El catedrático de Historia jubilado José Manuel Cuenca Toribio, al que dispensamos respeto y afecto, se ha referido a Carmelo Casaño y a mí en nuestros trabajos en relación a la problemática actual de la Mezquita, y ha señalado que hemos «entrado en el palenque para profundizar, contextualizar y esclarecer diversos extremos de la cuestión», lo que denota que, aunque discrepemos en ciertos puntos, navegamos hacia los mismos objetivos, es decir que el respetable historiador no está lejos de la hoja de ruta de la plataforma La Mezquita somos todos. Pero como digo son varios los puntos en que discrepamos con el anciano cronista, como él mismo de autocalifica, en su reciente artículo. El primero y de mayor bulto es el de partida; no, el tema de la Mezquita, el de su titularidad, no es cuestión histórica, aunque lo sea en parte: fundamentalmente es una cuestión jurídica. De manera que no está lejos de la cuestión su hogar abastado –sic– de libros y títulos jurídicos, como tampoco mi estudio, en el que mi biblioteca jurídica sigue siendo importante, aun después de haber segregado partes relevantes para donarlas a la Real Academia, al Colegio de Abogados, a la Facultad de Derecho y a un catedrático de Derecho Civil. Todavía me quedan textos de sobra para repasar conceptos que son claves en el tema de que tratamos: la propiedad y la posesión, el dominio público, los bienes municipales, la prescripción, etc.
Escribe el historiador que «acreditados juristas al sur y al norte de Despeñaperros censuran la infirmidad de los argumentos esgrimidos por los defensores de la municipalización de la Mezquita Catedral». No es necesario subir y bajar Despeñaperros para conocer que nadie serio o conocido, que yo sepa, defiende que la Mezquita haya sido o deba ser bien municipal. El Ayuntamiento con la alcaldesa al frente, la comisión de expertos nombrada al efecto, como todo el mundo a este lado de la frontera, lo que defiende o propugna es la titularidad pública, no la titularidad municipal. No es extraño que la distancia entre conceptos tan cercanos escape a personas no juristas.
Es sorprendente que el cronista, en el artículo que el periódico subtitula «Acerca de la relación histórica de los munícipes y el clero sobre el templo», la estime de poco menos que de idílica, dejando en el olvido el gravísimo enfrentamiento de 1523, al que me refiero en mi conferencia publicada Córdoba, la ciudad de la Mezquita del modo que sigue: «cuando el obispo Manrique tuvo la ocurrencia de destruir parte de la Mezquita para implantar el crucero en su centro, y Córdoba, la ciudad que ya llevaba dentro de su alma a la Mezquita, se levantó para impedirlo decretando el corregidor De la Cerda la pena de muerte para quien moviera un solo ladrillo».
Los historiadores sí tienen un importante papel en este asunto, pero por el momento no lo han asumido, al menos que yo sepa. Deben instruir al ciudadano sobre cómo la VI Partida exige para las donaciones reales de cierta importancia –y la de Mezquita es máxima– la forma escrita, y no existe papel alguno en que Fernando III donara la propiedad de la Mezquita a la Iglesia católica, aunque estuvo siete años merodeando Córdoba o residiendo aquí e hizo varias escrituras de donación. A nuestro entender no la hay respecto a la Mezquita porque el monarca nunca quiso hacerla; lo que quiso e hizo fue dar a la Iglesia la posesión para que pudiera ejercer sus cultos. Cultos que nadie ni antes ni ahora ha puesto en cuestión. Incluso cuando por una ley de 1933 los templos españoles fueron declarados bienes de dominio y de titularidad pública, como lo son en la mayor parte del mundo civilizado, el culto en la catedral no tuvo alteraciones.
Pero es claro que no se defiende el escenario de los cultos –que por cierto en la Mezquita son bastante escasos; escasez que se trata de compensar con una sobredosis de procesiones–; lo que se defiende, lo que se quiere, es el gran negocio, la explotación del turismo civil al monumental templo musulmán, que es patrimonio de la humanidad.
El legislador español dirá, más pronto o más tarde, lo que han dicho los legisladores de todo el mundo civilizado, que los templos son bienes de dominio público. Pero eso será cuando nuestros políticos dejen de tener comportamientos e ideas de sacristanes y monaguillos.
Rafael Mir Jordano. Escritor, abogado y académico
