Las organizaciones que luchan por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales están más que preocupadas, escandalizadas, porque en los últimos tiempos se están acercando a sus sedes personas con VIH o Sida y que se han encontrado con que por estar en situación irregular ya no tienen acceso a los tratamientos adecuados y que son los que les mantienen sanos y con vida. El tratamiento contra el VIH no sólo es carísimo, prácticamente imposible de comprar para las personas normales (más de 800 euros al mes), sino que ni siquiera se vende en las farmacias y sólo se distribuye a través de los hospitales.
Tener acceso a la medicación en un caso como este (en otras enfermedades crónicas también) supone para estas personas la diferencia entre la vida y la muerte, así de simple. Pero al PP no le ha temblado la mano a la hora de decidir que algunas personas que no tienen los papeles adecuados se mueran, así de crudo. Son personas a las que ya no se les está renovando la tarjeta sanitaria y a las que por tanto no se les proporciona la medicación. En un alarde de cinismo el Real Decreto que establece tales medidas se llama “RD de de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. A mí, este nombre me resulta literalmente vomitivo. Es tan cínico y tan insoportable como el “Arbeit macht Frei” (el trabajo os hace libres”) que figuraba en las puertas de algunos campos de concentración nazis. No exagero. El decreto “para mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones” deja sin ellas a personas que estarán abocadas a la enfermedad y a la muerte, así que no exagero. Y aunque un mes más o menos no suponga una gran diferencia, la Comunidad de Madrid se ha adelantado y no ha esperado ni siquiera al 31 de agosto que fija el decreto como día de entrada en vigor de las medidas que recoge. La Comunidad de Madrid tiene prisa en dejar sin medicación a todo el que la ley le permita; el gobierno de Esperanza Aguirre siente una alegría muy especial cuando recorta derechos básicos a los pobres. En cambio, otras comunidades, gobernadas por socialistas, han declarado que seguirán atendiendo a sin papeles. Por muy crítica que yo sea con el PSOE, hay que reconocer que al menos en crueldad, en humanidad básica, existe una diferencia sustancial entre este partido y la derecha. No minimicemos esta diferencia cuando hablamos de la vida o la muerte de personas.
No es sólo que la falta de acceso a la medicación puede suponer una condena a muerte para estas personas. Además, enseguida surgirá un mercado negro de pastillas que hará que otras personas vendan las suyas. Habrá personas que sí tengan acceso a esta medicación pero que por diferentes circunstancias decidan venderlas: por necesitar dinero para drogas, por tener graves problemas económicos nada raros en estos tiempos etc. y así, de esta manera se privarán también a sí mismos de la medicación necesaria. Esta medida tendrá consecuencias en la salud de todos. Las personas que no tengan acceso a la medicación no querrán, lógicamente, hacerse la prueba para comprobar si son o no son seropositivos. ¿Para qué iban a querer saberlo si después no podrán tratarse? Tampoco tomarán ninguna precaución y contribuirán a hacer que las tasas de infección por VIH sigan creciendo. El VIH seguirá creciendo y al final el coste en vidas (y en dinero) será mucho mayor además de situar a nuestro país en niveles de subdesarrollo en el tratamiento y prevención de una enfermedad como el VIH/Sida contra la que el mundo está empeñado. Estamos ante una medida injusta, estúpida, cruel, inhumana e inútil, además de cara. No sé cómo podemos permitir esto.
Beatriz Gimeno es escritora y expresidenta de la FELGT (Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales)
