Pese a la despenalización, al menos el 30% de los doctores no lo practica
En el departamento norteño de Salto todos los médicos se han declarado en bloque objetores de conciencia, por lo cual ahora una ginecóloga viaja dos veces por semana desde Montevideo para atender a las mujeres que desean abortar. En Paysandú, Río Negro y Soriano una mayoría de doctores han decidido hacer lo mismo, según un reciente informe de la ONG Mujer y Salud. Las cifras oficiales anuncian que un 30% de los médicos uruguayos han decidido no practicar interrupciones de embarazo desde la despenalización votada en octubre del 2012. En América Latina el aborto sólo está autorizado en Cuba, Ciudad de México, Puerto Rico y Guyana.
Pero la presidenta de la ONG Mujer y Salud, Lilián Abracinskas, considera que las cifras oficiales están escondiendo un fenómeno en auge y que cada vez son más las mujeres que deben ir de consulta en consulta o viajar a Montevideo para abortar. El camino para interrumpir el embarazo en Uruguay es lento y supone el cumplimiento de, al menos, cuatro etapas: una primera consulta de asesoramiento, una reunión con varios especialistas (sicóloga, asistente social, médico), un periodo de cinco días de reflexión y, finalmente, una sesión para recibir el tratamiento. El 90% de los abortos que se practican en Uruguay se llevan a cabo con fármacos. De hecho, Uruguay es el primer país de América Latina que autoriza la mifepristona, una píldora abortiva de uso extendido en Europa.
En 2014 Uruguay no registró ninguna muerte materna por aborto clandestino, un dato poco común en la región. Según las autoridades sanitarias uruguayas, la clave de este resultado es la utilización de fármacos abortivos, entre ellos el misoprostol, un medicamento contra las úlceras que se utiliza clandestinamente en toda América Latina para interrumpir el embarazo. La OMS ha inscrito el misoprostol en su lista de medicamentos esenciales por sus propiedades para evitar hemorragias. En Uruguay, sólo el 1,3% de las mujeres que abortan voluntariamente dentro del plazo de 12 semanas recurren a una intervención quirúrgica.
Durante el proceso de al menos nueve días para poder abortar, un 6% de las mujeres decidieron continuar su embarazo. Así, en 2014 se practicaron 8.599 abortos en Uruguay, una cifra en aumento si se compara con 2013. Los sectores sociales y políticos opuestos al aborto consideran que la nueva ley disparará el número de interrupciones de embarazo en los próximos años.
La presidenta de Iniciativas Sanitarias, el centro médico de referencia en Uruguay sobre el tema, considera que la objeción de conciencia es un derecho humano que debe ser respetado. Para Ana Labandera el fenómeno permite al menos aclarar la situación: “Un médico objetor es alguien que ha decidido no prescribir los medicamentos o no llevar a cabo una operación. Eso es preferible al profesional que aprovecha el ámbito de poder de su consulta para disuadir al paciente e imponerle su sistema de valores”, asegura.
Pero la doctora Leticia Rieppi, excoordinadora del área de salud reproductiva del Ministerio de Salud, se muestra más crítica con los objetores: “Cuando vemos que en lugares como Salto la totalidad de los médicos decide no practicar abortos hay un problema, no parece algo natural que obedezca a profundas creencias religiosas o valores morales. Hay otro tipo de situaciones. Creo que ninguna mujer debería de enfrentarse a ser rechazada en una consulta y creo que la solución sería publicar las listas con los nombres de los objetores de conciencia”, considera.
Rieppi piensa que Uruguay está lejos de ser un país aislado en la región: “Somos una punta de lanza. En Argentina se está trabajando para establecer la interrupción de embarazo con causales, en Chile se ha instalado el debate y estoy convencida de que en Brasil va a pasar lo mismo que en Estados Unidos: habrá Estados en los que sí se autorice y otros en los que no”.
Actualmente, las autoridades uruguayas trabajan en varios países latinoamericanos para exportar su modelo de prevención de muertes maternas y de aborto seguro. Existen convenios con Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y República Dominicana, países en que el aborto está totalmente prohibido y ni siquiera aparece en la agenda política.
