El próximo sábado 25 de marzo a las 17:00 se ha convocado una concentración en la Plaza de España de Madrid a las 17:00, tras la que se realizará una manifestación a las 18:00, en protesta por el robo institucional de niños en España.
La manifestación subirá por la Gran Vía hasta la Plaza de Callao, pasará por Preciados, c/ Tetuán, c/ Arenal y culminará con una concentración en la Plaza de Isabel II (Òpera).
Según las entidades convocantes, en España se están robando actualmente más niños que durante la dictadura franquista, pera al contrario que entonces, que era ilegal y las sectas que los robaban y vendían tenían que simular muertes de recién nacidos, falsificar partidas de nacimiento y vender con disimulo los niños a familias pudientes, actualmente se hace de forma legal a través de los Servicios Sociales posfranquistas controlados por una trama que prosigue con tan sórdido negocio, y repartiéndose cientos de millones de los fondos europeos entre centros privados y casas de acogida, en vez de ayudar a las familias económicamente tal y como obliga el Artículo 39 de la Constitución Española.
Declaración de Fernando Barredo de Valenzuela, presidente de la Fundación democraciActiva.
NIÑOS ROBADOS INSTITUCIONALMENTE, Servicios Sociales públicos haciendo informes surrealistas para llenar cada año más centros privados de menores. Familias destrozadas para que no se pare el negocio de las sectas del poder «atado y bien atado». Cualquier proceso judicial para la recuperación de un/a menor arrancado en España por los Servicios «Suciales» posfranquistas, aparte de resultar ruinoso porque hay que pagar abogado, procurador y, a menudo, peritaciones, es incierto porque unos se ganan y otros se pierden independientemente de la lógica jurídica, más bien en función del juez que toque.
En el caso de optar por abogado de oficio, hemos detectado que muchos son de beneficio pero no para las personas que necesitan recuperar a sus niños.
Los jueces y fiscales actúan con sorna frente a los abogados que sí defienden. Todo está previsto para que la Administración se salga siempre con la suya y, como consecuencia, crezcan las empresas del séquito nazionalcatólico beneficiario de la trama.
Para colmo, los procesos son extremadamente lentos, de años, en los que la Administración puede apelar, pedir aclaraciones de sentencias y retrasar su aplicación hasta lo desesperante. Incluso tras la obtención de sentencias favorables no siempre se termina con la entrega a las familias de los niños arrancados porque, en más de un caso, las consejerías de turno las desobedecen estirando su aplicación o bien porque se actúa en paralelo y se vuelve a secuestrar al niño o niña a través de otro proceso improvisado y con una excusa nueva. La depresión está servida. La indefensión es absoluta. Aquí los derechos fundamentales se soslayan con la hipócrita cantina del «Interés Superior del Menor» para seguir arrancando niños.
Actualmente no se trata de crímenes encubiertos por una dictadura, sino legalizados por nuestra cuasi democracia. Es muy importante que se entienda que LA ÚNICA MANERA DE RECUPERAR PRONTO A LOS NIÑOS ROBADOS ES CONSEGUIR UNA MOVILIZACIÓN IMPORTANTE, incontestable salvo con cambios de las leyes abyectas que propician la infamia. También hay que luchar para la depuración de responsabilidades de acciones ilegales. Habiendo ya más de 50.000 niños apartados de sus familias por los Servicios «Suciales» en España, poca gente lo quiere creer, pero la verdad, toda la verdad, saldrá a la luz, y se verá que junto a casos de lógica intervención y suspensión de patrias potestades, la mayoría de casos son auténticos robos de menores.
Si a una madre, a un padre, a unos abuelos y resto de cada familia les roban a un niño de la misma, no cabe esperar de ellos paz y acatamiento sino guerra. Tanto dolor tendrá su precio.
El próximo 25 de marzo de 2023 tendremos otra manifestación estatal en Madrid que podría ser definitiva.
Nuestra Fundación democraciActiva llama a toda la ciudadanía para que se sume a la defensa de los menores robados a sus familias, exigiendo que se cumpla el Artículo 39 de la Constitución Española:
Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.
NO HAY EXCUSAS QUE VALGAN, ante a una Inquisición que empobrece y aplasta aún a la población española, que se ensaña con las familias en precario, con mujeres vulnerables en procesos de divorcio por violencia de género, o simplemente porque son madres solteras, toca rebelarse como herejes incombustibles frente a quienes expolian Patrimonio, desahucian incluso a ancianos y roban hasta niños a los que explotan y adoctrinan.
Todos los pueblos tienen los gobiernos que se merecen; son las familias con menores robados las primeras que deben estar dispuestas a luchar por ellos, por mucho miedo que las metan. Y quienes no tienen hijos y por ello son menos vulnerables ante la Inquisición que los roba y explota, incluso a menudo sexualmente, están más obligados aún a defender a las familias afectadas.
Todos somos hijos de madres y de padres. Todos somos responsables. Es la sociedad española inculta, obediente y cobarde, la que tiene que cambiar para que España cambie.
