El presidente de la Conferencia Episcopal anuncia que esta institución no participará en las pesquisas promovidas por Ángel Gabilondo para investigar la pederastia en las instituciones católicas
El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan José Omella, ha cerrado este mediodía la puerta a la participación de los obispos en la comisión antiabusos liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. “Colaboraremos en lo que nos pidan, pero no podemos ser juez y parte”, ha destacado el purpurado durante un encuentro con presidentes de grandes grupos de comunicación, a quienes presentó, junto a Luis Argüello, la memoria de actividades de la CEE.
Omella avanza de esta forma su posicionamiento poco antes de reunirse con Gabilondo. Cierra así una puerta que otras instituciones eclesiales, como la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y los jesuitas, han dejado abierta. De hecho, en la rueda de encuentros que Ángel Gabilondo está manteniendo con distintas instituciones y asociaciones de víctimas, casi todas le han confirmado que participarán y formarán parte, aunque los religiosos han preferido que su presencia sea discreta. “En petit comité”, han señalado fuentes cercanas a los encuentros.
Se espera que Gabilondo anuncie la composición de la comisión a finales de mayo. Muchas de las víctimas formarán parte de esta iniciativa, aunque otras, especialmente las catalanas, han mostrado su recelo, aunque no se han mostrado abiertos a contactos con los responsables de la comisión. Preguntado sobre esto, el portavoz Luis Argüello insistió en que los casos de abusos sexuales en la Iglesia forman parte de un problema de toda la sociedad. “Que solo miren a la Iglesia nos genera inquietud”, dijo. Al tiempo, que defendió que los obispos cambiaron sus protocolos ya en 2010.
Según los datos aportados por la Conferencia Episcopal, la Iglesia ha actuado en 502 casos de abusos, “la gran mayoría de hace más de 30 años”. El secretario general de los obispos dijo “agradecer la sensibilidad social” sobre este asunto, pero apeló a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la prescripción de los delitos. Y admitió “fallos de vigilancia” y “malas prácticas” en el pasado. Sobre la petición de apertura de todos los archivos de las diócesis a los investigadores, Argüello indicó que se hará sobre las personas afectadas, pero no de forma “indiscriminada”.
