El plazo dado por el Ministerio de Educación al Gobierno murciano para retirar su instrucción sobre el veto o pin parental concluye este lunes sin que se haya el modificado esta norma que exige el permiso parental para realizar las actividades complementarias, con lo que el Ejecutivo autonómico aboca al central a recurrir a la vía judicial.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, dio el pasado 17 de enero un mes de plazo al Gobierno de Murcia para “restaurar la legalidad” y retirar el “veto parental” antes de que el Ejecutivo central recurriera esta medida en los tribunales de Justicia.
Sin embargo, fuentes de la comunidad han remarcado a EFE que desoirán el requerimiento de la ministra y mantendrá las instrucciones de inicio del curso.
Además, la Consejería de Educación elaborará un decreto, una norma de más rango que las instrucciones, por el cual no será necesaria la autorización parental si la charla es impartida por un funcionario o empleado público y regirá el silencio positivo, de modo que solo una negativa expresa impedirá que el alumno asista.
Las asociaciones se movilizan
En las últimas horas, un total de 35 asociaciones y organizaciones de la región de Murcia, muchas de ellas representantes del colectivo LGTBI, han enviado una carta al Gobierno regional en la que piden ser recibidos por el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, para pedirle la retirada del permiso parental.
Quieren que los dirigentes regionales les den “explicaciones” por su negativa de retirar las instrucciones sobre el permiso parental y, a la misma vez, hacerles llegar el sentir de “buena parte” de la sociedad civil que se opone a esta medida y a la modificación de los decretos.
