Incubada y dirigida desde oscuras madrigueras, en cuyo seno acechan las camadas más radicales e integristas de la burocrática derecha clerical, está en marcha la enésima embestida, aviesa y galopante, contra las leyes laicas de la república en pleno siglo XXI.
Intentan —y los vergonzosos hechos recientes así lo confirman en estados como Chihuahua o en Veracruz, en Nuevo León o en la ciudad de México— burlar al Estado laico. Y lo hacen con arrogancia y desplantes retadores y altivos.
No se trata de un asunto de cuantía menor o de segundo o tercer orden: es un tema ligado de manera medular al proceso democrático y a la convivencia civilizada entre los mexicanos, sea cual sea su modo de creer o de no creer.
Las fuerzas partidistas integrantes del Pacto por México deberían elaborar y difundir de manera profusa un pronunciamiento, inequívoco y unánime, acerca de la naturaleza laica de la vida social y política, jurídica y legislativa del país.
La Secretaría de Gobernación, instancia responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes laicas de la república, está obligada a formular cuanto antes un comunicado específico, dirigido a las autoridades organizadas en los tres órdenes de gobierno, con el objeto de refrendar ante ellas —y para ellas— el carácter laico del Estado y de la
Constitución, de la república, del gobierno y de las leyes.
La historia nacional nos ha dejado amargas experiencias, inolvidables episodios de sangre, cuando se ha perdido la brújula de la convivencia laica. La democracia y la política integran un binomio instrumental capaz de mover al país hacia estadios superiores del desarrollo humano.
El año pasado el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados —Poder Revisor de la Constitución— adicionaron el artículo 40 de la ley fundamental. Los legisladores decidieron remarcar y robustecer el carácter laico de la república, aunque, como sabemos, nuestra Constitución —su letra, su espíritu— es laica por completo, de principio a fin. En axiomática frase dice: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal.”
El artículo 40 debe ser complementado ahora con una Ley General Reglamentaria. Tan inaplazable decisión legislativa desarrollaría las múltiples facetas contenidas en la esencia de la república laica. Las más de ellas se relacionan con los derechos de las minorías étnicas, sexuales y religiosas, las reivindicaciones y las libertades de las mujeres, el desarrollo libre de la investigación científica, el continuo proceso secularizador de la vida mexicana…
Considerados como personas —individuos cuya íntima conciencia es intocable—, los gobernantes tienen pleno derecho de abrazar la fe o la religión que les plazca o les convenza —o a no asumir ninguna—, pero, en su calidad de servidores públicos, cualquiera que sea su jerarquía, están obligados a ajustar sus conductas, palabras y actos de gobierno a las exigencias democráticas del Estado laico y de sus leyes.
No permitamos a nadie reabrir heridas cicatrizadas por el tiempo y el dolor. La conquista del Estado laico nos costó sangre, desasosiego y discordia.
Bajo la atmósfera democrática laica los mexicanos podemos caminar y convivir en libertad, creamos en lo que creamos, queramos lo que queramos, a condición de subordinar, todos y de manera invariable, nuestras conductas a la legalidad.
Conquistado en el siglo XIX, el Estado laico es asunto consustancial a la democracia del siglo XXI. Respetémoslo. Defendámoslo. Multipliquémoslo.
