El magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero ha expuesto a Efe que los poderes públicos, según la Constitución, «deben tener en cuenta las convicciones de la sociedad», y que por ello aboga por una «cooperación y no una separación» entre las religiones y el Estado.
Ollero, que ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de impartir una conferencia titulada ‘Laicidad y laicismo’ en la Universidad Católica de Valencia, ha asegurado que esta situación es lo que el Tribunal Constitucional (TC) denomina «laicidad positiva».
Esta doctrina, ha añadido, consiste en considerar que el factor religioso es para la sociedad «positivo, como puede serlo la cultura o el deporte», sin perjuicio «de que a alguno le guste más el deporte que a otros».
Ollero ha recordado que en el artículo 16 de la Constitución se recoge «lo relativo a la libertad ideológica y religiosa» y como consecuencia «están contenidas de forma implícita la laicidad y el laicismo».
El también catedrático de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos ha aseverado que el laicismo, en contra de la laicidad positiva que apunta la Carta Magna española, «se suele concretar en una separación tajante entre poderes públicos y cualquier elemento de tipo religioso» como si la religión «fuera un elemento socialmente perturbador» cuya presencia «no fuera propia en el ámbito público».
Ha recalcado que el protagonista de ese artículo 16 de la Constitución «es el ciudadano y no la Iglesia o el Estado», y que la laicidad consiste «en el derecho a expresar su libertad» ideológica y religiosa «evitando el clericalismo que convierte al ciudadano en una oveja a la que pastorear, ya sea en el ámbito eclesiástico o civil».
El magistrado ha confirmado que este «mandato» se traduce en que haya leyes en España «para establecer relaciones con diferentes comunidades religiosas», como ocurre «con la islámica, los evangélicos, los judíos y la Santa Sede».
«Llegamos a la conclusión de que el problema está entre las relaciones entre Iglesia y Estado», aunque en realidad el escollo son las «convicciones que tiene el ciudadano y cómo deben el Estado y la Iglesia cooperar para que ese ciudadano desarrolle un derecho fundamental», ha concluido Ollero.
