Todos los grupos parlamentarios salvo Navarra Suma han firmado una proposición de ley pionera en España con la que reconocerán a las víctimas de abusos en la Iglesia ya prescritos
El Parlamento de Navarra aprobará en los próximos meses una ley que será pionera en España por la que se reconocerá como tales a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica. Los tres partidos que sustentan el Gobierno de María Chivite, PSN, Geroa Bai y Podemos, han presentado este viernes la proposición de ley que también han firmado EH Bildu e Izquierda-Ezkerra (IU), por lo que tiene garantizada su aprobación. Con esta norma se pretende “dar respuesta a una petición de derechos humanos, de búsqueda de la verdad y de la justicia”, ha señalado el consejero de Justicia y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Eduardo Santos, además de esclarecer los delitos cometidos por esta institución “para que no se vuelvan a repetir”. El arzobispo de Pamplona pide perdón solamente a unas víctimas de abusos sexuales
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De esta forma, por primera vez en España se reconocerá “el daño causado” a muchas víctimas que hasta entonces no habían sido reconocidas como tales ante la imposibilidad de acudir a la justicia por tratarse en la práctica totalidad de los casos de delitos prescritos y en muchos de ellos con el agresor ya fallecido.
La ley establece la creación de una comisión “independiente” formada por nueve expertos que en el plazo de seis años se encargarán de valorar y analizar las solicitudes de las personas que hayan manifestado haber recibido abusos por parte de religiosos y quieran recibir la condición de víctima. Entre los miembros de la comisión estarán personas con experiencia en materia de víctimas expertas del ámbito histórico-jurídico y psicológico y otras designadas por la asociación de víctimas de abusos sexuales de la Iglesia en Navarra. Además, el Gobierno foral plantea que se incluya también a dos representantes de la Iglesia católica, a quien ya se le ha trasladado la propuesta. Desde el Arzobispado de Pamplona señalan a este periódico que tienen “dudas” sobre si participar en una comisión “que solo reconoce a una parte de las víctimas de abusos sexuales”. Esto coincide en el tiempo con la aprobación de una ley en el Parlamento de una ley que blinda en la red pública al profesorado de religión que fue elegido por el arzobispo sin haber opositado, a pesar de que su carga lectiva se vaya a reducir a la mitad.
Para solicitar el reconocimiento, las personas que hayan sufrido abusos sexuales en la Iglesia deberán acudir a la Oficina de Atención a Víctimas del Delito de la Dirección General de Justicia, que a partir de ahora será la encargada de canalizar todas las solicitudes. Allí, además se les ofrecerá apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y administrativo. Se puede contactar con este recurso a través del teléfono 848 42 33 76, el correo ofidel@navarra.es o de forma presencial en el Palacio de Justicia de Pamplona.
El escrito presentado por el interesado deberá contener una descripción “detallada” de los hechos y podrá ir acompañada de “cuantos documentos o informes se consideren oportunos”. Una vez trasladada a la comisión, esta podrá escuchar a la persona solicitante “al objeto de complementar la información sobre los documentos y pruebas”, requerir a otras administraciones, entidades u órganos datos o informes “que puedan resultar necesarios para la tramitación de los expedientes” o solicitar informe o testimonio a personas “que por su conocimiento directo de los hechos o por su experiencia en la materia” pudieran aportar información relevante sobre la solicitud.
“Promover un reconocimiento institucional y social”
El documento destaca que con esta ley se documentará “con el máximo rigor, veracidad y coherencia” cada uno de los casos presentados “para promover un reconocimiento institucional y social” de las víctimas. Subraya además que se tendrá en cuenta “la especial situación de vulnerabilidad” de estas personas y que se actuará con “celeridad” para evitar “trámites formales que alarguen o dificulten innecesariamente el reconocimiento de los derechos”. Según se precisa en el mismo documento, los informes de reconocimiento, sean favorables o no, deberán publicarse en un plazo máximo de nueve meses desde la solicitud.
Además de analizar las solicitudes, la comisión deberá elaborar anualmente una memoria en la que se recogerán las peticiones recibidas, los resultados de los trabajos realizados, la situación de los expedientes y las propuestas de resolución emitidas, que al mismo tiempo se incorporarán a una memoria final que se realizará al terminar el mandato de la comisión (seis años).
Respeto a la posibilidad de que las víctimas reconocidas puedan tener derecho al acceso a determinadas prestaciones por parte de la administración, tal y como ya ocurre con las víctimas del terrorismo o de la violencia de género, el consejero de Justicia ha apuntado que en caso de que alguien solicite, “lo debe reparar económicamente quien hizo el daño”. “En otros países ha sido la Iglesia quien ha llegado a acuerdos de reparación en su integridad con el Estado”, ha añadido.
Esta ley supone un paso más en el trabajo que lleva realizando el Gobierno de Navarra para el esclarecimiento de la pederastia en la Iglesia. Hace unos meses el consejero Santos dio a conocer los resultados de la investigación independiente que se encargó a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para dar cuenta de la “magnitud” de esta realidad. En seis meses de investigación se pudo recoger la “punta del iceberg”: se encontró a 60 víctimas de abusos sexuales cometidos por 31 personas, tanto religiosos como trabajadores, bajo el paraguas del clero entre 1948 y 1990.
Perdón de la Iglesia a una parte de las víctimas
El año pasado, el arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, convocó una rueda de prensa en la que, tras haberse reunido con varias de las personas que denunciaron haber sufrido abusos en la Iglesia, pidió perdón por los ocho casos de pederastia denunciados en el colegio Nuestra Señora del Puy de Estella, que depende directamente del arzobispado, dejando de lado el resto de víctimas de centros de órdenes religiosas de la comunidad foral.