Como en el caso del juego, la enseñanza concertada, y principalmente la de la patronal católica es otro de los sectores que gozan del favor incuestionable del Gobierno regional. Dicho sector mueve en nuestra región un presupuesto de 259 millones de fondos públicos (2020), presupuesto incrementado un 28% en la última década, mientras que el presupuesto global de Educación creció un 13% en el mismo periodo. Igualmente, el alumnado de la enseñanza concertada aumentó un 18% entre los cursos 09/10 y 18/19 (MEC), casi el cuádruple que la enseñanza pública, que lo hizo en un 4,9%, y más del doble que el conjunto del alumnado de la región (+7,9%).
Este rápido y fuerte crecimiento de la enseñanza concertada ha sido posible por el apoyo decidido del Gobierno regional, que lo ha financiado y legislado en su favor, en detrimento de sus obligaciones con el sistema público. Un ejemplo evidente es la concertación de la etapa de bachillerato implantada en el curso 2018/19 y que, solo en ese curso, supuso un aumento del alumnado de aulas concertadas de 558 a 2.365 alumnos/as, con un gasto de cinco millones de euros del presupuesto público, del que la patronal católica fue la principal beneficiaria.
Ahora, la Consejería trabaja para impulsar la concertación de la Formación Profesional, eliminando condiciones para acceder a dichos conciertos tales como la obligatoriedad de un año de implantación previa del ciclo que se pretende concertar; es decir, un centro privado decide implantar un ciclo formativo desde cero, solicita la autorización y la Consejería lo financia justificando la inversión por las supuestas bondades de la colaboración público-privada. En casos aún más escandalosos las Administraciones locales han cedido gratuitamente terrenos para la construcción de centros educativos que nacían ya concertados desde la nada.
A pesar de todo esto, el PP y la patronal de la enseñanza concertada montan ahora la pantomima de oponerse a la nueva ley educativa con el único fin de mantener los privilegios concedidos o incluso extenderlos, como ha ocurrido en el caso del Gobierno autonómico de Madrid que, aprovechando el revuelo, ha subido (al más puro estilo de la ´doctrina del shock’), de seis a diez años el periodo de vigencia de los conciertos de forma totalmente innecesaria, ya que la ley no los limita en absoluto (salvo en colegios que segregan al alumnado por sexos). Muy corta se ha quedado la ley.
José Luis Álvarez-Castellanos Rubio Coordinador regional de IU-Verdes
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