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El pasado 26 de julio se pospuso una vez más, en el Congreso del Estado de Durango, la discusión y votación en pleno de las modificaciones al código civil que reconocerían en nuestro estado la celebración de matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. Lo cierto es que gracias al activismo de los colectivos pro derechos humanos, en Durango ya se han celebrado cerca de 50 matrimonios (y se seguirán celebrando) oficializados por la dirección del Registro Civil de Durango, en atención a los amparos que frente a la desactualizada Ley Civil en nuestro Estado han presentado los contrayentes, siéndoles concedidos en términos de los precedentes dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien además, para vergüenza ineludible del Legislativo local, ya dictó línea y solicitó que se reformaran a la brevedad las leyes que colocan a las familias homoparentales u homosexuales en una desventaja legal respecto de las familias heteroparentales o heterosexuales.
Durango es hoy uno de los únicos 5 estados de toda la República Mexicana que sigue sin aprobar el llamado “matrimonio igualitario” y la trasnochada discusión del tema se ha tornado tan absurda que hay legisladores que se han atrevido a afirmar que cumplir con su obligación de actualizar las leyes a un estadio de respeto a los derechos de todas las personas, resulta contrario a sus creencias religiosas personales, como si permitir que las familias relegadas accedan a la igualdad ante la ley lesionara en algo a la grey católica. Vamos, nuestros ilustres representantes no han acabado de comprender que las leyes que ellos dictan no modificarán las normas que en el credo católico se imponen a sus fieles para poder contraer matrimonio religioso. Seguramente, nuestros representantes populares creen que, a partir del cumplimiento de su deber en la actualización de las leyes, las iglesias católicas tendrán que empezar a casar en sus templos a parejas del mismo sexo, pues solamente así se explicaría que justifiquen su irresponsabilidad legislativa con pretextos de orden religioso en un estado laico.
Desde aquí, con todo respeto, los invito a perder el miedo de atentar contra sus muy personales creencias, las cuales ni se devalúan, ni se quebrantan al responder al juramento constitucional que protestaron cumplir al asumir sus cargos pues, como he tratado de exponer, el hecho de que ustedes cumplan con ampliar el catálogo de derechos civiles a una minoría vulnerada históricamente por prejuicios, odio e ignorancia, no afecta que en las iglesias se sigan rigiendo por sus propias reglas. Bueno fuera que en la Iglesia católica caminaran a la par de los avances de la sociedad, pues de ser así ya estaríamos contando con un dignificante 50 y 50 por ciento de sacerdotes y sacerdotisas pudiendo dar consuelo en las parroquias a las y los feligreses y hasta podríamos aspirar a tener una Papisa o, al menos, podríamos ver algunas mujeres ejerciendo el liderazgo en encargos importantes dentro de las estructuras de poder del clero mexicano, pero como es evidente, ni todas las normas civiles, ni todos los tratados internacionales han logrado que sea así. Ellos podrán seguir imponiendo sus dogmas patriarcales a toda la feligresía que voluntariamente los suscriba y nadie podrá imponerles igualdad de género en sus formas de organizarse. Es decir, sus normas seguirán aplicándose y podrán seguir gozando de la libertad religiosa que les brinda nuestro país laico.
Señoras y señores legisladores, está en su deber reconocer que hay personas en Durango con otras creencias y con otra fe, a quienes ustedes no tienen el derecho de negarles el acceso a ejercer sus derechos civiles por no pensar como ustedes, ni a imponerles a rajatabla sus personales creencias. Durango no merece seguir siendo visto como una isla antiderechos. Es momento de poner a prueba su fe en la democracia y recordar que votaron por ustedes personas de todos los credos a quienes se deben en conjunto. Como católica sin miedo a la excomunión, creo que es tiempo de reflexionar. Los invito a darse cuenta que uno de los preceptos primordiales del catolicismo es el libre albedrío; no se puede obligar a nadie a creer en lo que uno cree y menos dándole la espalda a lo que el máximo jerarca de la Iglesia católica, el papa Francisco, en estos momentos afirma: “La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello”.
Si el catolisismo que profesan es su argumento para seguir negando derechos a las diversas formas de familias en Durango, es momento de analizar si las presiones que están recibiendo son expedidas desde el amor cristiano o desde el odio fanático. Al tiempo.
Malas mujeres.
Esta semana, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual el actor Pascacio N, quien antes de ser procesado como presunto responsable acusó de todo a su víctima por atreverse a denunciarlo. Para él y toda su red de encubridores, la valiente actriz y ejemplo nacional, Vanessa Bauche, se convirtió en una verdadera pesadilla, pues en el mundo del espectáculo los derechos de las mujeres siguen siendo un predio desierto ideal para la impunidad en la que depredadores han abusado del clima para violentar a actrices, ayudantes, artistas, conductoras y demás sin que nadie diga o haga nada. Parece que se viene una nueva era de denuncias colectivas y el fin del silencio, lo cual logrará acotar el margen de acción de quienes creen que dedicarse a las artes es sinónimo de consentimiento para recibir burlas, abusos y agresiones de índole sexual. Celebramos la victoria de Vanessa y esperamos que se vuelva la regla que ningún actor, director, productor o empresario del medio artístico, político, gobernante o jerarca pueda creerse con la libertad o el poder infinito de pasar por encima de la dignidad humana de ninguna persona sin sufrir las consecuencias. Seguiremos luchando para que ya no exista #NingúnAgresorEnElPoder
