La reciente carta enviada por el Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato, solicitando el veto a la Ley de Diversidad del estado y sus municipios, plantea un debate crucial sobre los límites del Estado laico y la garantía de los derechos humanos para todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género.
En primer lugar, es fundamental recordar que el Estado laico implica la separación entre las instituciones religiosas y el gobierno, garantizando la neutralidad del Estado en asuntos religiosos y promoviendo la libertad de creencias. En este contexto, la carta del Consejo Interreligioso levanta preocupaciones legítimas sobre la posible intromisión de lideres religiosos en la legislación local. Sin embargo, es importante destacar que la Ley de Diversidad no busca regular las creencias religiosas, sino más bien proteger los derechos de grupos históricamente marginados y promover la inclusión y el respeto mutuo en una sociedad diversa como lo es la Guanajuatenses.
La Ley de Diversidad de Guanajuato representa un paso adelante en la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y en la promoción de la igualdad y la diversidad. Vetar esta ley sería un retroceso en la lucha por la justicia social y la garantía de los derechos humanos de todas las personas.
Esta carta contradice las enseñanzas de la biblia dónde dice: «Dios es amor» (1 Juan 4:8) y las palabras de líderes espirituales como el papa Francisco o el arzobispo de Canterbury quienes han instado a sus sacerdotes a incluir y abrazar a las personas NBLGBTIQA+ en sus comunidades religiosas.
En conclusión, es posible conciliar el respeto por la libertad religiosa con el compromiso con la igualdad y la diversidad. El Estado laico no debe ser percibido como una amenaza para las creencias religiosas, sino como un garante de la libertad y la justicia para todes.
