La polémica sobre la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía continuará independientemente de lo que diga la semana que viene el Tribunal Supremo sobre si el legal o no objetar a esa materia
Hasta ahora, ha habido pronunciamientos a favor y en contra de la objeción de tribunales superiores de distintas comunidades. Los promotores del boicoteo ya han anunciado que recurrirán al Constitucional una eventual resolución en su contra.
Educación para la Ciudadanía imparte en un curso de primaria y otro de secundaria valores éticos y cívicos recogidos, entre otros, en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para sus detractores, persigue "adoctrinar" a los alumnos y aseguran que sólo la familia puede educar en valores.
El Foro Español de la Familia, la Fundación Universidad San Pablo CEU, Profesionales por la Ética y la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), principales precursores del boicoteo, esperan que el Supremo falle a su favor. El mismo deseo expresó la semana pasada el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad.
Medidas cautelares
Pero si el Supremo no les da la razón, aseguran las asociaciones, recurrirán al Constitucional y, en su caso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, pedirían en ese caso al Constitucional que permita no asistir a la materia a cualquier alumno que lo pida hasta que dicte sentencia. Eso mismo están permitiendo ya, apoyados en las sentencias que se han dictado hasta ahora, algunos Ejecutivos autonómicos gobernados por el PP, como los de Madrid y La Rioja.
El presidente de Concapa, Luis Carbonel, se quejó además de una "campaña orquestada por alguna asociación de padres y por el Gobierno para intentar infundir miedo y presionar al Supremo para que dicte una sentencia en contra de los objetores". Sin nombrarla, se refirió así a la carta que la asociación laica de padres de alumnos Ceapa mandó la semana pasada al presidente del Supremo, Carlos Dívar.
En ella, Ceapa le pide al tribunal una sentencia que "garantice que el Derecho a la Educación y el bien común estén por encima de posicionamientos particulares". En el texto, la asociación asegura que, si "se diera la razón a las posiciones que defienden que la materia aludida puede ser objetada por razonamientos basados en criterios personales y altamente subjetivos, ya estén ligados a creencias religiosas, ideológicas o de cualquier otra índole, se asestaría un golpe muy duro y peligroso al sistema educativo".
