La comunidad autónoma andaluza es la segunda región de España con más bienes culturales incluidos en la Lista Roja de la asociación Hispania Nostra
Un total de 204 monumentos de las ocho provincias andaluzas integran la Lista Roja del patrimonio histórico, que recoge los bienes culturales y naturales en preocupante estado de conservación. Jaén y Granada son las provincias con mayor número de monumentos en situación de alerta o a punto de la extinción, según el catálogo elaborado por la prestigiosa asociación Hispania Nostra, que desde el año 2007 vigila la salud del formidable legado cultural de España.
El inventario de bienes culturales gravemente deteriorados es elaborado a partir de la denuncia ciudadana y resulta básicamente orientativo. El número real de monumentos en estado crítico puede ser notablemente superior, subrayan los expertos de la asociación. Con todo, el catálogo es fiable, riguroso, bien organizado y ofrece una radiografía veraz del abandono en que se encuentra parte del patrimonio histórico de España y Andalucía.

Un comité científico de Hispania Nostra examina las denuncias con detalle y solicita información complementaria a la administración competente, los propietarios y otras instituciones antes de subir la ficha a la página web. “La Lista Roja es una herramienta de participación social para dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre bienes en riesgo de desaparición”, indica la asociación en su portal.
La mayor parte de los monumentos andaluces en situación crítica pertenecen al patrimonio de carácter civil (61) y militar (56), integrado por palacios, castillos, fortalezas, murallas, torreones o conjuntos históricos. Los bienes de naturaleza religiosa en estado de alerta están cifrados en 50 e incluyen iglesias, ermitas, conventos o cementerios. Después de Jaén y Granada como provincias con más bienes en estado de alerta, le siguen Cádiz (27), Sevilla (23) y Córdoba (16).
La mayor parte de los monumentos andaluces en situación crítica pertenecen al patrimonio de carácter civil y militar, integrado por palacios, castillos, fortalezas, murallas, torreones o conjuntos históricos
Entre los monumentos amenazados hay algunos de especial interés histórico y patrimonial. Por ejemplo, los Baños Árabes del Albaicín. Las termas fueron construidas a finales del siglo XII, en época almohade, y son las más relevantes de la Granada islámica. La prohibición de los baños públicos en el siglo XVI los dejó sin uso y acabaron desmantelados. En 2011 fueron declarados bien de interés cultural (BIC), aunque se encuentran abandonados y en un “pésimo estado de conservación”.

El espléndido Palacio de Orleans, en Sanlúcar de Barrameda, ejemplo de la arquitectura neoárabe del siglo XIX, se encuentra al “borde de la ruina total”, pese a que el Ayuntamiento lo adquirió en 1979 y en 1982 fue declarado BIC. En Málaga, con 15 monumentos en situación de abandono, hay que subrayar el mal estado de algunas de sus atalayas costeras, como es el caso de la Torre de la Miel, en Nerja. El Puente Califal del río Guadiato, construido en el siglo IX para unir Córdoba con Badajoz, presenta un “avanzado estado de deterioro”. En marzo de 1916 sufrió un aparatoso derrumbe a causa de un temporal y, desde entonces, ya no es transitable.
El espléndido Palacio de Orleans, en Sanlúcar de Barrameda, ejemplo de la arquitectura neoárabe del siglo XIX, se encuentra al “borde de la ruina total”, pese a que el Ayuntamiento lo adquirió en 1979 y en 1982 fue declarado BIC
El catálogo de sitios patrimoniales en estado deplorable incluye también el Castillo de Alnazmara, de Benaocaz (Cádiz); el claustro del Convento de San Francisco, en Baza (Granada); los Dólmenes de los Gabrieles, en Valverde del Camino (Huelva); la Antigua Estación de Úbeda (Jaén); el Molino de San Juan de Teatinos (Sevilla); el Palacio de Riquelme, en Jerez (Cádiz); o las Torres de la Iglesia de la Inmaculada, en Écija (Sevilla), entre otros muchos monumentos de singular valor.

Muchas asociaciones ciudadanas trabajan desde hace años en la defensa del patrimonio histórico. Una de ellas es el colectivo Ben Baso, de Sevilla, que agrupa a profesores especializados en la divulgación del legado cultural. Su presidente, José Manuel Baena, prefiere ver las dos caras de la moneda. “Hay una parte positiva en esta cuestión”, puntualiza en conversación telefónica. “Cada vez interesa más el patrimonio entre la ciudadanía y eso hace que se protejan y defiendan los bienes más que antes”.
Uno de los casos “más dolorosos” del patrimonio histórico andaluz es la Hacienda Ibarburu, en Dos Hermanas, que se encuentra “totalmente abandonada, vandalizada y hundida”
La perspectiva negativa es que hay muchos monumentos en peligro debido, en gran medida, al patrimonio “tan ingente” que hay en Andalucía. En su opinión, sobresalen dos problemas graves que amenazan la integridad del legado cultural. Por un lado, la especulación urbanística. Y cita como ejemplo el enclave arqueológico de los Dólmenes del Aljarafe, asediado por el crecimiento residencial y viario de la zona. El otro punto débil, a su juicio, se deriva del turismo masivo, que está alterando el uso originario de muchos bienes. “Algunas iglesias han pasado ser un lugar de culto a un lugar de visita”, sostiene.
Otro de los casos “más dolorosos” del patrimonio histórico andaluz es la Hacienda Ibarburu, en Dos Hermanas, que se encuentra “totalmente abandonada, vandalizada y hundida”. El edificio, según explica Baena, está dividido en varios propietarios, uno de ellos resulta ser el Ayuntamiento. El presidente de Ben Baso denuncia la existencia de cientos de elementos de arquitectura rural que están en vías de extinción.

La mayor parte de la responsabilidad, argumenta Baena, recae en la administración pública al tener encomendada por ley la tutela y conservación del patrimonio histórico. “Las soluciones son muy complicadas”, admite el experto. “No basta con hacer cambios legislativos”, subraya, “sino que es preciso actuar más rápido en la imposición de sanciones y la intervención de la justicia”. También urge extender programas de formación patrimonial entre la población y que “los poderes públicos y económicos entiendan que el legado histórico es una fuente de riqueza para Andalucía”. Con todo, José Manuel Baena daría un aprobado raspado al estado actual del patrimonio andaluz. “Está bien, en general, aunque tiene que mejorar mucho”, concluye.
Mari Cruz Santos es miembro de la junta directiva del colectivo patrimonialista AHRO y fue vicepresidenta de la Unión de Asociaciones para la Promoción y Defensa del Patrimonio Cultural y Natural, que agrupa a una veintena de entidades de toda España. Santos valora negativamente la política conservacionista del Gobierno andaluz. “Es un desastre”, asegura tajante.
Muchas asociaciones ciudadanas trabajan desde hace años en la defensa del patrimonio histórico. Una de ellas es el colectivo Ben Baso, de Sevilla, que agrupa a profesores especializados en la divulgación del legado cultural
La activista afirma que las leyes se incumplen de manera “clamorosa” y que hay un acusado déficit de inversión pública en este campo. “Hay un abandono del patrimonio y poco aprecio”, lamenta. La responsabilidad no solo es atribuible a la administración autonómica sino también a la local y la provincial. Los propietarios, bajo su prisma, tienen su parte de responsabilidad en la custodia de los bienes patrimoniales. “Aunque hay que hacer una distinción”, señala. “No son lo mismo los grandes propietarios que disponen de recursos suficientes para mantener el patrimonio que aquellos que no los tienen”. Y cita a la Iglesia católica y la polémica de las inmatriculaciones, que les ha permitido “acumular patrimonio de forma torticera” y ahora no tiene medios para conservarlo.