Soy una madre de la escuela pública. No la escogí por pobreza, ni por la imposibilidad de acceder a otro modelo. Algunas personas próximas a mí nunca han entendido esta opción, que interpretan como una muestra de tacañería, de indolencia o de irresponsabilidad respecto al futuro de mis hijos. Yo, sin embargo, creo firmemente que una escuela pública igualitaria, gratuita, laica, interclasista y de calidad, constituye el primer peldaño de la civilización y el único modelo a escala de una auténtica sociedad democrática. Solo por eso, la habría escogido, pero la calidad de la enseñanza también cuenta. En los colegios privados y concertados suelen enseñar, como norma general, docentes que no han logrado entrar por oposición en la escuela pública.
No me siento agredida por las protestas de los mejores profesores que hay en España. Lo que me ofende es que los responsables de esta situación pretendan manipular a la opinión pública presentando a padres y alumnos como víctimas de sus reivindicaciones. Y aún me ofende más que -después de haber asistido, año tras año, al recorte sistemático de recursos en la enseñanza pública madrileña- se presente una ofensiva estrictamente ideológica como una consecuencia de la crisis.
Mentira podrida. Lo que pretende el Gobierno de Aguirre, que no ahorra en los terrenos que le dona a la Iglesia católica ni en las subvenciones de los concertados, es convertir la escuela pública en una vía muerta, un reducto para ciudadanos de segunda clase. Para lograrlo, cuenta con la complicidad de una sociedad anclada en el viejo modelo franquista de los "colegios de pago" y los "pobres gratuitos". Eso es lo más triste de todo. En ningún otro país europeo, con mejores notas en el Informe PISA, sucedería nada parecido. Pero España, una vez más, es diferente y algo más, un país anormal, aunque ni siquiera lo sepa.
