Las centrales preparan movilizaciones contra una norma que el Gobierno andaluz, que dirige Juanma Moreno, ha aprobado sin consenso alguno con la comunidad educativa
Los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo (PP), y Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), enfatizaron en la rueda de prensa de este lunes en la que presentaron el decreto de escolarización que fomenta y refuerza el negocio de la enseñanza concertada –que es mayoritariamente católica en Andalucía– que la norma contaba con el «consenso» de la comunidad educativa.
Nada más lejos de la realidad. Esa afirmación, sencillamente, no era cierta. Los sindicatos, que representan a los profesores y trabajadores de los centros educativos en la Comunidad, han mostrado su rechazo rotundo al decreto y han anunciado movilizaciones contra él.
Las centrales CCOO, UGT, CSIF, USTEA y CGT han manifestado con mayor o menor intensidad la idea que la educación pública es la que debe primar a la hora de afrontar los problemas del sistema.
La Junta de Andalucía debe garantizar que todos los niños tienen una plaza en el sistema público porque «eso significaría libertad, de verdad, para que quien no tiene recursos pueda decidir sobre su futuro y lo demás son fuegos de artificio”, dijo la secretaria general de CCOO, Nuria López.
UGT, por su parte, dijo que la norma se había «aprobado sin el consenso de la comunidad educativa y sin que aspectos tan relevantes como la zonificación hayan pasado, ni siquiera, por la Mesa Sectorial de Educación», según recoge Europa Press.
López agregó que era necesario mejorar la calidad de la educación pública: «Si baja la natalidad [como ha sucedido este año], que se baje la ratio [de alumnos y alumnas por aula] para que haya menos niños y más profesores». Luego, dejó un mensaje simpático, pero firme, para el consejero Imbroda, que fue entrenador de baloncesto en la élite: «Si sigue haciendo faltas a la educación pública, al menos desde CCOO, lo vamos a mandar al banquillo».
UGT en Andalucía manifestó a Europa Press que el decreto se había aprobado «sin el consenso de la comunidad educativa y sin que aspectos tan relevantes como la zonificación hayan pasado, ni siquiera, por la Mesa Sectorial de Educación». UGT señaló que les preocupa «sobremanera» la medida de tener en cuenta «la demanda social».
El sindicato cree que puede tener consecuencias «indeseadas» sobre «las plantillas de los centros –falta de estabilidad y exceso de profesorado»– y «sobre el equilibrio de las redes educativas –pública y privada concertada– que han favorecido durante largos años la paz educativa». «De haber mucha demanda en determinados centros, supondría que en otros se suprimirían unidades, conllevando esto al desplazamiento del profesorado de unos centros a otros», abunda el sindicato.
Un modelo dual
«Ello nos podría precipitar hacia un modelo dual en donde se incremente la brecha social y económica entre familias y la educación deje de estar al servicio de la equidad e inclusión social, quebrando definitivamente el principio de la igualdad de oportunidades que tantos beneficios ha proporcionado al incipiente Estado de Bienestar Social en España y en Andalucía», remacha UGT.
A través de un comunicado, el sindicato CGT exigió «un plan de protección» para la escuela pública andaluza, a la que considera «una especie en vías de extinción».
CGT pide a la comunidad educativa andaluza que «ahora más que nunca se movilice en defensa de una educación pública de calidad, integradora, igualitaria y democrática, y pelee porque reciba la dotación económica y los recursos humanos adecuados para el desarrollo de sus funciones».
«De lo contrario, nos veremos abocados a un futuro en el que la única libertad de elección de centro en muchas ciudades andaluzas será la de elegir la empresa u orden religiosa que eduque a nuestras hijas e hijos; eso sí, mantenidas con el dinero público», analizó CGT.
