II Jornadas por la Laicidad celebradas en Barcelona del 20 al 21 de julio de 2002
1. Los representantes de las asociaciones presentes y los asistentes abajo firmantes, ateniéndonos a las conclusiones de los trabajos realizados en el II Encuentro por la Laicidad en España, que han versado sobre la Laicidad y el derecho al espacio público, reafirmamos nuestro convencimiento de que para posibilitar una auténtica igualdad de oportunidades al acceso al espacio público es preciso fortalecer el marco común de la laicidad como garantía de civilidad democrática y de respeto para con todas y cada una de las expresiones filosóficas y espirituales, sin imposiciones, favoritismos, exclusiones ni hegemonismos por parte de ninguna escuela de pensamiento o grupo en particular.
2. Es por ello que queremos hacer oír la voz de quienes nos identificamos con la cultura de la libertad de conciencia, de la tolerancia activa y del humanismo democrático, para impulsar el debate crítico que facilite el cumplimiento, en nuestro contexto legal, de los mínimos requisitos de convivencialidad y pluralismo en dicho espacio público, que es el que todos y todas compartimos, al margen de nuestras opciones de conciencia privada, y el que, por tanto, el marco jurídico debe garantizar, para todos y todas, sin ningún tipo de diferencia.
Apoyamos, como consecuencia, la creación de una red de coordinación de las personas, asociaciones y entidades que trabajen en España en defensa de la laicidad como eje de sustentación de una democracia auténticamente ciudadana, comprometiéndonos a la difusión de sus acciones y a la promoción de sus valores.
3. Debemos denunciar, en este sentido, la vigencia del Concordato firmado entre el Estado español y la llamada Santa Sede en 1953, durante la dictadura, así como los acuerdos vergonzantes de 1976 y de 1979, difícilmente asumibles desde una mínima coherencia democrática, abiertamente transgresores del espíritu del mandato constitucional, que permiten a una confesión religiosa determinada –la católica– ejercer una función de preeminencia sobre la libre conciencia de los ciudadanos que se expresa mediante sus privilegios en materia de enseñanza, fiscalidad, presencia mediática y ocupación simbólica de lugares de especial significación para el espacio público, por el elevado grado de representatividad de la comunidad política que desempeñan.
4. Consideramos especialmente preocupante el mantenimiento, en el ámbito educativo, de privilegios exclusivos para las confesiones religiosas, en la medida en que ello puede dificultar el proceso de formación de la libre concienca ética de las personas que, en razón de su edad, menor capacidad de defensa tienen ante las imposiciones ideológicas externas, mediatizando sus condiciones de libertad de juicio personal y, por tanto, de ejercicio de la autodeterminación individual, fuente de la libertad plena.
La Ley de Calidad, actualmente en discusión, va a empeorar la situación, mientras que nosotros consideramos que la religión ha de ser excluida del espacio educativo. Los catequistas de cualquier religión, si existen, no deben financiarse con cargo a fondos públicos, ni han de formar parte de los claustros escolares.
5. Consideramos, asimismo, preocupante, además de grotesco para el actual grado de evolución de la sociedad española, la pública ostentación de simbología confesional o el sometimiento a ella por parte de cargos públicos, electivos o no, que se deben, en primer lugar, al público y a la garantía del derecho al espacio público para todos los ciudadanos, antes que a su conciencia. Las Jefaturas del Estado o del Gobierno, y cualquier representación estatal, autonómica, municipal o militar, deben estar exentas de implicación confesional pública alguna, reservando los actos de culto a que su conciencia les impulse a la estricta esfera de la privacidad.
6. Efectuamos, pues, un especial llamamiento a los representantes políticos e institucionales democráticos en su conjunto y muy especialmente a quienes puedan sentirse comprometidos con la cultura de la libertad y del progreso, para que promuevan las oportunas medidas legislativas que permitan acceder, en condiciones de auténtica igualdad de oportunidades, al disfrute del espacio público para todos los ciudadanos. Abogamos por una política de sometimiento de las religiones al derecho común, centrada en la vigilancia del cumplimiento por todas ellas de los valores rectores de una sociedad libre y democrática.
7. Es en este sentido por lo que consideramos imprescindible la adopción de los correspondientes procedimientos legales que posibiliten sancionar en el ordenamiento jurídico las propuestas que se exponen en el Manifiesto de Motril de julio de 2001. Y nos parece que dichas propuestas, pese a no resultar ajenas a ningún planteamiento realmente democrático y convivencial, deberían ser asumidas íntegramente por quienes se reclaman del pensamiento progresista.
8. Consideramos que la garantía de respeto a la pluralidad de opciones ideológicas, filosóficas y éticas que puedan ser libremente asumidas por la conciencia de los ciudadanos, sin restricciones de ningún tipo para la libre expresión de las demás, sin limitaciones para el ejercicio del derecho a la crítica o a la apostasía, y sin imposiciones por parte de ninguna comunidad cultural o familiar sobre la conciencia individual –especialmente, de los jóvenes menores de edad– y su permanente derecho a la libertad, son la garantía del ejercicio real del derecho al espacio público.
9. Consideramos que este ejercicio puede trasladarse al plano de las relaciones entre individuos, grupos, sociedades y estados, constituyendo uno de los fundamentos del derecho a la libre determinación de los individuos y de asentamiento de las condiciones de posibilidad de una vida social en paz y democracia. Creemos que la Unión Europea, muy especialmente, debe sentirse llamada a ejercer una función de defensa y promoción internacional del derecho a la autodeterminación del individuo como sujeto de Derecho, con el fin de evitar el sometimiento de las conciencias individuales a los prejuicios comunitaristas y a las presiones dogmáticas de cualquier signo, y frente a la usurpación por la fuerza de dicho derecho, ya sea con fines políticos, religiosos, mediáticos o delictivos. Creemos, también, que la Unión Europea debe reforzar sus compromisos con la cultura de la laicidad y de la libertad de conciencia ante los riesgos de deriva autoritaria, intransigente y excluyente que pueden detectarse entre ciertos sectores de la opinión pública europea para quienes el fanatismo o la renuncia al pensamiento libre pueden parecer alternativas al riesgo de exclusión social. La cultura de la laicidad y de la democracia fundamentada en valores humanos –que no en imagen o en recursos materiales–, constituye, también, un antídoto frente al fascismo.
10. Y a defender estos valores de laicidad como vía de respeto a la diversidad de las conciencias y de enaltecimiento de la riqueza plural de la cultura humana, nos comprometemos, requiriendo a nuestros representantes y autoridades públicas a que así lo hagan también, en todos los foros de ámbito español, europeo comunitario o internacional, para promover la construcción de una cultura civil fundamentada en la libertad, la igualdad de oportunidades y la relación constructiva y pacífica entre individuos y comunidades.
En Barcelona, a 21 de julio de 2002
Asociación Pi y Margall por la Educación Pública y Laica
Ateus de Catalunya
Colectivo Escuela. Granada
Europa Laica
Fédération Nationale de la Libre Pensée(suscribe el manifiesto exceptuando el punto 9, referido a la Unión Europea).
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
Asociación Escuela Laica . Albacete
