El ministerio de Justicia defiende la nueva ley del aborto con el argumento de que beneficiará a la economía
Restringir el aborto sería bueno para la economía española. ¿Acaso lo dudaba alguien? Es cierto que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ofrece más detalles sobre tan buena noticia, pero esa verdad, que no se argumenta porque debe de ser incuestionable, se contiene en la memoria que acompaña a su reforma del aborto.
El problema es que los expertos no se enteran. El año pasado publicaron en Lancet (una revista científica) un estudio mundial asegurando que cuanto más restrictivas son las leyes del aborto, más interrupciones (en malas condiciones) hay. A leyes más permisivas, que suelen ir acompañadas de políticas de educación sexual, el número de abortos, en cambio, disminuye. Pero es que esos expertos o carecen de la fe del ministerio o no sienten la misma necesidad que él de buscar réditos económicos a su actividad. Otros se empecinan en mostrar la realidad con datos. Mala cosa. Por ejemplo, la ministra de Sanidad Ana Mato publicó recientemente las estadísticas de los abortos en España y resulta que en 2012, con la ley de plazos en vigor, se redujeron en un 5%. Un atrevimiento que en Justicia han decidido ignorar.
En el Ministerio de Justicia aseguran que no ha habido disminución alguna y que la reforma tendrá “un impacto neto positivo, por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad”. Y los suecos y los franceses sin enterarse. Hay que enviarles rápidamente el informe para que no sigan fomentando la natalidad a base de ayudas y se apliquen a un sistema más barato: prohibir el aborto. El escrito dice también que la medida tendrá un impacto económico en las familias. No se califica. Así que debe de ser negativo.
Alberto Ruiz-Gallardón ha conquistado esta temporada el último lugar en el ranking de popularidad del Gobierno. Pero su forma de hacer política es tan innovadora que algunos terminarán por imitarle. Esta memoria lleva un sello inconfundible en forma de aporema: dice que la mujer embarazada no tiene derecho a disponer libremente sobre la vida del nasciturus y, más adelante, que la reforma protege la libertad de las gestantes. ¿Cómo no tomarle en serio?
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