Las penas en el país son de hasta cinco años de prisión para quien ayude a abortar y, en el caso de fallecimiento, se elevan a entre 10 y 20 años. Para las mujeres que aborten hay penas de entre seis meses y dos años de cárcel.
La muerte en septiembre de una menor marroquí de 14 años a causa de un aborto clandestino ha desatado la polémica en Marruecos sobre la necesidad de despenalizar esta práctica muy recurrente en el país, con entre 600 y 800 casos diarios, según los datos manejados por las ONGs.