Como se ha repetido mucho en los últimos tiempos lo que hace el Gobierno de Rajoy no es recortar, es ideología. Y dentro de ésta nos encontramos con el entusiasmo por hacer negocio con la sanidad, la educación o los derechos sociales y la forma de tratar los derechos de las mujeres.
Quieren quitar la fecundación asistida a las lesbianas y solteras. Por lo tanto sólo tendrán derecho a estos tratamientos las mujeres casadas como Dios manda, eso sí casadas y estériles. Y las lesbianas o aquellas mujeres que no tengan una pareja heterosexual, si quieren tener un hijo pues que se acuesten con un vecino o se aguanten. ¿Dónde está el respeto a las opciones sexuales de las personas? Y ¿la igualdad ante la ley?.
La mano de la Iglesia aparece hasta el codo. Estas limitaciones fueron puestas en práctica hace tiempo en la Comunidad Valenciana y ahora intentan a hacerlo a nivel nacional.
Pero con eso no tienen suficiente. A partir del 1 de agosto desaparece la financiación pública de ocho anticonceptivos de tercera generación, o sea de los más nuevos y se supone eficaces. La que los quiera se los tendrá que pagar o bien utilizar los que científicamente han sido superados.
El Ministerio de Sanidad afirma que a partir de ahora va a contabilizar no sólo a las mujeres asesinadas por violencia de género sino que contará también las que han sido agredidas siempre que estén más de 24 horas en un hospital.
Por lo tanto, solo contará a las muy apaleadas, a las que hayan dejado como un cristo. Si simplemente son pegadas, les rompen un brazo y no chorrean sangre, esas ya no habrán sufrido violencia de género.
Eso sin olvidar que el parón que el Gobierno ha llevado a cabo con el aborto es sólo temporal. Con la caída de la hoja, Gallardón pisará el acelerador para tenerlo listo antes de Navidad. Más restricciones.
Y suma y sigue
Los planes de igualdad en las empresas que contemplaban numerosos convenios colectivos han desaparecido desde el pasado 8 de julio ya que el Gobierno ha dado todas las facilidades para que se extinguiesen. Todas las empresas de más de 250 trabajadores estaban obligadas a pactar y aplicar uno de estos acuerdos, tal y como estipuló la Ley de Igualdad aprobada en 2007.
Estos planes, tras hacer un diagnóstico de la empresa intentaba corregir los defectos detectados y promover la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, fórmulas para evitar la brecha salarial, favorecer la conciliación de la vida personal y laboral de trabajadores y trabajadoras, o acciones positivas para romper el llamado techo de cristal y fomentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.
Eso a nivel laboral pero también han agredido el tema más importante para conseguir una sociedad igualitaria: la educación.
La ley Wert rechaza la educación en valores lo que significa que el esfuerzo hecho por gobiernos de Zapatero para impulsar la igualdad en las aulas, el respeto a la diversidad o la coeducación se puede perder en dos días.
El actual gobierno está subvencionando colegios que separan a los niños de las niñas, ha eliminado la asignatura Educación para la Ciudadanía, ha atacado los programas de educación afectivo- sexual y rechaza todo aquello que potencie igualdad a todos los niveles.
El resultado de estas políticas es que en poco tiempo podremos ver nuevos focos de homofobia en los centros escolares y un retroceso en la igualdad de género en las aulas que es donde más se necesita.
La ley de dependencia es otro de los puntos negros para las mujeres. Cuando se recortan ayudas para cuidar a personas dependientes ya sean ancianos o enfermos ¿en quién recae ese trabajo?… pues no lo duden, en las mujeres.
Lo que hemos tardado siglos en conseguir, se lo pueden cargar en dos días
Junto a estos hechos, nos enteramos que cada año se denuncian en España 1.161 violaciones (agresiones sexuales con penetración, en la jerga policial) según los últimos datos que facilita el Ministerio del Interior, de 2011. Son tres cada día; una cada ocho horas.
Un panorama desolador.
Mercè Rivas Torres es periodista y analista política
