No tiene mucha importancia, la verdad, que un colegio público suprima el festival de Navidad, como tampoco debería tenerla el hecho de que en otros colegios públicos se celebren todo tipo de fiestas religiosas en homenaje a los patronos y vírgenes de la localidad. Son manifestaciones externas de un problema irresuelto por la democracia en España, que lo vamos a tener con nosotros durante muchos años. La enseñanza de la religión, católica o de cualquier otro credo, no debería impartirse en las escuelas. La intolerancia no está en el supuesto laicismo del Gobierno o de algunos ciudadanos, sino en un sistema de enseñanza concertada que condena a las escuelas públicas a un creciente deterioro casi insalvable. Ni siquiera tienen la libertad de suprimir, sin bronca, un festival de Navidad. Al final, son más importantes los villancicos que la calidad de la enseñanza, la disciplina en las aulas o lo que aprenden los alumnos en las asignaturas de lengua, matemáticas o historia. Y lo que le preocupa a la Iglesia católica no es si la enseñanza pública va bien o mal, sino los "síntomas de menosprecio e intolerancia en relación con la presencia de los signos religiosos en los centros públicos", según puede leerse en la pastoral "Consideraciones morales ante la situación actual de España".
Una broma parece también que la Iglesia acuse al Gobierno, a los izquierdistas y a los historiadores todavía pagados con el oro de Moscú, de "abrir viejas heridas de la Guerra Civil". Lo que se debate es la historia, que se conoce bastante bien, por cierto, y lo que todavía queda por resolver, entre otras cosas, es el reconocimiento moral a los miles de republicanos asesinados sin registrar, que nunca tuvieron ni tumbas conocidas ni placas conmemorativas. La Iglesia sabe, porque las pruebas son incontestables, que apoyó y bendijo aquella masacre. Lo puede reconocer, y hacer un gesto público y definitivo, o seguir refugiándose en su condición de víctima, recordando a sus también miles de mártires. Si nos atenemos a las diversas declaraciones que sus obispos han realizado en este año de recuerdo y conmemoraciones, ellos no tienen ningún problema con el pasado. Ni con el de la guerra que la Iglesia convirtió en santa y justa ni con el de la larga dictadura que legitimó. Son otros quienes abren las heridas ya cicatrizadas.
Eso es lo que piensa también el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y primado de España, abanderado de la cruzada contra el laicismo del Gobierno socialista y recién elegido académico de la historia. El cardenal cree que la recuperación de la memoria histórica, que dirige y manipula Zapatero, resulta peligrosa por "remover" el pasado y porque la Guerra Civil la causó, ya se sabe, la Segunda República y su proyecto reformista y laico, sobre el que la "objetividad histórica" ya ha dejado claro su veredicto: fue un "fracaso".
Conozco perfectamente esa "objetividad histórica" a la que se refiere el nuevo académico. Es la que propagaron los vencedores de la guerra, amos y señores de la historia durante la dictadura de Franco, y la que vocean ahora los nuevos propagandistas, periodistas y falsos historiadores desde la emisora de radio de los propios obispos. No es eso, sin embargo, lo que se escucha en los congresos de historia a los que acuden los mejores profesionales y especialistas, en las aulas de las mejores universidades del mundo o lo que puede leerse en las revistas científicas. Para nosotros, los historiadores, la República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco son objeto de investigación y estudio, donde tenemos que demostrar fidelidad con las fuentes y rigor con las interpretaciones, que podemos y debemos discutir y debatir. Y las opiniones, personales o políticas, las dejamos para otros foros. El cardenal Antonio Cañizares puede ser un perfecto académico, que para eso está la Real Academia de la Historia, para que se sienten allí los mejores, pero debería informarse mejor sobre lo que la mayoría de los historiadores especialistas han escrito en las últimas décadas sobre la República y la Guerra Civil y saber separar, ahora que ya es académico, el conocimiento histórico de la moral y de la política.
Sorprende, en fin, a la luz de esas tres noticias, que la religión y la libertad sigan todavía en España direcciones tan opuestas. Las declaraciones de los representantes de la Iglesia Católica en los dos años y medio del Gobierno de Zapatero podrían recopilarse en un manual de cómo utilizar el engaño y la propaganda para auxilio espiritual y material de la derecha política. La Iglesia despliega toda su infantería y la pone al servicio del Partido Popular. El objetivo: echar a Zapatero, a los socialistas, y recuperar las riendas del Gobierno. Les gusta, a la Iglesia y a la derecha española, amasar el poder y mantenerlo. Les va de maravilla cuando lo tienen y si lo pierden, utilizan todos los medios a su disposición, que son muchos, para recuperarlo.
La Iglesia ha encontrado un auténtico filón en la "intolerancia del laicismo que promueve el Gobierno". Por ahí va a atacar una y otra vez, para defender sus privilegios, hasta que logre derribarlo. No hace falta ser un adivino para saberlo. Basta con conocer un poco nuestra historia más reciente, la misma que ahora se supone que estamos removiendo.
