Tiempos espesos, estos. Es insólito que los que defienden los privilegios de la iglesia católica heredados del franquismo lo hagan a gritos de libertad, libertad, en el Congreso.
Una democracia de ciudadanos libres e iguales forma a sus niños y adolescentes en la escuela pública. Es la misma para todos, como en Francia o Finlandia, independientemente del poder adquisitivo o el pedigrí de las familias. Es una escuela democrática, con libertad de cátedra y sujeción a un programa de estudios ilustrado y asentado en la universalidad del saber y el imperativo categórico. Es libre y plural porque hay pluralidad de docentes y pueden expresarse libremente dentro de los obvios márgenes que permite el currículo. Es plural porque son plurales los alumnos, que se agrupan sin distingos de clase o ideología, y sus familias. Es la escuela de todos y para todos, y de ningún modo un instrumento ideológico del partido en el gobierno.
Así que gritan libertad, libertad, y lo que dicen, en realidad, es miedo, miedo. Llevan días expandiendo el bulo de que, con la ley Celaá, las familias de la «clase media» van a perder el privilegio de mandar a sus niños a escuelas sin apenas inmigrantes, sin pobres que no pueden pagar las cuotas de actividades complementarias o que no consiguen pasar los filtros de admisión. Se sabe que a la mayoría de los padres que envían a sus hijos a colegios católicos subvencionados con fondos públicos lo que menos les importa es la línea ideológica de los centros; lo que buscan es un recurso para poner a salvo a sus hijos de la conflictividad asociada a una escuela pública que va quedando de reducto de la clase obrera depauperada y precarizada, precisamente por la política de segregación que implica el mantenimiento artificial e innecesario del sistema de conciertos. Libertad, libertad, y quieren decir que la política educativa debe defender los intereses del tercio social privilegiado.
La escuela pública no adoctrina, al contrario de la privada. Es un espacio sometido a la ley, con seguridad jurídica y sin privilegios, en el que los docentes deben atenerse a los contenidos curriculares, pero con verdadera libertad de cátedra. Hay docentes de derechas y de izquierdas, católicos, ateos, protestantes, musulmanes o budistas, somos un mosaico de hombres y mujeres cultos que consiguen que los conocimientos lleguen a los críos envueltos en todo tipo de papel de regalo. Pura pluralidad. Y rigor académico: no enseñamos nunca creacionismo ni otras pseudociencias. El sistema de oposiciones pone muy difícil una selección ideológica, y la rigidez del sistema funcionarial disuade las previsibles intenciones de algunos gobiernos de purgar o condicionar a los docentes. Es indignante que la derecha mediática presente a la escuela pública como una institución adoctrinadora según el gobierno de turno, como una RTVE cualquiera en manos del Partido Popular, para sostener a continuación que el reino de la libertad es el de los colegios en los que los profesores no son libres porque deben someterse a los dictados ideológicos de los dueños. Como viene siendo habitual, confunden la libertad de todos, ciudadana, que depende de las condiciones del espacio público, con la libertad de empresa, o mejor, de los empresarios, que se sustenta en el sometimiento de sus trabajadores.
En cualquier caso, el modelo privatizador no puede garantizar jamás una supuesta libertad de elección de los padres. Una cosa es garantizar a ciertos padres que van a poder tener un cole muy asequible, alimentado de dinero de todos, en el que sus hijos van a estar a salvo del contacto con los muy peligrosos hijos de los pobres, y otra muy distinta es el argumento con el que defienden este privilegio de facto. La subvención de escuelas privadas no sirve para tener un sistema «a la carta» en el que cada familia escoge los valores que se inculcarán a sus hijos. Eso es una falacia. La oferta privada concertada es a la fuerza reducida. ¿Vamos a tener en cada barrio, en cada pueblo, una escuela para cada familia? A saber: una escuela, por ejemplo, muy disciplinaria y con valores militares; otra pacifista y buenista; una escuela católica; otra, atea militante y ácrata; una escuela ecologista y vegana; una escuela más espiritual, cercana a los valores de la meditación trascendental, el budismo y todo eso; una escuela evangelista; otra de los testigos de Jehová; otra musulmana moderada; otra musulmana integrista; una escuela comunista republicana; otra más en plan estalinista… qué sé yo. Hay padres y madres para todos los gustos, y, según argumentan, en su reino de la libertad todos deberían tener el mismo derecho a elegir cómo se adoctrina a sus hijos, ¿no?
La realidad es que la inmensa mayoría de las escuelas concertadas son católicas, y para muchísimas familias mandar a sus hijos a una escuela ubicada en la otra punta de Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla es un lujo que no se pueden permitir. Si alguien quiere que sus hijos se eduquen en una escuela libertaria igual se tiene que trasladar a Mérida (Badajoz), para matricularlos en Paideia… Y se tendrían que vaciar los pueblos para escolarizar a los niños en el mercadillo educativo de las ciudades según el dudoso gusto de cada padre, porque ya me dirán cuántas escuelas caben en un pueblo. Libertad, libertad, y dicen, en realidad, privilegio, privilegio.
El otro día hablábamos una compañera y yo en el instituto sobre la complicada situación que tiene una de nuestras alumnas en su casa. Era un caso más de familia estropeada, porque las cosas, ahí fuera, son bien jodidas para casi cualquiera. En contraste, el instituto, para esa alumna, presenta un entorno razonable y protector, en el que no rigen las reglas despiadadas de una sociedad mercantilizada y sostenida en la precariedad. No es el imperio del padre o la madre, no es ninguna dictadura de nadie, el único imperio es el de las normas comunes. En el centro educativo público nos esforzamos por que sea verdad eso de la igualdad ante la ley y, también, eso de la seguridad jurídica, la libertad de pensamiento y expresión, y de enseñanza, el respeto mutuo y la no discriminación por razón de lo que sea. Para esa chica, recuerdo que decíamos, venir al IES es una bendición, por más que un puñado de adolescentes ultrahormonados se empeñen en integrarlo en su desmedido complejo de Edipo. «No saben lo que tienen», recuerdo que me decía la compañera, y creo que no solo se refería a los alumnos.
Lo cierto es que la enseñanza pública es un derecho de los menores. Son personas dependientes y, por tanto, sometidas a la ley paterna, a la loi de famille, como diría el gran Antoni Domènech en El eclipse de la fraternidad. La enseñanza pública rompe ese imperio arbitrario enraizado en la dependencia porque su objetivo es formar ciudadanos libres, incluso de las imposiciones de sus padres. La enseñanza pública es, pues, un derecho de los hijos, no de los padres, porque aquellos tienen derecho a acabar siendo lo que les dé la gana y no lo que sus progenitores hayan elegido para ellos. Es obvio y necesario que en el espacio privado sean mamá y papá los que llevan la batuta, pero es también una bendición para los críos que en los días lectivos abramos un paréntesis en esa dictadura para que ingresen en el mundo de la libertad ilustrada. Posiblemente la inmensa mayoría de las madres y padres sean muy sensatos (tanto, incluso, como para estar muy contentos precisamente con que sus hijos salgan por un rato cada día de su influencia), pero también hay padres y madres fanáticos religiosos o políticos, brutales, violentos, opresivos. ¿Tiene derecho un padre a privar de la teoría de la evolución a sus hijos? ¿O del teatro? ¿Tiene que ser la escuela una prolongación de la familia y sus valores, no tienen derecho los niños de una sociedad democrática de ciudadanos libres a estar expuestos y conocer la pluralidad de ideas que conforman el mundo social?
Pero tranquilos, la ley Celaá no va a acabar con los privilegios de la escuela concertada, ni mucho menos, solo con algunos de los excesos de desfachatez privatizadora de la ley Wert. Ni siquiera restaurará la sensata prohibición de subvencionar las enseñanzas no obligatoria vigente hasta los gobiernos de José María Aznar (y que luego Zapatero no restauró, por cierto). Seguiremos con la segregación de clase en la escuela sostenida con caudales públicos y seguirán llamado descaradamente a eso «libertad».
Javier Mestre. Profesor de Lengua Castellana y Literatura y escritor
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