«Si les piden que rescaten el patrimonio expoliado entre el pueblo y los obispos se quedan con los prelados. Las alforjas de este viaje bien vacías han quedado, cuando vengan elecciones que os vote el obispado», han denunciado a las puertas del Pignatelli entonando el «Vamos a contar mentiras»
Decenas de personas convocadas por el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) se concentraron en la mañana de este miércoles, 28 de diciembre, a las puertas del Edificio Pignatelli en Zaragoza, llevando carbón a los gobiernos de Aragón y del Estado español. Denunciaron así el incumplimiento de sus compromisos en relación con las inmatriculaciones de bienes del común por parte de la Iglesia católica.
En relación con el Gobierno español desde MHUEL han manifestado que, a pesar de que en el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos se decía que “haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad”, en la práctica, han hecho caso omiso del acuerdo.
Afirman que, en realidad, el Ejecutivo español, por medio de Félix Bolaños -ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática-, ha tratado de dar carpetazo al asunto, «negociando de forma opaca con la Conferencia Episcopal una salida que supone dar validez a la mayor parte de las inscripciones registrales efectuadas desde 1978 por la Iglesia sin más justificación que la palabra del obispo».
También han recordado que el Gobierno de Aragón (PSOE, Podemos, CHA y PAR) «en cumplimiento de una PNL, presentada en la anterior legislatura por Podemos, hizo público un listado de los bienes inmatriculados en Aragón desde 1998. Un listado incompleto, tanto por el periodo abarcado, dado que una buena parte del patrimonio fue registrado antes de dicha fecha, como porque no permitía la identificación precisa de los inmuebles».
En este sentido, han denunciado que «el compromiso de Fernando Gimeno -consejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón entre 2015 y 2019-, de aportar las notas simples registrales que permitieran la correcta identificación de los bienes ha acabado en la papelera del actual consejero, Carlos Perez Anadón (PSOE)».
El portavoz de MHUEL ha apuntado que en la discusión de una PNL presentada en las Cortes por el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, «tanto CHA, como Podemos, como el propio PSOE por boca de Ignacio Urquizo, se mostraron de acuerdo en el ejercicio de transparencia que supone hacer pública la lista detallada de los bienes inmatriculados por la Iglesia». Sin embargo, «los actos no han ido en consonancia con las declaraciones y todo ha quedado en agua de borrajas, lo que contrasta con la práctica del gobierno de Navarra, también presidido por el PSOE, que sí ha hecho pública la lista detallada de los bienes inmatriculados».
La concentración ha concluido con cánticos que, con el ritmo de la popular canción infantil de «Vamos a contar mentiras», finalizaban diciendo: «Si les piden que rescaten el patrimonio expoliado entre el pueblo y los obispos se quedan con los prelados. Las alforjas de este viaje bien vacías han quedado, cuando vengan elecciones que os vote el obispado».
«Un callejón sin salida en la vía judicial»
Esta protesta se suma a las realizadas el pasado noviembre, cuando una treintena de organizaciones se movilizaron en contra del carpetazo de estas inmatriculaciones y del pacto entre el Gobierno español de coalición y la Conferencia Episcopal (CEE).
Para Recuperando, la coordinadora estatal en la que se incluye MHUEL, «no se ha avanzado un ápice en la formulación de medidas legislativas que reviertan la situación», lo que supone un incumplimiento de los compromisos del PSOE y Unidas Podemos. Consideran insuficiente lo hecho hasta ahora: la publicación de un listado de cerca de 35.000 inmatriculaciones en el Estado español y el cuestionamiento de la legalidad de en torno un millar de los registros.
Faltan los bienes entre 1946 y 1998 y todas las notas simples, lo que elevaría considerablemente el número de registros difundido hasta ahora. Entre los bienes inmatriculados hay miles de monumentos, muchos de ellos protegidos, pero también cementerios, casas, templos, huertas, plazas públicas y hasta algún frontón. «Tanto los ayuntamientos como los particulares se ven abocados a un callejón sin salida en la vía judicial», explicaba Andrés Valentín, coordinador de Recuperando.
