El Gobierno foral logra identificar documentalmente casi 300 bienes comunales inmatriculados por el Arzobispado de Pamplona y calcula que la cifra final podría ser de más de 1.700.
Navarra es la única comunidad de España que se ha tomado en serio la recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica. Tiene una ventaja respecto al resto del país: cuenta con un inventario pormenorizado de bienes comunales pertenecientes a los municipios. Y además dispone de una ley específica que los protege como terrenos de dominio público. Tras 14 meses de trabajo, la Consejería de Desarrollo Rural ha logrado identificar documentalmente casi 300 bienes comunales inmatriculados por el Arzobispado de Pamplona. Y este tipo de fincas, al igual que las de dominio público, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Es decir: si se demuestra fehacientemente su naturaleza comunal, la Iglesia se habría apropiado de parcelas públicas y estaría obligada a devolverlas.
Pero hay más. En un primer rastreo, la Consejería navarra calcula que la cifra final de bienes comunales inscritos por el Arzobispado puede superar los 1.700. Si se confirma el dato, estaríamos hablando del mayor volumen de fincas públicas registradas por la Iglesia desde que estalló el escándalo de las inmatriculaciones hace ya casi veinte años. El hecho confirmaría los peores presagios de las organizaciones patrimonialistas que denuncian la «apropiación masiva» por parte de la jerarquía católica de terrenos y edificios en toda España.
Esa es la estimación que baraja el equipo del consejero José María Aierdi, tras meses de intenso trabajo, y así se la transmitió a representantes de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro en una reunión que tuvo lugar a finales de abril. Los datos que maneja Desarrollo Rural han sido recabados por un historiador contratado por la Consejería, que ha estudiado detalladamente el registro de Aoiz, el partido judicial más grande de Navarra, tras Pamplona, con una extensión superior a los 1.725 kilómetros cuadrados y un total de 51 municipios.
Este es el primer paquete de bienes revisados por el Gobierno foral de un total de 2.952 fincas inmatriculadas por la Iglesia en Navarra. La Consejería ya habría contactado con el Arzobispado para intentar llegar a un acuerdo de devolución amistoso, pero el prelado no parece dispuesto a restituir los bienes indebidamente inmatriculados, según admitió Desarrollo Rural en la reunión de abril. El propio Francisco Roselló ha declarado públicamente en varias ocasiones que su diócesis solo devolverá los terrenos comunales «si la Justicia lo determina».
El Gobierno navarro acudirá, por tanto, a los tribunales para recuperar este primer paquete de 300 bienes comunales, cuya custodia por ley recae sobre su competencia, aunque la propiedad corresponde a los vecinos. Antes intentará acceder al archivo episcopal para verificar determinados datos, aunque todo apunta a que el purpurado no se lo permitirá.
La mayoría de los bienes revisados son parcelas rústicas y alguna podría incluir una ermita en su interior. Además de haberse presuntamente apropiado de todas ellas, la Iglesia obtiene un rendimiento por su explotación, bien en la extracción de leña, el cultivo agrícola, su arrendamiento o las ayudas de la PAC. Históricamente, todos estos bienes generaban un provecho comunitario, pero el paso de los años y la desidia institucional han ido diluyendo su naturaleza colectiva, lo que ha facilitado su privatización.
Con la identificación documental de estos 300 bienes comunales, que podría incrementarse hasta los 1.700, la batalla de las inmatriculaciones eclesiásticas da un paso de gigante en toda España. El proceso para llegar hasta aquí, sin embargo, ha sido largo y plagado de obstáculos. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro cumplirá en 2026 veinte años desde que descubrió en Tafalla el subterfugio jurídico que permitía a la Iglesia inscribir bienes sin presentar títulos de propiedad. Desde entonces, no han parado de exigir a las Administraciones públicas que tomaran medidas para revertir lo que calificaron de «expolio monumental» de bienes públicos.
No fue hasta noviembre de 2021 cuando el Gobierno foral activó un plan para recuperar los bienes comunales inmatriculados, después de haber publicado el listado completo de fincas registradas por la Iglesia. Pero la iniciativa encalló nuevamente boicoteada desde dentro por funcionarios de la propia Administración foral. Y hasta marzo de 2024, gracias a la tenaz presión de la plataforma, no se reinició el proceso de investigación, ya con el nuevo consejero Aierdi al frente.
«Este es un salto muy importante en la recuperación de los bienes inmatriculados», admite la abogada Cristina Contreras, presidenta de la plataforma. «Por el momento, el tema parece que va bien enfocado. Ya era hora. Hay un requerimiento parlamentario y la Consejería ya está trabajando«. En septiembre, la plataforma y Desarrollo Rural volverán a reunirse para actualizar la documentación y examinar el avance de las investigaciones. Las dos partes son conscientes de que aún queda mucho camino hasta revisar completamente las casi 3.000 inmatriculaciones eclesiásticas en Navarra. «Yo pienso que la Iglesia acabará negociando. Cuando se presente la documentación, no creo que el Arzobispado vaya a juicio», argumenta Contreras.
Para sortear eventuales obstáculos legales, el Gobierno foral ofreció un convenio a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), al que se han adherido por ahora 123 ayuntamientos. Los bienes comunales de estos municipios son los que se investigarán con carácter prioritario. La Consejería de Desarrollo Rural, sin embargo, tiene la obligación competencial de proteger la naturaleza pública de la totalidad de los bienes comunales de Navarra.
La FNMC confía en la recuperación de todas las fincas comunales inmatriculadas por la Iglesia. «Este trabajo, que ya ha comenzado, se está realizando localidad por localidad, de forma ordenada y en base a los criterios establecidos por la comisión de seguimiento del convenio», declaró el pasado martes su presidente, Xabier Alcuaz. «Se trata de un trabajo minucioso, que requiere de mucho tiempo», añadió el también alcalde de Tafalla, «y que permitirá acreditar, con la mayor base jurídica posible, la condición comunal de aquellos bienes inmatriculados».
La coalición progresista Zurekin Nafarroa, que inició la investigación en la legislatura pasada de la mano del consejero Eduardo Santos, también ha mostrado su satisfacción por el avance de los trabajos de identificación. «Por fin las instituciones navarras están comprometidas con la defensa del interés general, que pasa por la recuperación del patrimonio del conjunto de los navarros y navarras», asegura a Público su portavoz parlamentario, Carlos Guzmán. «Han sido los vecinos y las vecinas navarras quienes, a lo largo de la historia, han financiado, construido y sostenido económicamente todos estos bienes comunales».
Carlos Guzmán, coordinador de IU Navarra, ha querido poner en valor el compromiso de la sociedad civil, particularmente la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, en la denuncia de la inmatriculación masiva de fincas y edificios por parte de la jerarquía católica. “Ejercieron ese papel de vanguardia y nos obligaron a las instituciones públicas a tomar conciencia sobre esta cuestión”, ha reconocido el dirigente de Zurekin.
La inmatriculación episcopal de cientos o miles de bienes comunales ha sido posible, en opinión de Guzmán, debido a la «situación privilegiada» de la que ha gozado la Iglesia en España, pese al Estado aconfesional que definió la Constitución. “Realmente no tenemos un Estado laico y por eso la Iglesia, en colaboración con las instituciones, ha podido cometer este tipo de desmanes«, lamenta el portavoz parlamentario.
Según sus cálculos, el número final de bienes comunales «se incrementará notablemente» conforme avancen las investigaciones. Por esa razón, quiso efectuar un llamamiento al conjunto de entidades locales de Navarra para que tomen conciencia y se adhieran al convenio firmado entre el Gobierno foral y la Federación de Municipios. El departamento de Desarrollo Rural no quiso contestar las cuestiones planteadas por Público.
