Voto a los 16 años: Un paso fundamental para fortalecer la democracia
La democracia, la participación y la ciudadanía son pilares fundamentales de las sociedades modernas, pero su vigencia enfrenta desafíos. Sin embargo, mientras se debate si el modelo democrático está agotado o en peligro, surgen propuestas para revitalizarlo. Entre estas, destaca una cuestión urgente pero insuficientemente explorada: la ampliación del derecho al voto a quienes aún no han cumplido 18 años.
Como personas que nos dedicamos, desde hace largos años, a la docencia y a la investigación sobre, para y con la infancia y la adolescencia, o bien, como activistas, a la defensa de sus derechos humanos, deseamos manifestar ante la sociedad, las razones que, desde nuestra experiencia, hacen imprescindible actualmente incorporar a este grupo de población a uno de los elementos clave de la ciudadanía política, como es el sufragio universal.El sufragio universal ha sido históricamente una conquista progresiva, aún imperfecta. Si en el pasado se excluyó a trabajadores, mujeres, jóvenes menores de 21 años y personas con discapacidad, todavía hoy persiste, entre otras, la exclusión por edad. La exclusión del derecho al voto por motivo de edad es una barrera antidemocrática que perpetúa una injusticia y debilita el demos. En un momento de creciente preocupación por la desafección política y de cuestionamiento de los sistemas democráticos, ampliar el derecho al voto a las personas de 16 y 17 años emerge no solo como una medida de justicia, sino también como una herramienta necesaria para revitalizar nuestras democracias, como una apuesta inequívoca por la ampliación de derechos. Más allá del debate sobre derechos individuales, esta propuesta supone una cuestión de salud democrática, orientada a reforzar la legitimidad del sistema y corregir desequilibrios generacionales cada vez más acusados.
La extensión del sufragio universal para alcanzar a las personas niñas, encuentra fundamento en la Constitución Española, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se inspira y en la Convención sobre los Derechos del Niño suscrita por nuestro país.
De este modo, conforme al artículo 14 de la CE, “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, por lo que la negación del derecho al sufragio a las personas menores de 18 años significa un trato discriminatorio debido a su condición personal. Por su parte, el artículo 10.2 de la CE hace una referencia explícita a que los derechos constitucionales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 21.1 reconoce expresamente que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”; y en el párrafo 3 se establece que las elecciones, por las que se expresa la voluntad del pueblo, deben realizarse por sufragio universal e igual. Por fin, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño insta a los Estados a incorporar a niños, niñas y adolescentes en las decisiones que les afectan. En su Observación General número 12, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas afirma que la participación en esas decisiones debe ser entendida de manera amplia, con el fin de establecer procedimientos que permitan a los niños expresarse sobre los asuntos que les afectan debido a condiciones sociales, económicas o culturales de la vida en su sociedad. No cabe duda de que tener la capacidad de elegir a sus representantes políticos, constituye una forma de participar en las decisiones políticas que tanta trascendencia tienen y tendrán sobre sus vidas individuales y como grupo social.
Los y las adolescentes están situados actualmente en la diana de las críticas de una sociedad que les escucha poco y, así, no llega a comprenderlos. En el plano de sus derechos de ciudadanía se encuentran en un limbo político: aportan a la sociedad, pagan impuestos indirectos y viven cada día los efectos de decisiones políticas sobre las que no pueden influir directamente, aunque también heredarán sus consecuencias. Pueden trabajar, emanciparse legalmente, casarse con autorización y decidir sobre su salud pero no pueden elegir a sus representantes políticos. Esta marginación tiene consecuencias concretas. Por un lado, fomenta agendas políticas desequilibradas, sin abordar suficientemente temas cruciales para las generaciones más jóvenes, como la crisis climática, la vivienda, la educación, o el empleo juvenil. Por otro, profundiza la fractura intergeneracional; mientras el 35% de las personas menores de 18 años vive en riesgo de pobreza en España, sus necesidades quedan relegadas frente a las prioridades de los grupos de mayor edad. Si la democracia se fundamenta en el principio de igualdad, no puede considerarse igualitario un sistema que no escucha a quienes más tiempo vivirán bajo las consecuencias de sus políticas.
Frente a esto, se hace necesario avanzar hacia una mayor justicia intergeneracional. La justicia intergeneracional exige reconocer el derecho de las personas más jóvenes a decidir sobre su presente y sobre su futuro, especialmente en sociedades cada vez más envejecidas como la española. Otros países de nuestro entorno ya están dando pasos hacia esta renovación participativa. De este modo, son 11 los países del mundo que permiten el voto por debajo de los 18 años en todas las elecciones, destacando en Austria, que tiene reconocido este derecho desde 2007. En las últimas elecciones al Parlamento europeo, las personas de 16 y 17 años pudieron ya votar en 5 países de la Unión. En otros 6 países, chicas y chicos pueden votar en elecciones autonómicas y locales. La resistencia al avance hacia un sufragio verdaderamente universal y hacia una sociedad donde nadie quede fuera por prejuicios arraigados, solo encuentra justificación en la existencia de un imaginario colectivo de tintes adultistas, más basados en la costumbre que en razones de competencia política, que, a los más jóvenes, se niega, mientras que, para los adultos, se da por hecha.
La ampliación del derecho al voto a los 16 años implica una apuesta por fortalecer la democracia desde la base y por avanzar hacia una democracia más inclusiva. Los y las jóvenes de 16 y 17 años representan un 2,2% de la población y el 2,5% de quienes actualmente componen el censo electoral. Al constituir un grupo pequeño en números absolutos, su participación en el proceso electoral tiene escasas posibilidades de alterar drásticamente los resultados del mismo. Por el contrario, su inclusión contribuirá a reforzar la legitimidad de la democracia española, que ganará en representatividad, a la vez de promover la educación cívica y la formación política temprana, creando ciudadanía desde la práctica. Desde la perspectiva de las personas jóvenes, la inclusión de este grupo de edad tiene un valor simbólico, en el sentido de que la sociedad confía más en ellas y les hace corresponsables de su más justo funcionamiento.
Rebajar la edad de voto a 16 años no resolverá todos los problemas de nuestras sociedades, pero contribuye a superar una discriminación por motivo de edad, es un acto de justicia hacia los niños, niñas y adolescentes y aporta un impulso renovador que fortalece la democracia.
Lourdes Gaitán Muñoz. Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia.
Iván Rodríguez Pascual. Universidad de Huelva.
Ainhoa Rodríguez García de Cortázar. Universidad de Granada.
Daniel Gabaldón Estevan. Universidad de Valencia.
Guillermina Belavi. Universidad Complutense de Madrid.
Ignacio Campoy Cervera. Universidad Carlos III de Madrid.
Elisabet Marco Arocas. Universidad de Valencia.
Kepa Paul Larrañaga Martínez. Universidad Complutense de Madrid.
Matías Cordero Arce. Universidad del País Vasco.
Jorge Cardona Llorens. Universidad de Valencia.
Begoña Leyra Fatou. Universidad Complutense de Madrid.
Pau Mari-Klose. Universidad de Zaragoza.Myriam Fernández Nevado. Universidad Complutense de Madrid.
Alberto Sanz Gimeno. Universidad Complutense de Madrid.
Julia Ramiro Vázquez. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Mónica María Monguí Monsalve. Universidad Complutense de Madrid.
Maialen Garmendia. Universidad del País Vasco.
Francisco Mielgo García. Universidad de Granada.
Patricia Núñez Gómez. Universidad Complutense de Madrid.
Felipe Morente Mejías. Universidad de Jaén.
Ferrán Casas. Universidad de Girona.
Asun Llena Berñe. Universidad de Barcelona.
Antonia Picornell Lucas. Universidad de Salamanca.
Elisa Brey. Universidad Complutense de Madrid.
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