Para el fundador y asesor de la agrupación “Católicas por el Derecho a Decidir”, los legisladores del país no han aprendido a separar sus creencias personales de la ética pública que debe regir su actuar en el Congreso.
Destacó que hay temas que pertenecen al área del Derecho y libertades de cada persona, por ejemplo, ningún legislador le puede decir a nadie cuándo casarse y con quién.
Si se trata de personas adultas, expuso, les corresponde a ellas decidir y la Suprema Corte de Justicia tiene eso muy claro, por ello ha reconocido que se debe permitir el matrimonio igualitario.
Lo mismo, abundó, ocurre cuando se habla del aborto, el 90 por ciento de los argumentos que dan los legisladores son de índole personal, no de ética pública, por lo que legislan con creencias privadas.
Mencionó que hay diputados que le preguntan en dónde pueden ver lo referente a la ética privada, por lo que les responde que es lo que viene en la Constitución, que establece el reconocimiento de los derechos y libertades de las personas.
Agregó que los legisladores tienen todo el derecho de aplicar su moral privada con sus hijas e hijos, pero los ciudadanos no lo son y no les puede prohibir lo que corresponde a sus libertades.
Mencionó que hay libertad de religión, es decir, cada quién puede creer en lo que prefiera, pero una cosa es creer en algo y otra insultar e incitar al linchamiento público cuando alguien no comparte las mismas ideas, pues eso ya es delito.
