EL PAÍS ha seguido en los últimos nueve meses los casos de 108 denunciantes de abusos que acusan a los obispos y a las órdenes religiosas de no contestar a sus correos, de alargar los procesos y de obligarles a firmar cláusulas de confidencialidad
Los procesos canónicos sobre los casos de pederastia que la Iglesia católica española instruye dentro de sus muros son un misterio. Se escudan en el respeto a las víctimas para no dar información, pero decenas de ellas denuncian públicamente que los jueces eclesiásticos les niegan las sentencias y los documentos de sus causas. Pese a que la Conferencia Episcopal Española (CEE) dice que lleva desde 2019 atendiendo y reparando a las víctimas, nunca informa de cuántas reparaciones ha pagado, la media de las cuantías o el número de terapias o de cartas solicitando perdón que han firmado los obispos y los superiores de las órdenes religiosas.
