Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, mantienen la filosofía del concordato reina Isabel II de Borbón de 1851 y el franquista de 1953, por cierto este último oficialmente no derogado, todavía, aunque muchos de sus apartados fueron sustituidos por los acuerdos de 1976 y de 1979.

En su día estos acuerdos constituyeron una engaño a la “a-confesionalidad” que, aunque de forma muy ambigua, establecía la Constitución monárquica de 1978.

Pasados 35 años, los privilegios adquiridos por la iglesia católica oficial, no solo no se han difuminado, sino que han aumentado considerablemente en lo tocante a lo económico y tributario, en la cuestión de la Enseñanza y los servicios sociales e, incluso, en lo simbólico, con la complicidad de las diferentes mayorías parlamentarias y gobiernos que ha habido hasta hoy. Además, estos gobiernos, en muchas ocasiones se han dejado “intimidar” por los obispos en cuestiones de moral religiosa o la comparten como le pasa al actual del PP.

Contrariamente a la postura confesional de los poderes públicos, la sociedad española está ampliamente secularizada, esencialmente los más jóvenes. Lo avalan decenas de estudios sociológicos. Se declaran “católicos practicantes” uno de cada cinco ciudadanos y entre los menores de 35 años la cifra es de uno a diez. Los agnósticos, indiferentes, escépticos, librepensadores y ateos se aproximan al 30% entre los menores de cincuenta años. Los practicantes activos de otras religiones no católicas no llegan al 5% aproximadamente y los que viven su espiritualidad deísta o de otras múltiples formas, al margen de las corporaciones religiosas oficiales, se acercan al 50% de toda la población.

En cuanto a los privilegios que mantiene la iglesia católica española, hay cifras muy concluyentes de un rechazo ciudadano mayoritario que incluye la anulación de los Acuerdos con la Santa Sede.

En un estudio reciente que ha ofrecido la Cadena SER (mayo 2013), sobre “política y partidos”. Nos indica que un  60% de los votantes de todos los partidos apoyan que se eliminen los privilegios de la iglesia católica, producto del Concordato. Sólo están de acuerdo con esos privilegios un 22% de la población consultada, mientras que un 18% no se manifestaba. Pero es muy importante el dato siguiente, entre los votantes del PSOE son más del 81% los que se pronuncian en contra de dichos privilegios y, por ejemplo, entre los votantes de IU alcanza el 88%.

*Estudio completo en:  http://cort.as/3tC2

Los enormes privilegios de la Iglesia católica romana en España también molestan a muchas personas que se sienten católicas, incluso a eclesiásticos de relieve y a algunos teólogos. Por ejemplo hace unos meses los denominados “Cristianos de base de Madrid” han enviado una carta al actual presidente de Gobierno en la que manifiestan que “la actual situación supone un  anacronismo difícil de entender”, En cuanto a la Enseñanza expresan: “La educación en la fe religiosa pertenece a otro lugar, y a otros protagonistas: los templos, las sinagogas, las mezquitas, etc. Si hoy pervive es porque los Acuerdos con la Santa Sede garantizan y blindan para la Iglesia ese dominio ideológico, de las conciencias. Asimismo, nos parece totalmente irregular que sea el Estado el que pague a los profesores de religión y sean los obispos los que los elijan y los puedan expulsar a su conveniencia, al margen de la normativa que rige para el resto del profesorado“.

También reclaman al Gobierno del presidente Rajoy medidas en el ámbito social y cultural. “Los Acuerdos son también contrarios a la lógica democrática, ya que consolidan la casi omnipresencia de la Iglesia católica en instituciones y espacios que no son los suyos: hospitales, ejércitos, ceremonias civiles, etc., sin olvidar su constante intento de injerencia en las políticas sociales así como en el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un poder de coacción moral incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución”.

En consecuencia, la misiva concluye reclamando del Estado “un marco jurídico nuevo que garantice el derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia moral, así como el compromiso por consolidar una ética pública basada en el respeto a los Derechos Humanos y a los principios y valores democráticos recogidos en la Constitución”. Añade que: “ninguna confesión religiosa ni cosmovisión alguna puede imponer sus códigos morales al conjunto de la sociedad, y que la libertad de conciencia es anterior y superior a la libertad de las organizaciones para difundir sus propias creencias y puntos de vista”

En el ámbito económico, este grupo de católicos de base sostiene: “que tanto el Acuerdo sobre Asuntos Económicos como diferentes normas legales posteriores atribuyen a la Iglesia católica unos derechos que implican subvenciones, exenciones fiscales y facultades de apropiación patrimonial “inexplicables en un Estado democrático”. Añaden: “Por el contrario, la Iglesia Católica, la mayor propietaria de bienes inmuebles en España, incumple su compromiso de autofinanciación, tal como reconoció en los citados Acuerdos, y continúa reclamando incrementos en las subvenciones estatales que, en estos momentos, superan ya los 10.000 millones de euros al año”.

Estamos ante una cuestión de voluntad política, no tiene nada que ver con lo aspectos jurídicos, como algunos políticos cínicos tratan de demostrar. Por ello Europa Laica, llevamos años (desde 2001 que se fundó) desarrollando Planes, Acciones y Campañas públicas, recogidas de firmas, denuncias, agitando y  tratando de generar un estado de opinión a favor del laicismo (como proceso político) y de la laicidad de las instituciones del Estado Español, respetuoso con todas las creencias (dentro de los cauces democráticos) con la intención de tratar de obligar a los políticos a:

• Cambiar la legislación fiscal actual (Que permite a la iglesia católica la exención de diversos impuestos entre ellos el del IBI;  es decir, la iglesia católica no está obligada a pagar el impuesto sobre bienes inmuebles; el resto de los ciudadanos sí)
• Cambiar la Ley hipotecaria y su reglamento vigente (Ésta ley permite la apropiación de bienes públicos por parte de la iglesia católica. Son las denominadas “Inmatriculaciones”)
• Cambiar la legislación tributaria que permite que, con una parte del impuesto de la Renta de los ciudadanos se financie el culto, el clero y el proselitismo religioso.
• Cambiar la legislación para que la religión salga de la escuela y para que no se financie, por parte del Estado, la enseñanza dogmática católica vía conciertos educativos (Además, muchos de éstos centros concertados, mantienen todavía la separación por sexo en las aulas).
• Cambiar la legislación para acabar con la confesionalidad simbólica de las instituciones del Estado, incluida la Jefatura del Estado monárquica, producto de un legado franquista.

La iglesia católica en España, en el aspecto económico y por deducciones tributarias recibe del Estado más de 11.000 millones de euros al año. Es absolutamente opaca e inmensamente rica.  En los últimos 10 años ha conseguido apropiarse, por el sistema de inmatriculaciones, más de 4.500 propiedades públicas, entre ellas la Mezquita de Córdoba, con la complicidad de los poderes públicos

*(Toda esta información más detallada se puede obtener en: www.laicismo.org)

Hace unos años Gonzalo Puente Ojea (que fuera embajador de España en el Vaticano en el primer gobierno del PSOE) denunciaba como el presidente Felipe González le dijo: “Con la iglesia no se discute”. Esta es la cultura que desde el “poder político” a lo largo de estos 35 años se ha ido transmitiendo, de forma injusta…

No ya por cuestiones de electoralismo (en un país de supuesta mayoría católica) o por temor a las “movidas de los obispos”… sino, fundamentalmente, porque una serie de lobbys han venido actuando, impunemente, dentro de los partidos, como defensores de los privilegios históricos de iglesia católica, unas veces han actuado a favor de la jerarquía y sus “caprichos morales” y en otras, como ocurre en la actualidad, apoyando a su “obra social” que actúa de “disolvente” de los múltiples “pecados capitales” que comete el poder eclesial.

Esos lobbys católicos han tenido y tienen rostro (son personas a título individual o grupos organizados) que desde la época de la transición y desde el comienzo de  la democracia han actuado desde dentro de todos los partidos, algunas de estas personas (y sus “hijos” políticos actuales) fueron fieles colaboradoras del franquismo y dieron el salto a la “democracia” en un “abrir y cerrar de ojos”, apareciendo (sobre todo desde 1976) afiliados a partidos de la derecha, del centro y de la izquierda, unas veces desde posiciones políticas demócrata-cristianas y, también, a través desde el sindicalismo católico (*)…

La permanente coartada que las diferentes mayorías parlamentarias (Los partidos PSOE y PP, junto a otros grupos menores y los nacionalistas PNV y CIU) para no variar esta situación son el mantenimiento de unos Acuerdos que los califican de internacionales. Pero estos Acuerdos son una ficción jurídica, pues no son considerados como tales por la  Convección de Viena de 1969 (art 3), El Vaticano en realidad no es un Estado, pero, sobre todo, porque vulneran gravemente diversos principios de la Constitución de 1978, por lo que en virtud de todo lo anterior son nulos de pleno derecho (Art. 93 a 96 de la misma).

Hasta que no se cambie todo esto por unas mayorías parlamentarias, la iglesia católica seguirá disfrutando de un papel preponderante en lo económico y en lo simbólico, que se afianza en épocas de crisis a través de la denominada “Obra Social”. Cuando los poderes públicos, además objetan de cumplir con su papel compensador de desigualdades y están obsesionados con privatizarlo todo, dejan en manos de la Iglesia Católica ingentes recursos públicos para que aquella ejerza su particular “Caridad Cristiana”; lo que lleva a concretarse en unas aportaciones económicas millonarias a las corporaciones asistenciales y educativas de la Iglesia Católica.

Esta situación privilegiada, humillante de la democracia, la aprovecha la iglesia católica oficial para presionar al poder civil con su moral particular, eliminando derechos y libertades, esencialmente la libertad de conciencia y de expresión, en suma cancelando la dignidad humana.

Esta espiral diabólica que nos envuelve y nos destroza el progreso, la equidad y la justicia, nace de la ideología “neocons”, que se propician desde el sector financiero pero, también, desde poderosas corporaciones religiosas, que -esencialmente- asumen y consideran a la religión (en especial a la iglesia católica y a las evangélicas más conservadoras) como instituciones que aportan determinadas ideologías excluyentes y segregacionistas en el marco político, económico, social, filosófico y científico-“pseudo” con el auge del creacionismo y los barreras al progreso de la ciencia biológica.  Se están afianzando… pero también corren el peligro de la autodestrucción…

Estamos convencidos de que el camino hacia el Estado Laico es la utopía de las utopías, pero no por ello deja de ser la más bella la lucha. Por ello y por lo que el siglo de las luces nos descubrió… y que tratamos de seguir en esa estrella que nos ilumina, de fraternidad, solidaridad y justicia dentro de la res-pública.

Por lo tanto, entre otras diversas y urgentes medidas, es necesario:

1-Anulación de los Acuerdos con la Santa Sede y,

 2-Debate en el Parlamento de una Ley de Libertad de Conciencia. 

(Europa Laica, desde 2009, viene proponiendo un  texto articulado: https://laicismo.org/data/docs/archivo_123.pdf)

*Francisco Delgado. En la actualidad, es Presidente de Europa Laica

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(*) Modelo sindical propiciado por la “Encíclica” Rerum Novarum  de León XIII con la finalidad de aminorar la fuerza revolucionaria del “sindicalismo de clase” de finales del siglo XIX. En España se constituyen como Círculos Obreros, Hermandades, Cooperativas, Cajas y Montepíos y ya en 1916 se constituye la Federación Nacional de Sindicatos Católicos Libres, posible paso previo a la fundación de la HOAC. Sindicato que fue fundado en 1946,

Las dos caras de la iglesia: La Iglesia Católica advirtió en pleno franquismo  un creciente descontento de las masas por lo que no podía dejar de tener en cuenta las consecuencias que sobrevendrían si su Jerarquía continuaba, en su conjunto, apoyando a la dictadura, máxime cuando algunas personalidades católicas, seglares y eclesiásticas, empezaban a diferenciarse del régimen adoptando actitudes críticas, con este paso pretendían sentar las bases de un movimiento católico de oposición que pudiera reclamar el derecho a desempeñar un papel dirigente en la vida política española, en caso de caída del franquismo.

Los militantes obreros cristianos de la “Hermandad Obrera de Acción Católica” pasaron a desempeñar un papel muy importante en la reconstrucción del movimiento obrero español y su colaboración fue decisiva, tanto en la fundación de la USO (una parte de la misma recaló en la UGT posteriormente) como en la formación de las primeras Comisiones Obreras (CCOO), junto a destacados comunistas y obreros independientes.

“La iglesia católica (oficial o no): Una triple vía de actuación y asentamiento en la democracia”: La iglesia católica en la transición se afianzaba en el espacio político más rancio a través de una mayoría de los obispos, cardenales, grupos de seglares como Comunión y Liberación, OPUS, etc. dentro de los partidos de centro derecha y apoyando a la incipiente monarquía heredera del franquismo. Otros, se refugiaba en un nacionalismo político separatista (País Vasco y Cataluña) y, la tercera vía, a través de la denominada Obra Social, de algunos demócrata-cristianos y del sindicalismo católico, de oposición al franquismo, recalaban en los partidos de izquierda.

La “inmatriculación” es una figura legal  que permite a la Iglesia Católica inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad  bienes que no estén inscritos con anterioridad, al amparo del art. 206 de la Ley Hipotecaria del 8 de febrero de 1946 y al Decreto Ley de José María Aznar de 1998, en el que se equiparaba a la Iglesia  Católica. Con las Corporaciones de Derecho Público, los municipios, las provincias y el Estado, equiparando a obispos o arzobispos con los funcionarios públicos a la hora de certificar que los bienes a” inmatricular” son de su propiedad.

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