Un movimiento político que reaccione frente a los excesos del poder, que persiga el establecimiento de un Estado laico
No resulta fácil ofrecer una visión general de la sociedad española, de esta larga crisis, de los límites de la democracia y de la decadencia del sistema de representación política. Parecemos un país moribundo, con menos riqueza y poder de lo que presumíamos, con corrupción y mala administración, sin instituciones en las que confiar. Como si de una vieja historia se tratara, repetida ya otras veces a lo largo del siglo XX, hemos pasado del triunfalismo al desengaño. Mucha gente vomita cabreo, decepción, incluso protesta. Pero frente a los diagnósticos catastrofistas y el pesimismo sobre el futuro, no aparecen soluciones, más allá de ese término en boca de muchos, regeneración, poco original en un país que ya intentó varias. ¿Está el sistema agotado? ¿Necesitamos un cambio de régimen?
Lo primero que hay que decir es que, desde arriba, hay muy poca voluntad de emprender el camino del cambio. Los políticos forman partidos de notables y clientelas, que repiten los mismos nombres y vicios adquiridos y solo movilizan a la opinión pública en tiempos de elecciones. Y desde abajo, pese a lo mucho que podemos gritar o escandalizarnos, y al tono de condena moral presente en muchas declaraciones, hemos aceptado con bastante conformidad, y hasta deferencia, la trama de intereses, corruptelas y negocios privados que, desde la política local al Parlamento, se ha tejido en varios lustros de bonanza económica. Por arriba y por abajo, el espacio para la acción política alternativa, de oposición, es ahora, como consecuencia también de años de inmovilismo y apatía, escaso, casi inexistente.
La derecha en el poder, amparada por una amplia red de medios de comunicación afines, va a mover pocas fichas, porque sabe que el problema lo tiene la izquierda, donde cunde el desaliento, fragmentada, sin liderazgo y a la que puede echar sobre sus espaldas el origen de la crisis, las expresiones de disidencia y la radicalización de la movilización social en la calle —desde el 15-M al escrache—. Y aunque esas acusaciones sean falsas, es indiscutible que la izquierda parlamentaria tiene hoy serios problemas para representar el descontento popular y plantar cara al acoso y derribo del Estado de bienestar.
Nadie parece dispuesto a renunciar a sus prerrogativas. La política institucional está en crisis y para regenerarla ya no se puede contar con el concurso de la Corona. Desde la muerte de Franco, y sobre todo a partir del fallido golpe de Estado de febrero de 1981, a muchos les dio por presumir de Rey, protegerlo frente a las críticas y el debate público, para preservar lo conseguido y cambiar el pobre bagaje democrático que la historia de la Monarquía borbónica podía exhibir antes de 1931. Para ello se ocultó, rompiéndolo, el cordón umbilical que unía a don Juan Carlos con la dictadura de Franco, de donde procedía en ese momento su única legitimidad, y se estigmatizó a la República, ya liquidada por las armas y la represión, como la causante de todos los conflictos y enfrentamientos que llevaron a la Guerra Civil. No puede negarse el éxito de esa operación de lavado del pasado, capaz de sobrevivir, sin grandes cambios, hasta en los libros de texto, durante más de tres décadas de democracia.
Al mismo tiempo, una buena parte de la clase política trató de borrar los recuerdos más incómodos de la dictadura de Franco y cuando, ya en el siglo XXI, el Estado puso en marcha, aunque con mucha timidez, políticas públicas de memoria, recordar el pasado para aprender, y no para castigar o condenar, una parte importante de la sociedad reaccionó en contra. No resulta extraño escuchar a los políticos del PP afirmar que la Segunda República fue un desastre, reproducir en ese tema las ideas de los vencedores de la guerra civil y de los voceros neofranquistas, falsear la historia a gusto de la Iglesia, la Monarquía y las buenas gentes de orden.
La crisis actual, los escándalos en torno a la Casa del Rey, graves para la buena salud de la democracia, al margen de cómo acabe la imputación de la infanta Cristina, y la falta de transparencia y de respuesta ante ellos van a marcar, no obstante, un punto de inflexión para la legitimidad de la Monarquía. El cambio en España tiene que ir acompañado de una renovación cultural y educativa, de nuevas ideas sobre el mundo del trabajo y de una lucha por la democratización de las instituciones. Un movimiento político que reaccione frente a los excesos del poder, que persiga el establecimiento de un Estado laico, que recupere el compromiso de mantener los servicios sociales y la distribución de forma más equitativa de la riqueza. Esa nueva cultura cívica y participativa puede, y debe, alejarse del marco institucional monárquico y retomar la mejor tradición del ideal republicano. Hacer política sin oligarcas ni corruptos, recuperar el interés por la gestión de los recursos comunes y por los asuntos públicos. En eso consiste la república.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, autor de España partida en dos.
