El 31 de agosto se cumple el plazo para que los religiosos amenazados que ofrecen la eutanasia en sus hospitales psiquiátricos de Bélgica, se retracten
Los Hermanos de la Caridad del país cambiaron su reglamento interno el pasado mes de marzo abriendo un cisma en la congregación
El posicionamiento oficial de la Iglesia católica es claro, aunque un experto en bioética católico asegura que “en el Evangelio no hay respuestas para eso”
31 de agosto. Este es el plazo que tiene la congregación de los Hermanos de la Caridad de Bélgica para eliminar de sus centros hospitalarios la eutanasia, práctica legal en el país pero sancionada por la Iglesia católica con la excomunión. Este es el requerimiento que el Vaticano ha hecho para que los religiosos de los quince centros especializados en salud mental que la congregación tiene en el país cesen de inmediato esta práctica.
Esta hermandad, que fue fundada en 1807 y reconocida por el Vaticano en 1899, trabaja desde hace décadas con más de 5.000 enfermos psiquiátricos y terminales. Sus centros están subvencionados por el Estado y, desde el pasado mes de marzo, cambiaron el reglamento interno para permitir la eutanasia con arreglo a la ley belga. El país la despenalizó en 2002 y, en 2014, se extendió también a los menores de edad, convirtiéndose en el primero del mundo en hacerlo.
Al margen del debate social sobre si la eutanasia debe ofrecerse a enfermos psiquiátricos o no, la misiva del Vaticano –enviada a través de la Congregación para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica– es clara y recuerda que este derecho “se opone a los principios fundamentales de la Iglesia católica”. Por ello ordena que se detenga su uso en dichos hospitales antes de que acabe el mes.
El ultimátum se refiere a tres religiosos, que dirigen los hospitales que han incluido la eutanasia entre sus servicios. El resto de centros están dirigidos por laicos, aunque también pertenecen a la Iglesia. Con lo que, implícitamente, la excomunión les afectaría de igual modo porque, en sentido estricto, es una amenaza contra cualquier católico que la practique.
Cisma en la congregación
Para evitar su expulsión de la Iglesia, los hermanos habrán de retractarse por escrito de su actuación anterior. Del mismo modo, se ha instado a la congregación a que obligue al Consejo de Administración de la fundación que gestiona estos hospitales –cuyos responsables también son laicos– para que se retire el nuevo reglamento puesto en marcha hace unos meses.
“Los Hermanos de la Caridad son contrarios como institución a la eutanasia: el respeto a la vida debe ser absoluto”, explicó el superior general de la orden, el padre René Stockman. Él mismo fue quien solicitó la intervención de la Santa Sede y, según ha explicado, los religiosos deberán explicitar “que apoyan plenamente la visión del magisterio de la Iglesia Católica, que siempre ha confirmado que la vida humana debe ser respetada y protegida en términos absolutos, desde el momento de la concepción hasta su fin natural”.
Un tema tabú en la Iglesia
Sin embargo, a la hora de hablar de eutanasia y moral surgen numerosos equívocos que suelen llevar a confundir este término con los de “encarnizamiento terapéutico” o “suicidio asistido”. “Hay mucha confusión”, apuntan expertos en bioética católicos, que prefieren el anonimato por los riesgos que acarrea pronunciarse, aún hoy, sobre estos temas dentro de la Iglesia católica.
El suicidio asistido y la eutanasia son diferentes. El primer caso se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso. El segundo caso es la acción realizada por un médico para causar la muerte directamente de una manera eficaz e indolora.
En el pasado, congregaciones como los hermanos de San Juan de Dios o los Camilos sufrieron persecuciones por evitar el sufrimiento excesivo o las medidas terapéuticas desproporcionadas de sus pacientes. “Cada caso, cada persona, es un mundo. En el Evangelio no hay respuestas para ello”, prosiguen los expertos.
Con todo, el Código de Derecho Canónico, no deja lugar para la duda. En su artículo 2277 afirma que “cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente reprobable”.
“Por lo tanto –prosigue el CDC–, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de proscribir y excluir siempre”.
Apoyo social
Los expertos consultados ponen varios ejemplos para señalar la “confusión en los términos” a la hora de hablar de eutanasia. Así, por ejemplo, el famoso caso de Ramón Sampedro fue “un suicidio asistido. Alguien le ayudó y él se suicidó”.
En cuanto a la italiana Eluana Englaro, quien pidió que se le retiraran las máquinas que la mantenían artificialmente con vida, se trató “del cumplimiento de unas voluntades que había reiterado con anterioridad” a través del testamento vital, un procedimiento aprobado, e incluso alentado, por la Iglesia.
El caso de la granadina Inmaculada Echeverría, cuya desconexión del respirador que la mantenía con vida se llevó a cabo en 2010 después de trasladar a la mujer desde u centro, gestionado por los hermanos de San Juan de Dios, a otro con profesionales de la sanidad pública. La moral y la religión entraron en juego y la orden decidió que no la desenchufaría de la máquina.
Según denuncian desde la Asociación para una Muerte Digna, desde 2009 el CIS no pregunta a los españoles sobre la eutanasia. Ese año el porcentaje de ciudadanos favorables a esta práctica superaba el 50%. Ante la pregunta de si España debería regularla, un 58,4% respondieron “con toda seguridad” y un 15,2% “creo que sí, pero no estoy totalmente seguro/a”. Sobre el suicidio médicamente asistido, el porcentaje fue inferior: Un 38,9% y un 13,8% respectivamente.
Según datos más recientes, el 84% de los españoles cree que un enfermo incurable debe tener derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para morir, tal y como puso de manifiesto una encuesta de Metroscopia de finales de febrero de este año. Acotando la muestra a la población católica, el 56% de los católicos practicantes se muestra a favor, una cifra que se incrementa sustancialmente entre los católicos poco practicantes (84%).
