Hay una transformación pendiente en la democracia española. Durante la próxima legislatura, y de manera acuciante, los representantes del pueblo habrán de abordarla con todas sus consecuencias, si es que aspiran a concretar el proyecto de una sociedad más libre y más igualitaria, definitivamente liberada de las reminiscencias de una dictadura que, como se ha visto en los últimos meses, todavía persisten en el imaginario político español.
Nos referimos a la separación definitiva entre las iglesias y el Estado. Una realidad inconclusa, a pesar de estar prevista en nuestro código constitucional, y cuya aplicación no puede desvincularse de las condiciones mínimas de convivencia exigibles. Las aspiraciones de la derecha religiosa, la intromisión de los obispos en el espacio público o el mantenimiento de acuerdos internacionales que limitan el desarrollo de los derechos de la ciudadanía constituyen serias amenazas para nuestra estabilidad democrática. Vemos con inquietud que nuestros políticos han sido incapaces, hasta ahora, de reflexionar sobre la necesidad de acotar el expansionismo de las organizaciones clericales, cuyos privilegios se han visto incluso incrementados por causas poco claras durante el Gobierno socialista.
Nos encontramos en una situación muy delicada. El poder mediático de las diversas sectas, en particular de la católica, ha aumentado gradualmente, y su oposición frontal a cierta clase de iniciativas legales progresistas refleja con claridad el carácter de sus pretensiones. Su lógica es la del retroceso a situaciones históricas superadas de forma deficitaria, porque perciben la debilidad del proceso democrático y la posibilidad de modelar políticas conservadoras acordes con su moral y con sus aspiraciones totalitarias. Frente a esa lógica, y desde una reflexión laicista consecuente, apelamos a que se aborden, desde las instituciones de Gobierno, las soluciones políticas imprescindibles capaces de frenar dicho retroceso. Y que pensamos son, entre otras, las siguientes:
- Riguroso cumplimiento por parte de las instituciones de gobierno del carácter laico del Estado, según se expresa en el artículo 16 de la Constitución. Lo que implica la garantía institucional de la separación entre las creencias personales y el ámbito público, mediante los instrumentos adecuados para ello.
- Derogación inmediata del Acuerdo sobre asuntos económicos del 79 con el Vaticano, que ratifica el contenido del Concordato del 27 de agosto de 1953.
- Anulación del sistema de asignación tributaria a favor de la Iglesia católica o de cualquier otra confesión religiosa, sustituyéndolo por otro modelo en el que el Estado no ejerza de recaudador para ninguna de ellas.
- Revisión de las relaciones diplomáticas del Estado Español con estados totalitarios que, como El Vaticano, no han ratificado nunca su compromiso con los derechos humanos.
- Rescisión de cualquier financiación estatal directa o indirecta a las organizaciones religiosas.
- Anulación de las subvenciones públicas a los centros educativos privados y/o religiosos.
- Derogación de cualquier derecho o privilegio en el terreno educativo para cualquier culto o religión.
- Auditoría rigurosa del destino del erario público destinado a fines sociales, a fin de evitar que derive en organizaciones religiosas creadas específicamente para recavar esos fondos.
- Prohibición de que las autoridades civiles y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado participen con carácter representativo en ceremonias y actos religiosos.
- Supresión de cualquier tipo de símbolo religioso en edificios públicos y en actos o ceremonias oficiales.
- Aplicación rigurosa del Artículo 515 del Código Penal en materia del empleo de técnicas de manipulación de la personalidad o de “lavado de cerebro”.
- Derogación del Artículo 525 del Código Penal, por tratarse de una reminiscencia de las viejas leyes franquistas contra la blasfemia, y por ser contradictorio con el derecho a la libertad de expresión.
En definitiva, la Federación Internacional de Ateos (FIdA) propone a los candidatos al Parlamento español y a la gestión del Gobierno que tengan en cuenta en sus programas electorales y en su voluntad política la aspiración de gran parte de la ciudadanía a convivir en una sociedad más democrática y más libre, emancipada de la presión del oscurantismo religioso, y a no permitir las inaceptables injerencias de aquellas organizaciones que, ignorando el bien común, únicamente velan por sus propios intereses, poniendo así en peligro la convivencia pacífica de los españoles.
