Los familiares de los enfermos no ven suficiente que la Comunidad ponga un supervisor para ver si se cumple el contrato y consideran que el Gobierno regional es el responsable de no encontrar una solución. “Vemos que las ratios no son suficientes, dicho por la empresa que lo gestiona, por las que rechazaron el contrato, por el Comité de Empresa y por los familiares».
La incertidumbre y preocupación que sienten los familiares de los residentes y los trabajadores del centro de alzhéimer Reina Sofía de Madrid no acaba. Después de sus reiteradas protestas, la asociación Mensajeros de la Paz decidió pedir a la Comunidad de Madrid acabar prematuramente el contrato de gestión que tienen. La organización del padre Ángel, preocupados por la imagen que este conflicto pueda generar en su marca, habían decidido poner fin a los intentos de mediación y reconocieron en una reunión este lunes con el Consejo de Usuarios y familiares que, en un año que llevan coordinando el centro, no habían sido capaces de hacer equipo y volver a motivar al personal. En contra de lo esperado, la Comunidad de Madrid ha rechazado el abandono de la ONG y les obliga a continuar con la gestión. Como única novedad, la Comunidad aporta un “supervisor” que velará porque se cumplan las condiciones del contrato, cosa que técnicamente ya hacían las inspecciones regulares.
Tal y como confirman fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social a El Salto, la titular de esta cartera, Concepción Dancausa, se ha reunido con el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, y un equipo de este “para recordarles que la entidad está obligada a cumplir el contrato —por el que va a recibir 10,6 millones de euros y que expira en noviembre de 2023— con los estándares de calidad del servicio estipulados en el pliego de condiciones de la licitación a la que Mensajeros de la Paz acudió libremente”. Pese a que los familiares han reclamado una reunión con Dancausa eso no ha sucedido aún, ni con el Director General de atención al Mayor, Juan José García Ferrer, que anuló una reunión con el Consejo de Usuarios del centro. Desde la Consejería también se ha rechazado una entrevista con El Salto con cualquiera de estos cargos regionales.
“Es imprescindible que la consejera nos reciba”, explica Paloma Rodrigo, cuya madre se encuentra en la residencia y quien es portavoz del Consejo de Usuarios y familiares. “El nombramiento de un supervisor para el cumplimiento del contrato no garantiza que los usuarios reciban una atención adecuada, siempre que no venga acompañada de otras acciones”. Paloma Rodrigo, en representación de los familiares, explica que han registrado en la Comunidad una serie de firmas —150 de los 156 residentes que tiene el centro— para que el contrato cambie. “La Comunidad de Madrid puede llenarse la boca con las ratios, y vemos que no son suficientes, dicho por la empresa que lo gestiona, por las que rechazaron el contrato, por el Comité de Empresa y por los familiares“.
”Ahora mismo, la Comunidad de Madrid es la responsable de que este problema no se solucione»
Este mismo lunes, antes de que saltara la noticia, el sindicato Progresa, junto al Comité de Empresa del centro, denuncian también la situación y no solo culpabilizan “a Mensajeros de la Paz, ya que todos estos tipos de empresa, tienen, gracias a la Comunidad de Madrid, el apoyo de una legislación en ratios de trabajadores en fraude de ley, que utilizan para salir de estas nefastas gestiones”. Desde el sindicato explican que ya intentaron judicializar el contrato por no ver posible dar una atención adecuada con la última versión y que ya han acudido a Inspección de Trabajo donde les han dado “la razón en esta falta de personal y la carga brutal de trabajo que tenían”. “Ahora mismo, la Comunidad de Madrid es la responsable de que este problema no se solucione”, insiste Paloma Rodrigo, que avanza que no dejarán de luchar por mejorar las condiciones de sus familiares.
Por su parte, Mensajeros de la Paz dicen que tras la reunión del padre Ángel con la consejera Dancasua se han “reilusionado” con llevar la gestión del centro. “Vamos a seguir trabajando en la residencia y yo, personalmente, con el Consejo de familiares”, explica a El Salto Manuel Castro, director de operaciones de Edad Dorada, entidad dentro de Mensajeros de la Paz que gestiona la residencia de alzhéimer Reina Sofía. “Eso sí —advierte Castro— las expectativas de los familiares deben ser realistas, esto no puede ser un hospital”.
Preguntado sobre si su organización ha pedido más presupuesto a la Comunidad de Madrid para aumentar las actividades y la supervisión de los mayores, Castro asegura que desde el Gobierno regional les han dicho que eso “habrá que verlo” ya que el contrato está firmado y “hay que cumplirlo”. “No quería que se manchara nuestra imagen de buen hacer de tantos años”, explica Castro al preguntarle sobre la decisión de pedir la renuncia de la gestión del centro. “La razón fundamental fue decir que no podemos manchar nuestra marca por familiares insatisfechos con lo que está en pliego y contrato”, asegura.
Solo 900 euros por el trabajo más importante del centro
“Tenemos una sensación de balones fuera”, dice Nieves de la Paz, que tiene a su madre de 84 años residiendo desde 2018 en el centro. “La única solución es que la Comunidad de Madrid cambie el pliego o que cambie su mentalidad si se hace cargo de forma directa. Es un centro de enfermos, con el mismo ratio, no va a ver geriatras, terapeutas, estamos igual”, explica. Ella, que ha vivido la anterior gestión de la empresa Clece, las consecuencias de la pandemia y este último año de gestión de Mensajeros por la Paz tiene claro el declive del centro. “Hay residentes que están cayendo en picado, se les nota día a día”, comenta y pone de ejemplo a su madre, que siempre ha sido muy alegre y ahora está enfadada siempre que sale de la unidad de vida. Nieves recuerda especialmente todas las actividades que tenían por la mañana y que ahora no tienen. “Había una animadora sociocultural que valía mucho pero se tuvo que ir por las condiciones de su contrato”, comenta.
“Si desde un principio sabíais que con ese pliego no se podía hacer, ¿por qué no lo dijeron? Es una falta de responsabilidad tremenda”
Por su parte, Celia Jiménez vive de manera especialmente amarga esta situación. “Ha sido un viaje desalentador. Rechazamos varias residencias porque vimos que no eran el lugar adecuado, pero en la residencia Reina Sofía tenían una atención especializada, una gestión mucho más integral y un punto de vista multidisciplinar”. Su madre, de 83 años, entró justo antes de que se declarara la pandemia. “Hemos pasado de llegar tranquilos en la visita diaria a abrir la puerta con miedo, pensando a ver qué me voy a encontrar hoy”. Para ella, que Mensajeros de la Paz pidiera renunciar al contrato y que ahora vayan a seguir obligados es muy preocupante: “Si desde un principio sabíais que con ese pliego no se podía hacer, ¿por qué no lo dijeron? Es una falta de responsabilidad tremenda”. “Pienso en el trabajo de las gerocultoras —continúa—, y cómo puede ser que por el trabajo más importante de todos en ese centro solo cobren 900 euros”. “Sea como sea, la Comunidad de Madrid debería plantearse cómo quieren cuidar a las personas que han trabajado toda su vida y o bien están enfermas o bien son mayores”, concluye Celia.
