmente de la Iglesia católica.
Al mismo tiempo, la moción apoya las acciones del Gobierno de Costa Rica sobre la crisis de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y solicita a la Cancillería continuar con gestiones diplomáticas internacionales para denunciar “esta grave situación”, reza el documento.
Los votos fueron aportados por las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA).
Como argumento, la moción enumera una lista de ataques contra católicos nicaragüenses desde hace más de cuatro años, cuando se inició la crisis sociopolítica de Nicaragua.
La lista inicia con recordar la vandalización de la Catedral de Managua y el ataque a la iglesia La Divina Misericordia, en la capital nicaragüense, donde murieron dos personas hace cuatro años. También, se cita el cerco policial a un templo católico de la ciudad de Masaya durante nueve días, lo que impidió la asistencia humanitaria para quienes se encontraban dentro del inmueble.
También, se reseña la expulsión del régimen de Ortega de un grupo de misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta hacia costa Rica, en julio del 2022, así como el cierre de medios de comunicación católicos y la toma policial del Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa, norte del país, para arrestar al obispo Rolando Álvarez, un crítico de Ortega.
El prelado es acusado de actividades “desestabilizadoras” e incitación al odio. Su captura se concretó el viernes 19 de agosto.
Por consiguiente, la moción denuncia “la evidente persecución religiosa y afrenta contra las libertades, incluso la propia integridad física de sacerdotes, obispos, frailes, monjas y laicos”.
