El obispo de Roma está más preocupado por el lavado de dinero que por los problemas teológicos y doctrinales.
Como no hay celdas en el Vaticano, el exmayordomo del Papa, Paolo Gabrielle, permanece detenido en una de las tres “salas de seguridad” con las que cuenta la Gendarmería, la fuerza de policía que custodia las 40 hectáreas del Estado del Vaticano. Reza y calla, dicen unos; colabora con la investigación, sugieren otros. A la detención del mayordomo papal se le suman otros misterios terrenales: en pocas semanas un grupo de expertos del Consejo de Europa debe decidir si el Vaticano merece pasar a la lista de Estados comprometidos en la lucha contra el blanqueo de dinero y lo más probable es que la decisión sea negativa. De allí deviene la fulminante destitución del presidente del IOR (la Banca Vaticana), Ettore Gotti Tedeschi, que no ha conseguido limpiar el nombre del banco sacudido por crímenes y pecados financieros desde hace tres décadas.
La catarata de escándalos es de tal magnitud que a Benedicto XVI sólo le caben dos opciones: dejar que las investigaciones avancen hasta culminar en una revelación sensacional, o sepultarlas en el misterio, como hizo Umberto Eco en El nombre de la rosa con los crímenes investigados por fray Guillermo de Baskerville y su novicio Adso de Melk en una abadía benedictina. Se pasaría así de una ficción ambientada en la Edad Media al terremoto, más convulso y real, que sacude al Vaticano en pleno siglo XXI.
“Cuando se suprime la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones?” La frase es de San Agustín, pero fue Benedicto XVI quien la citó en su primera encíclica de 2005. Seguramente, no imaginaba que siete años más tarde ésta sería la imagen que proyecta su Pontificado.
Después de años de soportar escándalos de pederastia, de tener que pedir perdón cuando se hizo insoportable el cúmulo de curas y obispos que abusaron sexualmente de niños, y de que Wikileaks empezara a filtrar archivos clasificados del Vaticano, en febrero pasado, el programa Los Intocables del canal de televisión La7 de Italia difundió cartas del ex secretario general del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, Carlo Maria Viganó. En las misivas, dirigidas a Benedicto XVI y al secretario de Estado de la Santa Sede, Tarcisio Bertone, el clérigo denunció “corrupción, prevaricato y mala gestión” en la administración vaticana. La batalla contra la corrupción la perdió Vigano el verano pasado, cuando fue removido de su cargo y enviado de nuncio apostólico a Washington.
Luego de la difusión de las cartas del exiliado Carlo María Viganó, se hizo público un memorándum anónimo que alertaba sobre las falencias de una nueva ley antilavado de la Santa Sede. También se reveló que el banco del Vaticano IOR había realizado transferencias por millones de euros al exterior para evadir los controles italianos.
No es preciso recurrir a sabuesos como el fraile y detective Guillermo de Baskerville y su ayudante Adso de Melk para deducir que la publicación de detalles embarazosos son el resultado de un esfuerzo concertado para obligar a Tarcisio Bertone a dejar su puesto como secretario de Estado del Vaticano.
Benedicto XVI despertó recelos en 2006 nombrando a Bertone un teólogo y experto en derecho canónico para encabezar la burocracia vaticana, conocida como la Curia, que estaba dirigida normalmente por un diplomático papal experimentado.
Quién está exactamente detrás de la oscura campaña de filtraciones sigue siendo objeto de especulaciones pero los observadores Vaticanos sospechan de la implicación del “ala diplomática”, que incluye al influyente predecesor de Bertone, el cardenal Angelo Sodano.
La lucha de poder se libra dentro de la comisión de los cardenales. En ella está Bertone, que es el presidente, pero también están Attilio Nicora, que casi nunca ha estado de acuerdo con él. Entre Bertone y Nicora, el último motivo de disputa ha sido el reglamento contra el blanqueo de capitales.
Para redactar esta normativa, Gotti Tedeschi y el cardenal Nicora habían llamado a los dos máximos expertos italianos en la materia, Marcello Condemi y Francesco De Pasquale, funcionarios del Banco de Italia. La ley entró en vigor el 1 de abril de 2011 y dotó al Vaticano de una Autoridad de Información Financiera, presidida por Nicora, con poderes absolutos sobre cualquier movimiento de dinero llevado a cabo en cualquier oficina interna o vinculada con la Santa Sede, incluidos el IOR y la secretaría de Estado.
Pero la dirección del IOR, la Secretaría de Estado y la gobernación objetaron que con esta normativa el Vaticano perdía su soberanía y se convertía en un “enclave” de poderes externos bancarios, políticos y judiciales. Encomendaron a un abogado norteamericano, Jeffrey Lena, la redacción de otra ley y durante el invierno pasado, hicieron entrar en vigor un segundo texto que limitaba los poderes de inspección de la Autoridad de Información Financiera, sometiéndolos a los de la secretaría de Estado.
Tanto Nicora como Gotti Tedeschi vaticinan que la nueva ley implicará que la Santa Sede no sea admitida en el Libro Blanco antilavado. En julio se espera un primer veredicto por parte de las autoridades internacionales sobre la normativa contra el blanqueo de capitales en el Vaticano. Pero las opiniones de los inspectores de Moneyval, hacen presagiar una debacle. La primera versión de la ley había recibido seis votos a favor y cuatro en contra. La segunda versión, en cambio, tuvo ocho votos en contra y sólo dos a favor.
Fin de pontificado. La sucesión por el trono de Benedicto XIV en el trasfondo de los escándalos. (AP)
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