«Negar a la Iglesia legitimidad para su expresión es inmoral», dice Marcelino Oreja
COMENTARIO: Nadie pretende quitar la libertad de expresión a los católicos. Y puestos a hablar de inmoralidades, lo imoral es querer imponer la moral católica a toda la ciudadanía; lo inmoral es mantener los privilegios de la iglesia católica en una sociedad plural; lo inmoral es recibir 11.000 millones de euroa al año del Estado “aconfesional”; lo inmoral es que se mantenga el pago por el Estado del culto y el clero; lo inmoral es que un obispo pueda inmatricular bienes a nombre de la iglesia,…
Coraje y rigor moral. Los políticos católicos tienen desde ayer esta reclamación de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Se contiene en el manifiesto del congreso Católicos y Vida Pública, celebrado este fin de semana bajo el título Un nuevo compromiso social y político. Del Concilio Vaticano II a la Nueva Evangelización. El cardenal Antonio María Rouco cerró el órdago con esta afirmación: “Las crisis nunca se resuelven contra Dios. Si alguien conoce de alguna crisis de la que se haya salido contra Dios, que lo diga”. Rouco clausuró el multitudinario congreso arropado por el presidente de la ACdP, Carlos Romero; el director general de la Fundación San Pablo CEU, Raúl Mayoral, y el director del congreso, Rafael Ortega.
El Vaticano II, hace 50 años, anunció una primavera para el catolicismo. No tienen esa impresión sus actuales dirigentes, que ven enemigos por doquier. Entre los pesimistas, sobresale Marcelino Oreja, que fue jefe de gabinete de Fernando María Castiella, el poderoso ministro de Exteriores de Franco, y él mismo responsable de esa cartera en los Gobiernos de Suárez.
Al servicio del Vaticano Oreja dibuja ahora un contexto muy pesimista. “Negar a la Iglesia legitimidad para su expresión es inmoral y antidemocrático”, dijo, dando por sentado que existe esa pretensión. Su relato de la transición desde el nacionalcatolicismo franquista (del que la jerarquía católica fue principal soporte, a cambio de incontables privilegios), al actual pluralismo religioso abrió el congreso. Oreja fue protagonista principal en las dos etapas, y el ministro que firmó en Roma, en 1976 y 1979, sucesivas renovaciones del siniestro Concordato de 1953. Ahora reconoce que los acuerdos, muy beneficiosos para Roma, se cerraron antes de la aprobación de la Constitución (diciembre de 1978), pero que se acordó retrasar la firma, por prudencia, a enero de 1979.
“Es de lo que mejor me acuerdo de mi vida política”, confiesa Oreja, “preocupado”, dice, de que su condición de propagandista católico pudiera interferir en sus obligaciones como ministro de Suárez. Miembro destacado de la ACdP desde hace 50 años, parecía responder a quienes tachan de preconstitucional lo concordado por él a la muerte de Franco y le acusan de haber estado más al servicio del Vaticano que de España.
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