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Madrid casi duplica en una década el dinero destinado a conciertos con centros que segregan por sexo

El Ejecutivo regional dedicó el pasado curso 46,2 millones de euros a financiar este tipo de educación, frente a los 25 millones de 2010/2011.

La Comunidad de Madrid sigue apostando con firmeza por la educación diferenciada. En solo una década, los fondos públicos que el Ejecutivo regional ha otorgado a los centros que basan su modelo educativo en la segregación por sexos casi se ha duplicado en en la comunidad. En concreto, han pasado de 25 a algo más de 46 millones de euros. Dinero a golpe de conciertos que se reparte entre escuelas vinculadas de una u otra forma al Opus Dei y a diferentes entidades religiosas. Y que critica con dureza al otro lado del teléfono Agustín Moreno, diputado de Unidas Podemos: “Es un escándalo que forma parte de esa estrategia de un sector de la derecha española de vincularse con determinados grupos ultrarreligiosos que mantienen una concepción rancia de la educación que hunde sus raíces en un catolicismo arcaico”.

Las cifras, facilitadas al parlamentario por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a raíz de una petición de información, hablan por sí solas. En el curso 2010/2011, con Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol, se destinaron 24,97 millones de euros a conciertos con escuelas que separan a niños y niñas. Una cantidad que no ha parado de engordar año tras año, sin que ni siquiera la crisis económica fuera capaz de ponerle freno. En los dos ejercicios siguientes, marcados por las políticas de recortes y privatizaciones en la región, el gasto en conciertos con escuelas de este tipo ascendió a 27,89 y 31,36 millones, respectivamente. Y así siguió, creciendo por encima del 3% en los últimos compases del mandato de Ignacio González y por encima del 5% anual durante la época Cifuentes-Garrido-Rollán al frente del Ejecutivo regional.

Durante el primer año de Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol, la cifra se situaba ya en los 44,86 millones de euros. Y en el curso 2020/2021, el último con datos oficiales disponibles, el desembolso por parte de la Administración madrileña a estos centros volvió a batir récords: 46,24 millones de euros. Es cierto que representa una pequeña parte del enorme pastel de los conciertos en la región, que en la actualidad se comen casi tres de cada diez euros de gasto público educativo. Pero también que la porción es ligeramente superior a la que se partía cinco años antes. En 2015, los fondos dedicados por el Gobierno regional a los colegios que segregaban por sexo representaban el 3,87% del total destinado a la concertada: 956,1 millones. Ahora, con los últimos datos disponibles, equivale al 4,04%.

El pasado curso, 17 centros concertados apostaban por la separación de niños y niñas. La “mayoría”, remarca Moreno, están estrechamente vinculados al Opus Dei. Las Tablas Valverde y Los Olmos, que percibieron entre ambos más de 5,3 millones en conciertos, pertenecen a Fomento de Centros de Enseñanza, empresa próxima a La Obra. Luego están AlboradaMaría TeresaArenales Carabanchel y Arenales Arroyomolinos –casi 11,3 millones entre todos el curso pasado–, que forman parte de Arenales Red Educativa, cuyo presidente es Alfonso Aguiló, figura reconocible del Opus Dei en España, en cuyo gobierno trabajó más de una década. “En nuestra red hay personas que son del Opus Dei, otras que son del Camino Neocatecumenal, o que pertenecen a otras instituciones católicas, o a ninguna en particular. Pero institucionalmente no hay vinculación con ninguna”, aclaraban desde el grupo hace un par de meses a este diario.

Entre las conexiones, destaca también el uso de una fórmula por la que el centro es una “obra corporativa” del Opus Dei. Así ocurre por ejemplo en SenaraAndelFuenllanaRetamarTajamar y Los Tilos, que empezó su historia en 1967 “bajo el impulso personal de Sanjosemaría” –en referencia a Escrivá de Balaguer–. Entre todos ellos sumaron el pasado curso en conciertos 14,7 millones de euros.

En cuanto a los cinco colegios restantes que segregan por sexo, pertenecen a otros grupos religiosos. Educatio Servanda, una fundación católica que tiene “vocación de trabajo de identidad nacional articulado a través de las diócesis”, se encarga de los centros Juan Pablo II de Parla y Alcorcón, que percibieron en el mismo ejercicio un total de 5,7 millones de euros de fondos públicos. El Movimiento Apostólico de Schoenstatt, organización católica nacida a principios del siglo XX en Alemania, del concertado Monte Tabor –2,4 millones–. Mientras que el Edith Stein fue promovido por el Grupo Chesterton y el Stella Maris La Gavia está en manos de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María.

A ojos del diputado de Unidas Podemos, esta apuesta decidida por financiar este tipo de enseñanza forma parte de la “estrategia” de determinados “sectores de la derecha” de “vincularse con grupos ultrarreligiosos”. Y critica que se apoye sobre argumentos falsos. Uno de ellos, el de la supuesta mejora de resultados. “No hay razón pedagógica que demuestre esto”, asevera al otro lado del teléfono. De hecho, es algo que se encargó de recordar al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, a comienzos de marzo en la Asamblea de Madrid: “En las clasificaciones, los primeros colegios de este tipo aparecen en las posiciones setenta. La mayoría, están en las posiciones 320, 350 o 375 para arriba. Es decir, son centros mediocres a pesar de ser de élites y tener un alumnado seleccionado”.

Y luego está la famosa “libertad de elección”. “Tiene que tener límite. El interés superior del menor es lo que debe predominar“, señala Moreno, que no esconde su preocupación por el hecho de que se permita “adoctrinar” a los chavales en escuelas donde se defiende “un modelo patriarcal que no da el mismo peso a los hombres que a las mujeres”.

La Lomloe corta el grifo

El Ejecutivo central ya ha decidido cortar el grifo de dinero público a este tipo de colegios que separan por sexo. Lo ha hecho con la aprobación de la Lomloe. Aprobada a finales de diciembre de 2020, la nueva ley educativa establece en su disposición adicional vigésima quinta que “los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas (…) y no separarán al alumnado por su género”. “En cuanto ha entrado en vigor, no se pueden volver a firmar nuevos conciertos con estos centros. Otra cosa es que estén vigentes. En ese caso, en cuanto cumplan no podrán volver a suscribirse”, explican a este diario desde el Ministerio de Educación.

Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, ya han aprobado que no se renueven las subvenciones a las escuelas que segreguen al ser “una anomalía en pleno siglo XXI”. No obstante, la reforma educativa todavía está en la cuerda floja. PP y Vox, entre otros, no dudaron en llevar ante el Tribunal Constitucional algunos aspectos de la misma. Entre ellos, el veto a financiar con fondos públicos a los centros que segregan por sexo. No es la primera vez que el órgano se pronunciará sobre esta cuestión. Ya lo hizo en 2018, cuando avaló que este tipo de colegios pudieran seguir accediendo al régimen de conciertos al desestimar “en su integridad” un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista. Entonces, entre los magistrados que votaron a favor de tumbar la iniciativa del PSOE se encontraba Andrés Ollero, cuya vinculación al Opus Dei es conocida desde hace años.

Quien no se mueve es, sin embargo, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que está dispuesto a dar la batalla hasta el final. Primero, para tratar de contrarrestar la reforma educativa nacional, amplió la vigencia de los conciertos educativos en la región hasta los diez años. Y luego, aprobó la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, un texto en el que dejan claro que “no se considera discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos”. Una norma que, en opinión de Moreno, debería ser recurrida por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional. “Primero, por la jerarquía normativa. Y luego, en defensa de las competencias que tiene el Estado”, sentencia.

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