George Vella es médico de profesión
El presidente de Malta, George Vella, ha manifestado a sus allegados que está dispuesto a dimitir si el Parlamento aprueba la modificación de la ley del aborto propuesta por el gobierno. Le preocupa principalmente que el cambio propuesto permita el aborto cuando se considere que la salud de la mujer, y no su vida, está en peligro.
El proyecto de ley está siendo sometido a una segunda lectura en el Parlamento, pero su redacción podría modificarse en la fase de comisión en los próximos días.
Cualquier proyecto de ley debe ser firmado por el presidente antes de convertirse en ley. Si Vella dimite, sería el primer presidente de la historia en hacerlo.
Es probable que el Parlamento vote el proyecto de ley antes del 19 de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad.
Las fuentes también dijeron que el presidente está preocupado por el impacto en la edición de este año de L-Istrina si dimite. Como es tradición, el telemaratón anual para recaudar fondos está previsto para el 26 de diciembre.
Vella, que es médico de profesión, se ha mantenido firme en su postura contra el aborto y, como presidente, insistió públicamente en que dimitiría si el Parlamento aprobaba un proyecto de ley sobre el aborto.
Cuando, en mayo del año pasado, la ex diputada independiente Marlene Farrugia presentó un proyecto de ley privado para despenalizar el aborto, Vella declaró a Net News que se oponía al aborto sin excepciones porque «no hay medias tintas para el asesinato». «Se ha matado o no se ha matado, no puede haber una muerte a medias. Soy muy claro, no hay peros», dijo entonces.
Hasta ahora, Vella ha declinado hacer cualquier comentario público sobre su opinión acerca de la enmienda al código penal presentada en el parlamento la semana pasada. Las preguntas enviadas a su oficina seguían sin respuesta en el momento de redactar esta noticia.
La enmienda propuesta por el gobierno liberará a los médicos y a las mujeres embarazadas de la amenaza de un proceso penal si se aborta por motivos de salud, supuesto que en todos los países donde se ha aplicado es la puerta abierta al aborto libre.
El texto indica que no se cometerá ningún delito «cuando la interrupción de un embarazo sea resultado de una intervención médica destinada a proteger la salud de una mujer embarazada que sufra una complicación médica que pueda poner en riesgo su vida o su salud».
El Primer Ministro, Robert Abela, y el Ministro de Sanidad, Chris Fearne, han argumentado que las enmiendas no harán más que codificar en ley una práctica no oficial de larga data entre los médicos del Hospital Mater Dei.
El proyecto de ley fue acogido con satisfacción el martes por 108 eurodiputados, en su mayoría del grupo socialista y de los verdes, que lo describieron como «un primer paso importante» y dijeron que permitiría «salvar vidas».
Sin embargo, el Partido Nacionalista y el movimiento provida, que incluye a la ex presidenta Marie Louise Coleiro Preca, 44 organizaciones y casi 80 académicos, se han opuesto a los cambios.
Aunque afirman que podrían aceptar una enmienda que permitiera el aborto para salvar a una mujer si corre el riesgo de morir, temen que la palabra «salud» pueda interpretarse de forma que permita el aborto incluso en el caso de mujeres que sufran trastornos mentales que no pongan en riesgo su vida.
Proponen una enmienda que limite el procedimiento a cuando exista un «riesgo real y sustancial de pérdida de la vida de la madre».
Se entiende que el presidente expresó una preocupación similar. Sin embargo, no está claro si estaría dispuesto a firmar el proyecto de ley si se modifica para permitir únicamente el aborto para salvar la vida de la mujer.
Cuando el pasado mes de julio se aprobó en el Parlamento una ley que permite a los médicos realizar pruebas genéticas a los embriones de la Fecundación In Vitro, Vella voló al Reino Unido, evitando así tener que firmar la ley. En su lugar, el proyecto de ley fue firmado por su sustituto, el Presidente en funciones Frank Bezzina, nombrado para el cargo unas semanas antes.
Vella fue criticado por eludir su deber constitucional. Se entiende que esta vez ha decidido no hacer lo mismo, por lo que no le queda más remedio que firmar el proyecto de ley o dimitir.
El papel del presidente, tal y como lo define la Constitución maltesa, no le confiere ningún poder ejecutivo, obligándole esencialmente a firmar cualquier ley que sea aprobada por un parlamento elegido democráticamente. Si Vella opta por dimitir, el proyecto de ley podría ser firmado por el presidente en funciones, a menos que opte por esperar el nombramiento de un nuevo presidente.
Vella fue nombrado presidente en abril de 2019 y su mandato de cinco años está previsto hasta abril de 2024.
