Recuperando denuncia la “falta de compromiso” del Gobierno de coalición en la recuperación de miles de bienes de interés cultural
17 de julio de 2023. Ninguno de los cuatro partidos con opciones a gobernar España a partir del 23-J ha incluido en sus programas electorales referencia alguna al escándalo de las inmatriculaciones, que permitió a la Iglesia católica inscribir a su nombre más de 100.000 bienes, entre ellos monumentos de enorme valor cultural, plazas públicas, cementerios, fincas, ermitas, viviendas y hasta frontones.
De los programas del PSOE y Sumar ha desaparecido la cuestión de las inscripciones episcopales cuando en las elecciones anteriores habían ocupado un lugar destacado en las prioridades políticas del Gobierno de coalición. Hasta el presidente Pedro Sánchez hizo una mención inequívoca en su discurso de investidura al anunciar “reformas legislativas” para “revertir” las inmatriculaciones. Cuatro años después, ninguna iniciativa parlamentaria ha modificado ni un ápice de las disposiciones normativas al objeto de recuperar los miles de bienes apropiados por los obispos.
La única decisión que el Ejecutivo de Sánchez tomó en relación al escándalo de las inscripciones episcopales fue la entrega al Congreso de los Diputados del listado de bienes inmatriculados en cumplimiento de una petición parlamentaria formulada con anterioridad. En ese inventario, figuraban 34.000 bienes registrados entre 1998 y 2015, pero dejaban fuera varias decenas de miles inscritos desde 1946. La coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de asociaciones patrimonialistas, mostró entonces su satisfacción por un éxito sin paliativos del movimiento ciudadano, aunque lamentó que el Gobierno de coalición no tuvo la valentía de dar un paso firme en dirección a la recuperación de los bienes inmatriculados.
El listado gubernamental de bienes venía acompañado de un informe jurídico que admitía la “supuesta inconstitucionalidad” del artículo 206 de la Ley Hipotecaria pero no habilitaba ninguna fórmula legislativa para declarar la nulidad de las inscripciones y, en la práctica, se lavaba las manos en un asunto de Estado que exige una solución global, tal como ha solicitado Recuperando de forma reiterada.
Las asociaciones patrimonialistas lamentan la “pasividad” de la administración pública para resolver una cuestión de interés general y denuncian el “olvido” y la “falta de compromiso” de las dos fuerzas principales del Gobierno de coalición al borrar de sus programas electorales toda mención a las inmatriculaciones eclesiásticas.
Recuperando apuesta por una reforma legislativa que invalide por inconstitucionales todas las inscripciones episcopales realizadas al amparo de la mera autocertificación diocesana y una ley que clarifique qué bienes culturales son de dominio público y, por tanto, no pueden ser objeto de privatización alguna.
