La falta de transparencia de la institución dificulta averiguar el impacto económico del escándalo. Las diócesis de EE UU han optado por la bancarrota y procesos extrajudiciales, en Francia se plantean vender patrimonio y en Alemania se indemniza pese a que los casos estén prescritos
Las indemnizaciones a víctimas de pederastia son el elefante en la habitación que la Iglesia española sigue fingiendo que no ve: ni anuncia cuál es su plan de reparación ni se muestra preocupada por sus posibles efectos económicos. Tampoco da información sobre cuánto ha pagado en las últimas décadas, obligada por sentencias civiles o en acuerdos extrajudiciales con víctimas. Pero el tiempo para seguir ignorando la cuestión se agota. El camino señalado por las iglesias de Francia, Alemania y Estados Unidos —donde la diócesis de San Francisco se ha declarado en bancarrota para afrontar las indemnizaciones a las víctimas— inquieta a los obispos españoles. Sobre todo, en las diócesis con menos recursos, que piden una respuesta a la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre cómo sufragar las futuras reparaciones en sus territorios. En principio, las habrá: el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo debe entregar en unas semanas el informe de la auditoría sobre abusos sexuales que la CEE le encargó hace 18 meses. Entre las recomendaciones que le haga, figurarán las compensaciones económicas. No se sabe, sin embargo, las cuantías que propondrán los abogados ni qué procedimiento se establecerá para cobrarlas.
