El Congreso de los Diputados va a abordar, por fin, la elaboración de una ley sobre la muerte digna. Ha costado mucho tiempo, pero bienvenida sea. La publicación de un texto autonómico en Madrid sobre ese asunto no ha sido ajena a la decisión de la Cámara. Algunas otras comunidades, como Andalucía, ya tenían su norma, pero ha sido muy importante que el PP de Madrid haya inclinado su orgullosa cerviz ante la razón para que el partido del Gobierno en España haya cedido a ese empujón cívico.
El ejemplo de Madrid ha sido decisivo, porque fue en la Comunidad de Madrid donde un salvaje llamado Manuel Lamela encabezó las huestes populares contra el doctor Luis Montes, calificándole de asesino y otras lindezas por aplicar cuidados paliativos a enfermos terminales en el hospital de Leganés.
La ley madrileña ha sido aprobada por unanimidad, lo cual quiere decir que los votos del PP se han sumado a los de todos los demás grupos para hacer mejor el último tránsito a cientos de ciudadanos que viven (o mueren) esa circunstancia. Su relator, José Manuel Freire, tiene motivos para estar orgulloso de haber ofrecido a los ciudadanos un texto que ya es incontestable por unánime.
No es pequeño el paso del PP, porque la anterior posición era una toma de postura repugnante solo encajable en lo más reaccionario de la Iglesia preconciliar. La ley supone que la derecha madrileña se civiliza un poco, y se aleja del autobús naranja que descubre a nuestros niños que unos tienen pene y otras vulva (antes no llegaban a tanto).
Los antecedentes permiten ser optimistas y dar por hecho que el Parlamento alumbrará una ley igualmente unánime y positiva para todos.
Pero ahora viene otra mayor. Se trata de regular la eutanasia y el suicidio asistido. Unos asuntos que pueden conmover todavía más muchas conciencias. Los argumentos van a ser de todos los colores. Y escucharemos, desde la tribuna de los oradores, cualquier cosa que nos podamos imaginar, desde doctas exhibiciones de teología a chuscas opiniones, pasando por las más elaboradas intervenciones sobre ética civil.
Yo espero que, cuando se produzca ese debate, del que ya hemos tenido algún adelanto, no olviden sus señorías que la vida es de cada uno, que no se la tenemos que justificar a nadie, y mucho menos a algún arzobispo de ninguna diócesis, sea de Urgell o de Alcalá de Henares.
Pidamos a nuestros representantes que no metan nuestras vidas en un conflicto de intereses en el que los poderes terrenales de la Iglesia disputen con los nuestros.
