Ayuso cambiará el cheque educativo diseñado por Garrido para que solo se use en la concertada
El polémico cheque de 3.000 euros que ha estrenado este curso la Comunidad para becar a alumnos que quieren estudiar en la escuela concertada el bachillerato —una etapa educativa no obligatoria— está financiando plazas en centros privados. La Administración ha pagado unos 200.000 euros a al menos 15 de este tipo por los estudios de más de 65 alumnos, pese a que el Gobierno aseguró que los 4,5 millones del programa serían únicamente para los concertados. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso avanza que cambiará el sistema y achaca al Gobierno de Ángel Garrido —hoy en Cs— el diseño actual. “Es una barbaridad”, dice la oposición.
El anuncio llegó en septiembre de 2018, vino acompañado de la solemnidad inherente al debate sobre el estado de la región que se celebraba en la Asamblea de Madrid, y estuvo lleno de explicaciones, tanta polémica se preveía.
«Vamos a crear también un cheque para Bachillerato, que en el curso 2019-2020 va a beneficiar ya al 15% de los que estudian en centros concertados, donde el Bachillerato, hoy por hoy, no es gratuito», afirmó Ángel Garrido, entonces presidente de la Comunidad con el PP y hoy consejero de Transportes de Cs en el Ejecutivo de coalición que une a este partido con la formación conservadora. «Esto va a beneficiar a miles de alumnos, son muchas plazas educativas que se sostendrán con fondos públicos que van a ir a las familias de entornos más desfavorecidos y de menor renta», siguió. «Ocurre a muchos padres que, cuando llega el momento de pasar de un colegio en el que está concertada toda la enseñanza que ha recibido su hijo, pero quieren que permanezca en ese colegio en Bachillerato, les cuesta mucho dinero, y creo que es de justicia que a aquellos que no se lo puedan pagar sigamos dándoles libertad de elección».
La reacción de la oposición de izquierdas fue inmediata: protestas porque se destinaran fondos públicos a financiar plazas privadas en una etapa educativa que ya no es obligatoria. Las quejas se multiplicaron ayer, tras lograr EL PAÍS los datos de ejecución de las becas, obtenidos con una petición de acceso a la información pública que presentó el docente madrileño Enrique García a través del portal de transparencia. Este es el balance: pese a que se explicó que la subvención se restringiría a centros concertados, el dinero público ha acabado beneficiando a al menos 15 centros privados, que han recibido 176.787 euros para subvencionar los estudios de 67 alumnos. Es el 5% del total: se han dedicado los 4,5 millones previstos a sufragar la continuidad de 1.500 estudiantes en 165 centros. El próximo curso, la inversión llegará a los nueve millones de euros, porque incluirá ya el segundo de bachillerato.
«Es una aberración que costaría bastante menos si se hiciera con centros públicos», opina Juan José Moreno, del PSOE, sobre el sistema que financia con fondos públicos los estudios de bachillerato en la escuela concertada.
«El cheque sólo debería usarse, según el planteamiento del Gobierno, para aquellos alumnos y alumnas que están cursando la ESO en un privado-concertado que tiene bachillerato (que obviamente no está concertado) para seguir en el mismo centro», recuerda Jacinto Morano, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. «Si se ha concedido a otro tipo de alumnos, por ejemplo los que cursan ESO privada y quieren seguir cursando privada, es una barbaridad».
Ataque a la pública
«El cheque fue uno más de los ataques a la educación pública del Gobierno del PP que, mientras permitía una falta flagrante de plazas en centros públicos en toda la región donde poder escolarizar a los niños y jóvenes madrileños, decidió seguir apostando y afianzando un modelo privado-concertado», opina María Pastor, de Más Madrid. «El Gobierno de Ayuso y Aguado tendrá que dar muchas explicaciones sobre por qué se están concediendo becas a alumnos de centros privados y si la argumentación que utilizaron fue sólo una excusa para derivar, una vez más, recursos de todos a un modelo privado y concertado», sigue. «No hay razón para financiar a la escuela concertada en una etapa educativa no obligatoria cuando con los recursos dedicados al cheque bachillerato podrías garantizar más plazas y recursos en la educación pública que garantizasen el derecho a la educación».
¿Por qué el sistema ha acabado beneficiando a los centros privados, cuando se anunció únicamente para los concertados? Los servicios jurídicos de la Comunidad advirtieron de que la distinción podía suponer un problema. Y la asociación de colegios privados e independientes CICAE (Círculo de Calidad Educativa) presentó alegaciones contra un proyecto que finalmente fue cambiado.
Reforma de Díaz Ayuso
«CICAE no había solicitado estas becas que son para una etapa no obligatoria a la Consejería, pero puesto que se iban a llevar a cabo, nos pareció injusto y discriminatorio que diferentes cargos de la Comunidad de Madrid declararan a medios y en sus propias redes sociales que estaban solo dirigidas a colegios concertados, pues el Bachillerato es tan privado en un concertado como en uno privado», explica Elena Cid, Directora General de la asociación, que explica que presentaron alegaciones por una cuestión de principios. «No es porque nos beneficiara en absoluto, porque estas becas no cubrían el coste del puesto escolar en Bachillerato, pero se han aceptado las que se han solicitado».
Pese a todo, el Gobierno de Díaz Ayuso tiene intención de rectificar el sistema que diseñó el Ejecutivo de Garrido.
«La idea es restringirlo solo a concertados, excluyendo a privados puros», explican desde la consejería de Educación, que dirige Enrique Ossorio, y que pretende que la convocatoria del curso 2020-2021 reflejará el proyecto original.
Así, observan desde el departamento, se dará cumplimiento estricto al punto 21 del acuerdo de Gobierno que firmaron PP y Cs para la investidura de Díaz Ayuso: «Impulsaremos la extensión progresiva del Cheque de Educación Infantil (de 0 a 3 años) y el inicio del concierto educativo en Bachillerato de manera progresiva en los centros ya concertados».
LOS SINDICATOS APUNTAN HACIA UN MALTRATO GENERALIZADO A LA PÚBLICA
BERTA FERRERO / JUAN JOSÉ MATEO
Los sindicatos han puesto el grito en el cielo. Ya no solo por su guerra abierta contra el cheque escolar, destinado a la enseñanza concertada. El hecho de que la privada haya recibido también fondos públicos ha levantado la liebre. CC OO, de hecho, estudia acciones legales. “Nuestro gabinete jurídico está ya estudiando este caso para actuar por la vía judicial pero además vamos a pedir a las autoridades educativas españolas que actúen y a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados que tengan en cuenta lo que está ocurriendo en Madrid para hacer las reformas normativas necesarias para que esto no pueda seguir ocurriendo”, dijo ayer Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato en Madrid.
De hecho, CC OO ya denunció ante los tribunales en abril de 2019 contra la Administración regional por fraude de ley y por perjudicar a la educación pública con el cheque escolar. “Es por lo económico y la distribución injusta de los recursos, por lo democrático y que un gobierno no resiste la ley y las reglas del juego y por el futuro que se está hurtando a una mayoría de niños y niñas no garantizando su derecho a la educación con políticas de compensación de las desigualdades que garanticen la igualdad de oportunidades”, zanjó.
Galvín engloba, además, el “maltrato” a la pública en algo generalizado, no solo por el cheque escolar. “En Madrid no se garantiza la igualdad entre madrileños ni el derecho a la educación para todos. Conocemos esta noticia apenas una semana después de que el consejero de Educación dijese que recortaban gastos de funcionamiento en centros públicos como medida de eficiencia porque no había dinero para el alumnado de estos centros”.
Por otra parte, continuaba, según datos que aporta el sindicato, la crisis ha sido la excusa para llevar a cabo una política privatizadora: no hay recursos para las inversiones en la red pública, que descienden en un 58,1% a pesar del crecimiento de su alumnado; y sí lo hay para los conciertos y el cheque escolar que suben en un 28%, superando los 1.100 millones de euros en 2018.
La postura de CC OO la comparte paso por paso UGT. “Consiste en abandonar la escuela pública y fomentar el ámbito privado”, aseguró ayer Maribel Loranca, responsable de Educación de UGT a nivel nacional. Su homóloga en Madrid, Teresa Jusdado, añadió que desde UGT echan de menos “una verdadera negociación colectiva”. “Con el anterior equipo de Gobierno conseguimos sentarnos a negociar y llegamos a algún acuerdo. Ahora están dando bandazos, como con el veto parental. Primero dicen que no lo van a permitir y luego anuncian algo similar”.
