El PP ha incorporado enmiendas para aclarar cuáles son las exigencias.
La comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz ha aprobado este martes, con los votos a favor de los doce diputados de PP-A y Vox, y el rechazo de los seis representantes del PSOE-A y Por Andalucía, los dictámenes de los proyectos de ley para el reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en Andalucía; en concreto, la universidad CEU Fernando III y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed).
Los dictámenes han incorporado tres enmiendas del Grupo Popular presentadas a cada una de dichos proyectos de ley, y con su aprobación en comisión se da el paso previo a que éstos se remitan al Pleno de la Cámara para someterse a su debate final antes de su aprobación definitiva.
El PSOE advierte de un «despropósito legislativo», señalando que la tramitación se ha hecho a partir de un decreto «extinto» que era «un coladero para universidades de escasa calidad»
En el debate conjunto de los dictámenes de estos dos proyectos de ley en comisión, el diputado del PP-A Daniel Castilla ha defendido que las enmiendas presentadas por su grupo «vienen a solventar ese problema de interpretación que podría haber respecto a lo que exige un real decreto», y se ha felicitado por ello.
Frente a ello, el parlamentario del PSOE-A Antonio Ruiz ha hablado de «despropósito legislativo» para describir la tramitación que se ha seguido en torno a estos proyectos de ley a partir de un real decreto «extinto» que era «un coladero para universidades privadas de escasa calidad», y ha señalado que, aunque las enmiendas introducidas por el Grupo Popular «mejoran el proyecto inicial», el Grupo Socialista ha votado en contra de los dictámenes al entender que ni con ellas «se cumple la ley actual», y «el procedimiento nos parece anómalo y precipitado».
Por su parte, el diputado de Vox Alejandro Hernández ha celebrado la «presumible aprobación» de estos proyectos de ley que «complementan la oferta de nuestras universidades públicas» y amplían el «espacio de libertad» en torno a dichas academias, además de que «servirá para avivar la sana competencia de las universidades», según ha valorado.
Finalmente, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha recordado que su grupo presentó una enmienda a la totalidad a estos proyectos de ley con los que, a su juicio, se está cometiendo «un fraude de ley» en el que su coalición «no ha querido participar», y por eso ha renunciado a presentar enmiendas parciales a dichas iniciativas, desde la premisa de que las dos nuevas universidades privadas «no cumplen los requisitos de la Ley andaluza de Universidades», según ha apuntado para concluir lamentando que «hoy no es un buen día para el sistema universitario andaluz».
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de febrero estos proyectos de ley, que superaron a finales de mayo su debate de totalidad en el Pleno del Parlamento con los votos de PP-A y Vox, y tras rechazar las respectivas enmiendas a la totalidad que a cada una de ambas iniciativas habían presentado los grupos del PSOE-A y Por Andalucía.
Los textos de ambos dictámenes recogen que, para que la Junta autorice el «inicio de actividades» de cada una de estas nuevas universidades privadas, «previamente se comprobará que se han cumplido todos los requisitos señalados en la normativa universitaria; en especial, los relativos al personal docente e investigador, el disponer de unas infraestructuras y medios materiales adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras, y que, a la fecha de presentación de la solicitud de autorización para el inicio de actividades, hayan sido verificados y acreditados los planes de estudio conducentes, como mínimo, a la obtención de un total de dieciocho títulos de carácter oficial de grado, máster y doctorado, que se expedirán de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de aplicación».
«En el caso de los másteres habilitantes, la implantación se regirá por lo dispuesto en el Decreto 154/2023, de 27 de junio, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía», se precisa también en los textos de sendos dictámenes.
De igual modo, los proyectos de ley determinan que, «al inicio del curso académico», la nueva universidad «pondrá a disposición de la Consejería competente en materia de universidades una memoria anual detallada que comprenda las actividades docentes que en ella se realicen, las líneas de investigación, sus resultados, así como la inversión que se realiza en I+D+i, en relación con las titulaciones que se impartan, el alumnado matriculado, el personal docente e investigador contratado y el personal de administración y servicios».
El consejero anuncia la creación de un servicio de Inspección para las universidades privadas
El Gobierno andaluz ha explicado que va a crear un Servicio de Inspección para las universidades privadas, diferenciado, por tanto, del sistema de control que rigen para las universidades públicas, aunque ha negado que «vayamos a aplicar criterios diferentes» y se ha reafirmado en que «los criterios de calidad serán los mismos».
«Las mismas reglas para todos porque estamos jugando a lo mismo», ha continuado argumentando en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, a preguntas de los periodistas sobre los recelos expresados por los rectores de las universidades públicos hacia los centros privados acerca de una exigencia menor.
Gómez Villamandos, quien ha aludido a la creación de un «Servicio de Inspección específica para las universidades privadas», ha precisado que «las públicas tiene otro sistema de control», del que ha hecho partícipe a órganos como los Consejos Sociales de las universidades o la Cámara de Cuentas, además de las auditorías, antes de apuntar que «la supervisión de servicio que se presta (en las universidades públicas) lo hace esta Consejería», en referencia a su departamento.
El consejero ha negado que el nivel de exigencia para la privada sea inferior a las públicas, por lo que se ha reafirmado en la idea de que tendrán «las mismas condiciones que las universidades públicas», entre los que ha incluido aspectos como «la verificación de todos sus títulos», que el porcentaje destinado a investigación cumple con el 5% de su presupuesto, según la exigencia legal, o una memoria de actividades «o cuantos indicadores se le marquen». «No queremos que nada empañe el buen prestigio del sistema público universitario andaluz», ha llegado a afirmar Gómez Villamandos.
«La Universidad privada no es competencia para la pública», ha proclamado el consejero de Universidad, quien ha negado los argumentos de que su irrupción vaya en detrimento de los centros universitarios públicos, de manera que ha rechazado «ni vaciamiento (de alumnos) ni perjuicio directo», antes de invocar que existen «siete universidades públicas en el ranking de las universidades de Shangai».
Tras apelar a la existencia de un «sistema universitario de alto nivel» y a que «no hay que tener miedo en absoluto», el consejero de Universidad ha explicado que «hay 8.000 andaluces que estudian fueran de Andalucía en universidades privadas», antes de remitirse al ejemplo que mejor conoce por su pasado como rector de la Universidad de Córdoba (UCO), a la que ha descrito como una universidad de «tamaño medio», que debió convivir con la Universidad Loyola para argumentar que «no le ha supuesto perjuicio, le ha animado a competir».
La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) establece para la gobernanza de las universidades una seria de exigencias, entre ellas contar con una Unidad de Inspección, a la que corresponde «velar por el correcto funcionamiento de los servicios» y su normativa de funcionamiento corresponde al Consejo de Gobierno de la universidad. La Inspección actuará de oficio, a instancia de los distintos órganos de gobierno de la universidad o tras denuncia de algún miembro de la comunidad universitaria y ejercerá las funciones de incoación e instrucción de los expedientes disciplinarios a miembros de la comunidad universitaria.
Oferta académica inicial
La oferta académica inicial de la universidad CEU Fernando III constará de diez grados, seis másteres y dos programas de doctorado.
En concreto, en torno a la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas se articularán los grados en Administración y Dirección de Empresas; Marketing y Gestión Comercial; Relaciones Internacionales; Derecho e Inteligencia de los Negocios, así como los másteres en Relaciones Internacionales y Diplomacia; en Dirección de Empresas (MBA); en Business Analytics & Big Data; en Derecho Tecnológico y Digital y en Auditoría de Cuentas, además del programa de Doctorado en Derecho y Economía.
De igual modo, desde la Escuela Politécnica Superior se articularán los grados en Ingeniería Informática y en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, mientras que a la Facultad de Humanidades, Educación y Deporte corresponderán los grados en Educación Infantil; en Educación Primaria y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como el máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, y el programa de Doctorado en Humanidades para el Mundo Contemporáneo.
En lo que respecta a la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, su oferta académica estará conformada por once grados, ocho másteres y dos programas de doctorado.
Así, la Facultad de Empresa Digital, Tecnología y Derecho impartirá seis grados –en Economía Digital y Business Intelligence; en Marketing Digital; en Derecho (Mención en nuevas tecnologías); en Finanzas y Contabilidad; en Ingeniería de Organización Industrial, y en Ingeniería Informática–, así como cuatro másteres –en Dirección de Empresas Digitales; en Emprendimiento e Innovación; en Automatización e Inteligencia Artificial, y en Abogacía–, y el programa de Doctorado en Economía Digital, Innovación y Emprendimiento.
Además, en torno a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se articularán los grados en Educación Primaria (Mención en TIC e Innovación Educativa); en Educación Infantil (Mención en TIC) y en Comunicación Digital y Periodismo, así como los másteres en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas; en Tecnologías Educativas y Digitales, y en Ética Digital, y el programa de Doctorado en Ciencias de la Educación y Sociedad Digital.
Finalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Utamed tiene previsto impartir dos grados -en Psicología y en Dietética y Nutrición-, y el Máster en Psicología General Sanitaria.
La Fundación Universitaria Fernando III El Santo solicitó el reconocimiento de la Universidad CEU Fernando III como universidad privada, que, con sede en Andalucía, «impartirá enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional en las modalidades presencial, no presencial y semipresencial».
Por su parte, la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo, S.L., solicitó el reconocimiento de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo como universidad privada que, con sede en Andalucía, «impartirá enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional en la modalidad no presencial».
