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Madrid ofrece a Rabat reconocer la tutela islámica en la ley de adopción

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trata así que 58 familias españolas con huérfanos marroquíes asignados desde hace meses puedan sacarlos del país

El Gobierno español ha ofrecido al marroquí cambiar la ley de adopción internacional, de diciembre de 2007, para resolver el problema de 58 familias españolas a las que los orfanatos marroquíes asignaron niños, a veces hace más de un año, pero a los que el Ejecutivo islamista de Rabat pone nuevas exigencias, de muy difícil cumplimiento, para que puedan concluir el proceso.

“Vivo en la angustia de sentirme madre, pero de no poder tener a mi hijo conmigo”, afirma Susana Ramos, psicopedagoga madrileña. Desde que en primavera le fue asignado un bebé por la Liga Marroquí de Protección de la Infancia, una institución pública, ha efectuado 23 viajes, ha pasado todas sus vacaciones en Rabat para estar con él, pero no logra obtener su kafala (tutela dativa), la modalidad de adopción que rige en el mundo islámico.

“Sufrimos una espera interminable cuyo desenlace es incierto”, relataba la barcelonesa Mar, a principios de octubre en Rabat, coincidiendo con la entrevista que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mantuvo entonces con su homólogo marroquí, el islamista Mustafá Ramid. “Hemos creado lazos afectivos con nuestros pequeños, les queremos, vivimos para ellos, pero ya no estamos seguros de que podremos educarles, criarles, formar un hogar”, añadía con la vista nublada.

La cercanía con la península Ibérica, el elevado número de abandonos de recién nacidos -24 al día, según la ONG marroquí Solidaridad Femenina-, la transparencia del proceso judicial y la buena salud de los bebés, hijos de madres solteras, convirtieron a Marruecos desde 1995 en un país de adopción para los españoles. En 2011, último año de normalidad en el proceso, los tribunales marroquíes otorgaron 254 kafalas a extranjeros, sobre todo a españoles, en su mayoría catalanes.

Para intentar superar el bloqueo Ruiz-Gallardón envió el lunes pasado al director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ángel Llorente, a Rabat donde se reunió con Mustafá Ramid. Le comunicó la intención del Ejecutivo español de constreñir por ley a los españoles que tutelen a niños marroquíes o subsaharianos, acogidos en orfanatos de Marruecos, a respetar la kafala.

Esta figura jurídica islámica obliga a los tutores a mantener la filiación del niño, su religión musulmana y su nacionalidad. Es decir que cuando se modifique la ley, probablemente a finales de año, no podrán, por ejemplo, pedir a los jueces de menores en España la plena adopción del niño. Algunas familias la solicitaron años atrás para garantizar así a sus hijos, de origen marroquí, los mismos derechos que a los españoles. Atendiendo al interés superior del menor los jueces solían concederlas.

Al poco tiempo de llegar los islamistas al Gobierno, en enero de 2012, la tramitación de las kafalas para extranjeros se paralizó en los tribunales marroquíes, pero el 16 de septiembre el ministro Ramid dio la puntilla a las más de 70 familias –el 83% españolas- en espera de poder tutelar.

Ramid, un hombre de profundas convicciones religiosas, promulgó una circular instando a los fiscales a oponerse a la entrega de bebés marroquíes a extranjeros “si estos no residen habitualmente en el territorio nacional”. Alegaba que, si los niños tutelados salían del país, era imposible verificar si se respetaba la kafala y si eran educados en el islam.

Para cumplir con este nuevo requisito algunas familias españolas están tramitando su residencia en Marruecos dejando, a veces, un puesto de trabajo, una casa en España. Obtener el permiso de residencia no es, sin embargo, garantía de que puedan sacar algún día a sus hijos del país.

No está claro que la oferta que acaba de hacer de Ruiz-Gallardón baste para apaciguar a Ramid. Al conocerla, el lunes 11, este hizo una serie de preguntas sobre si se podría obligar a los tutores españoles y a su niño a viajar una vez al año a Marruecos para comprobar la observancia de la kafala o si los jueces de menores españoles podrían encargarse de esta tarea.

El clima está enrarecido en Marruecos. Algunos diarios acusan a los extranjeros de “comprar niños” sin aportar la menor prueba. Un juez de Agadir se ha extralimitado exigiendo que los futuros tutores pasen un examen teológico para demostrar que poseen conocimientos suficientes del islam para poder educar a los niños en esa religión. Las familias españolas han sido suspendidas.

Convencidas de que solo el rey Mohamed VI puede sacarlas de este trance 40 familias, en su mayoría españolas, pero también francesas, suizas, canadienses, estadounidenses, mandaron a fin de año al monarca una emotiva carta en la que le “imploran” para que “interceda” ante su Gobierno y que la circular de Ramid no se aplique retroactivamente.

Una copia de esta misiva fue también enviada al Rey de España con la esperanza de que, durante la visita que tenía prevista a Marruecos a principios de marzo, sugiera a su “sobrino”, como llama cariñosamente al soberano alauí, la búsqueda de una solución que alivie el drama que viven las familias españolas. Los problemas de salud de don Juan Carlos pueden, sin embargo, provocar la cancelación del viaje y sumir aún más a las familias en el abatimiento.

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