El pasado 17 de enero, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, daba un mes de plazo al Gobierno de Murcia para “restaurar la legalidad” y retirar el “veto parental” antes de que el Ejecutivo recurriese esta medida en los tribunales de Justicia.
A falta de una semana para que se cumpla ese plazo, la Consejería de Educación de Murcia ha pospuesto la reunión que iba a celebrar este viernes con el Ministerio de Educación tras confirmar que la obligatoriedad de la autorización familiar para las actividades escolares complementarias “no se va a retirar”.
La Consejería murciana ha asegurado -a través de un comunicado- que próximamente se volverá a fijar una nueva fecha para esa reunión, y que si el Ministerio decide recurrir a los tribunales “se acatará la decisión del órgano judicial”.
La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, ha insistido este jueves en que no se trata de una “cancelación” del encuentro, pero ha reconocido que no se podrá llevar a cabo antes del 17 de febrero, cuando finaliza el plazo de un mes que el Gobierno central dio al murciano.
Informes favorables
Martínez Vidal ha insistido en que la Consejería de Educación cuenta con informes favorables a la petición de esos permisos a las familias para que los niños asistan a actividades complementarias, tanto de los servicios jurídicos como de la inspección, algo que ha defendido en reiteradas ocasiones la consejera, Esperanza Moreno.
No obstante, ha señalado que no ha podido “recabar toda la información” que quiere trasladar a la ministra, por lo que se ha retrasado el encuentro, que se producirá en breve, pero no tiene fecha fijada.
La reunión forma parte de la ronda de contactos que el Ministerio ha iniciado con todas las consejerías de Educación de las diferentes comunidades autónomas.
Celaá: “Sensatez”
Este miércoles, Celaá apelaba a la “sensatez” del Ejecutivo murciano para no tener que presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) “para reponer la legalidad”.
La ministra de Educación ha manifestado que entiende que el aplazamiento sea “para algo que interese a la reposición de la legalidad”.
